El riesgo político pesa cada vez más sobre la economía española. El miedo de los inversores no radica tanto en la falta de gobierno como en la posibilidad de que se acabe conformando un ejecutivo contrario a las reformas ya justes que aún precisa España para salir de la crisis sobre bases sólidas.
Esa creciente incertidumbre, sumaba a las graves turbulencias financieras y bursátiles que ha registrado medio mundo en los últimos meses, amenaza con lastrar el crecimiento potencial del PIB y, por tanto, la creación de empleo.
El índice Baker, Bloom y Davis muestra que la incertidumbre política en España se ha disparado desde finales de 2015, coincidiendo con la celebración de las elecciones generales, situándose muy por encima de la media europea. En concreto, "de noviembre de 2015 a enero de 2016 el índice para España ha pasado de 104 a algo más de 276, lo que constituye un nivel de incertidumbre política incluso más alto que el registrado durante los peores momentos de la crisis financiera", tal y como explican los analistas de Fedea.
¿Cómo puede afectar esta situación a la economía española? Aunque las previsiones de crecimiento para 2016 se mantienen más o menos estables con un avance próximo al 2,8% interanual, según CaixaBank Research, esta buena marcha dependerá, en primer lugar, del mantenimiento del contexto internacional de tipos bajos, petróleo barato y depreciación del euro, y, en segundo término, del entorno económico internacional y la propia incertidumbre política.
Si la inquietud que generan las turbulencias financieras y la actual situación política en España se prolonga en el tiempo, "podría acabar teniendo un efecto negativo sobre la marcha de la economía", advierte dicho organismo. Y la razón de esta particular debilidad radica en que "la economía española sigue siendo muy vulnerable a los cambios de sentimiento de los inversores internacionales debido a su elevada posición deudora internacional y al desequilibrio todavía existente en las cuentas públicas", añade.
Déficit superior al 5%
En este sentido, cabe recordar que España sigue registrando uno de los déficit públicos más elevados de la zona euro. El Gobierno del PP ha incumplido todos y cada uno de los compromisos fijados por la Comisión Europea en esta materia. Según anunció el presidente del Ejecutivo en funciones, Mariano Rajoy, el agujero fiscal alcanzó el 4,5% del PIB en 2015, superando el límite del 4,2% acordado con Bruselas.
El problema, sin embargo, es que esta estimación inicial corre el riesgo de quedarse corta. Los datos disponibles avanzan un déficit próximo al 5% del PIB y, de hecho, podría incluso superar dicho umbral, según CaixaBank Research: "Si se mantiene la tendencia de ejercicios anteriores, el déficit de 2015 superará el 5%", alerta.
Y ello, a pesar de que el crecimiento del PIB en 2015 fue del 3,2%, mientras que la previsión con la que se elaboraron los Presupuestos era del 2%. Esto significa que el PP aprovechó la mejora de recaudación fiscal y el menor gasto en prestaciones en desempleo para aplicar medidas electoralistas de cara a las citas con las urnas, tanto a nivel autonómico como nacional, con el fin de ganar votos como, por ejemplo, el adelanto de la rebaja fiscal o la devolución del 25% de la paga extra suprimida a los funcionarios en 2012, entre otras prebendas y anuncios políticos, en lugar de reducir el déficit para cumplir el objetivo.
Deuda pública récord
Así pues, "el escaso ajuste del déficit pospone, un año más, la estabilización del nivel de deuda pública. Rozando ésta el 100% del PIB, es imprescindible que se aproveche el viento de cola para sanear las cuentas públicas y, así, poder adoptar una política fiscal contracíclica cuando el viento vuelva a soplar de cara", indican estos mismos analistas. Además, tal y como señala la Comisión Europea, "el alto nivel de deuda pública española es una de las principales fuentes de debilidad de su economía, sobre todo a medio plazo".
Es decir, España cuenta con un escaso margen de maniobra para afrontar nuevas tensiones financieras (aumento de la prima de riesgo y fuga de capitales), ya sea como consecuencia de un contexto internacional desfavorable, una creciente y prolongada incertidumbre política o una combinación de ambas.
España necesita confianza y credibilidad por parte de los inversores para poder financiarse en los mercados debido a su elevada deuda, pública y privada. Tan sólo en 2016, la economía española precisa refinanciar cerca de 400.000 millones de euros, equivalente a casi el 40% del PIB.
En concreto, las necesidades del sector público ascienden a 227.000 millones entre vencimientos de deuda y nuevas emisiones, mientras que las empresas deben refinanciar otros 170.000 millones. Más de la mitad de la deuda pública está en manos extranjeras, con lo que un clima de desconfianza podría desencadenar una nueva crisis de deuda, similar a la registrada en 2012.
Por el momento, la prima de riesgo se mantiene controlada gracias, en gran medida, a la intervención del Banco Central Europeo, pero en Grecia y Portugal la tensión se está desbocando de nuevo debido a la incapacidad de sus gobiernos para aplicar las reformas y ajustes que demandan sus acreedores, tanto públicos (troika) como privados (inversores). España podría correr el mismo destino si el futuro gobierno vuelve a las fracasadas recetas económicas del pasado.
Primeras señales de alerta
Pese a todo, el ritmo de crecimiento y de creación de empleo se mantienen, ya que el impacto de estos factores no es inmediato, pero sí se dejará notar a medio plazo en caso de que las dudas persistan. De hecho, se empiezan a observar ciertas señales de alerta a tener muy en cuenta.
El Indicador de la Confianza del Consumidor (ICC) que publica el CIS, y que es buen termómetro del consumo de los hogares, bajó a 99,1 puntos en enero, 8,3 puntos menos, debido al descenso tanto en la percepción de la situación actual como en las expectativas económicas. Por otro lado, la inversión extranjera directa ha caído un 80% interanual desde las elecciones municipales y autonómicas de mayo, según los datos del Banco de España. Incluso la compraventa de viviendas "perdieron fuelle" el pasado noviembre por la incertidumbre, según el último Flash inmobiliario del BBVA Research.
Por último, el aumento de la incertidumbre política acaba lastrando la actividad económica a medio plazo. Según las estimaciones preliminares elaboradas por Fedea, ese incremento "anticipa una ralentización en el crecimiento del PIB en el entorno del 0,4 a 0,7 puntos porcentuales en los próximos trimestres", mientras que podría destruir unos 126.000 empleos, aunque el impacto final dependerá de la intensidad y prolongación del actual ambiente político, así como de la particular evolución de la economía internacional.