Cuando en una empresa surge la idea de un nuevo producto o servicio, se realiza un "proyecto de inversión" para analizar si la misma es rentable o no. Se estiman la demanda, los costes, las nuevas contrataciones de personal y/o proveedores que haya que realizar, el precio de venta, etc.
El resultado final del proyecto de inversión es un único número: la rentabilidad anual del proyecto, expresada en porcentaje. Por ejemplo, 7%. Si ese resultado supera la rentabilidad mínima que cada empresa exige a sus inversiones, el proyecto puede pasar a fase de ejecución.
Introduzcamos ahora al gobierno y los impuestos en esta historia. Los impuestos son simplemente un coste, por lo que reducen la rentabilidad del proyecto. Una vez que se incluyen los impuestos en el proyecto de inversión, se abren dos alternativas. La primera es que la empresa pueda trasladar al precio de venta el coste de los impuestos. Eso le permitiría mantener la rentabilidad esperada del proyecto de inversión (estoy simplificando, pues el mayor precio reducirá la demanda esperada y también afectará negativamente la rentabilidad).
La segunda posibilidad es que la empresa no pueda trasladar el coste de los impuestos al precio de venta (por ejemplo, por tratarse de un mercado con mucha competencia). En ese caso, la rentabilidad esperada cae. Según cuál sea la magnitud de los impuestos, el proyecto de inversión podría no ejecutarse (es decir, cuando los impuestos reducen la rentabilidad del proyecto por debajo del mínimo que la empresa exige a sus inversiones).
Lo anterior nos deja una enseñanza muy clara: las empresas no son las que en última instancia pagan los impuestos, sino que éstos son pagados por los consumidores. Cuando el precio de venta es mayor del que sería sin impuestos, esto es evidente. Cuando los impuestos no pueden trasladarse al precio de venta, hay una parte de proyectos de inversión que no se ejecuta. En este caso, los consumidores "pagan" de múltiples formas. Por caso, tienen a su disposición menos productos y servicios de los que podrían tener, hay menos actividad económica y, por lo tanto, menos oportunidades laborales.
¿Qué consejo puede desprenderse de esto para quienes diseñan la política tributaria? Que lo más provechoso para el conjunto de la sociedad sería reducir los impuestos a las empresas lo máximo posible para maximizar la actividad y el empleo.
Eso no supondría una pérdida de recursos para el Estado. Incluso, podría ocurrir lo contrario: cuanto más bajos sean los impuestos a las empresas, más proyectos de inversión serían rentables, por lo que tenderían a crecer la actividad económica, el consumo, la inversión y el empleo. Así, la recaudación de IRPF, IVA y cotizaciones sociales también aumentaría. Además, téngase en cuenta que la recaudación del Impuesto sobre Sociedades solo supone en torno al 6% de los ingresos del conjunto de Administraciones Públicas.
Admito que reducir los impuestos a las empresas es algo que enfrenta múltiples obstáculos y que por eso debería hacerse de manera gradual. Pero si se comprende que la carga impositiva recae en última instancia en los ciudadanos, se debe comprender también que el sistema tributario es ahora más complejo y difícil de administrar de lo que podría ser. Y que además somete a la sociedad a un nivel de actividad económica y empleo menores de los que se podrían alcanzar.
En todo caso, lo primero que se podría pedir a los dirigentes políticos es que no empeoren la actual situación. Es decir, que no tomen decisiones que vayan en contra del buen sentido y de los intereses generales de la sociedad.
Para decirlo más claramente: aumentar los impuestos a las empresas es lo contrario de lo que necesitamos si queremos más inversión productiva, más empleo y mayor competitividad. Con el agravante de que si se obliga a pagar más impuestos a las empresas, los que sufrirán las consecuencias serán los ciudadanos, que es a quienes supuestamente se intenta beneficiar.
Diego Barceló Larran es director de Barceló & asociados(@diebarcelo)