Las cúpulas de UGT y CCOO serán las grandes triunfadoras si Pedro Sánchez cumple su promesa y deroga la reforma laboral que el PP aprobó en 2012. Al menos, si lo hace siguiendo los parámetros apuntados en el programa que el líder del PSOE ha llevado a las mesas de negociación con Ciudadanos y Podemos. Habría otros aspectos de la ley de Fátima Báñez que saldrían mejor parados, pero en todo lo que tiene que ver con la posición de loa dirigentes de las centrales sindicales, el texto original que los socialistas han presentado es inequívoco. Volvemos al diseño previo a 2010. Ahora la duda es lo que los posibles socios de coalición le permitirán a Sánchez.
Hay que recordar que en este tema de la reforma laboral nunca ha estado muy claro qué pedía el PSOE. Sánchez arrancó la campaña prometiendo derogarla, pero luego se desdijo en parte e insinuó que sólo se tocarían algunas partes. Al final, la presión interna en el partido le obligó a volver a su posición inicial: no salvará nada de la ley del PP.
Y luego está la pregunta de qué quiere decir con derogar la reforma. Porque se puede cambiar formalmente la ley pero manteniendo su espíritu. Al fin y al cabo, en Bruselas están encantados con la norma y, si acaso, quieren avanzar más en la dirección que maraca.
Pero el programa que Sánchez lleva a las negociaciones, parece bastante claro. En modalidades de contratación, coste del despido, políticas activas o fomento del empleo no se intuye un corte radical con lo realizado en la pasada legislatura. De hecho, si acaso las propuestas se podrían calificar de continuistas. Y por cierto, en estas cuestiones se intuye que el acuerdo con Ciudadanos sería sencillo.
Pero en lo que tiene que ver con la flexibilidad interna de las empresas y la posición de los sindicatos en la negociación colectiva, la cosa parece que va en serio. Sánchez promete acabar con los avances que planteó Báñez y que tantos elogios han generado en las instituciones internacionales. Por un lado, es una apuesta clara de cara a su base electoral más clásica, la que se ha mantenido en el PSOE y no ha caído en los cantos de sirena de Podemos: clase media, con empleo y mayores de 40 años. Es el perfil clásico de los socialistas y también del sindicalista español tradicional. Este planteamiento tampoco es una novedad. Desde hace décadas, el mercado laboral español está diseñado para proteger a los insiders (trabajadores con contrato fijo) incluso aunque eso suponga la expulsión o la falta de oportunidades para los que intentan acceder por primera vez a un empleo.
Además, hay que tener en cuenta que a Sánchez no le vendría nada bien un enfrentamiento con las centrales. Con un enemigo tan fuerte luchando por la hegemonía de la izquierda, una foto sonriente con Toxo y Méndez puede ser muy valorada (y al contrario, una guerra abierta con los sindicatos puede pesar mucho en una organización como el PSOE). El problema es que esos cambios en flexibilidad y negociación colectiva no serán tan fáciles de acordar con Ciudadanos, aunque sí con Podemos, que tiene como objetivo derogar las reformas de 2010 y 2012 de PSOE y PP y volver al marco normativo previo.
Al final, mientras no haya una coalición clara de Gobierno, todo son especulaciones. Pero con lo dicho por unos y otros y, sobre todo, con el documento del PSOE sobre la mesa, sí hay una serie de conclusiones que pueden sacarse.
Fin de la flexibilidad interna
Eliminación del procedimiento actual que permite al empresario de forma unilateral la modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter individual y colectivo.
Supresión en los 'descuelgues' de los convenios colectivos del arbitraje obligatorio de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.
Ésta es la parte más clara del documento del PSOE. La reforma laboral de 2012 abrió la puerta (artículo 41.1 del Estatuto de los Trabajadores) a que las empresas cambiaran las condiciones de trabajo de los empleados que estuvieran por encima de convenio; dejando a estos la posibilidad, si no estaban de acuerdo con el cambio, de acogerse a rescisión del contrato con indemnización de 20 días por año trabajado. Entre esas condiciones sujetas a cambios estaban la jornada, el horario o las condiciones laborales. Además, se completaba con la modificación del 82.3 que permitía el "descuelgue de los convenios colectivos de ámbito superior" cuando "de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa", en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas durante tres trimestres.
El objetivo de los dos artículos era abrir para las empresas vías alternativas al despido. O por decirlo de otra manera: que si a una empresa se le cae el 20% de la facturación, pueda decretar una reducción de jornada para el 100% su plantilla en vez de despedir al 20% (que normalmente serían los que tienen un contrato temporal). El Gobierno del PP cree que ésta es la clave que permitió a partir de comienzos de 2013 crear empleo incluso con tasas de crecimiento cercanas al 0% y que ha evitado cientos de cierres y despidos. Ciudadanos y Garicano parecen cercanos a este planteamiento. Pero el PSOE está decidido a cargárselo… si le dejan. Además, al contrario de otros cambios planteados por Sánchez, en este no hay alternativa. Sólo se promete derogar la norma de 2012, pero no se intuye un sustituto o algún punto intermedio entre lo que había vigente en 2010 y lo que hay ahora.
El triunfo de UGT y CCOO
Supresión de la prioridad absoluta del convenio de empresa sobre los convenios de ámbito superior (…)
Mantenimiento de la ultraactividad de los convenios durante el periodo de renegociación y establecimiento de un periodo máximo (12-18 meses) a partir del cual y previo acuerdo interconfederal se remitirían las discrepancias a un procedimiento arbitral.
Fortalecimiento del papel de las organizaciones sindicales en la negociación colectiva de empresa.
Lo explicado en el anterior epígrafe (terminar con la flexibilidad interna de las empresas y los descuelgues de los convenios) favorecerá a UGT y CCOO porque dará más poder a los convenios de ámbito superior. Y en la misma línea van las tres propuestas de este epígrafe. La idea es que las ejecutivas y las organizaciones sectoriales de los sindicatos ganen poder frente a sus propios comités de empresas y los sindicatos menos representativos.
La reforma del PP intentó acercar la negociación colectiva al mercado laboral, haciendo que tuviera prioridad lo acordado entre el comité de cada empresa y su empresario. Es lo habitual en muchos países del norte de Europa y permite más flexibilidad. Si una empresa no quiere que se le apliquen determinadas cláusulas de los convenios de sector o regionales, puede intentar descolgarse y llegar a un acuerdo diferente con sus trabajadores. La lógica es que las compañías no se vean atadas a condiciones que pueden servir de forma general en el sector pero que en su caso individual les perjudiquen.
El problema es que esta flexibilidad se consigue a costa de quitar poder a las ejecutivas de las centrales. Por eso, se convirtió en uno de los caballos de batalla de la izquierda política desde el principio. En su opinión, la negociación colectiva debe hacerse entre los grandes (patronal y sindicatos más representativos de cada sector), eliminando de la ecuación a los empresarios individuales, comités de empresa y sindicatos poco representativos en un sector pero mayoritarios en una empresa determinada.
De nuevo, estamos ante una cláusula que parece complicado que Ciudadanos apoye. Hay un matiz en el documento del PSOE, cuando apunta que la preferencia por el convenio de empresa "se mantendrá cuando no exista pacto en contrario en convenios sectoriales de ámbito superior". Por aquí podría colarse una de esas excepciones que, en la práctica, supongan la inaplicación de la medida principal (si en ningún convenio superior se pacta en contrario explícitamente, seguirá teniendo preferencia el convenio de empresa). Pero al final dependerá de cómo se redacte la ley.
Despido, coste y causa
Recuperar la proporcionalidad y la razonabilidad de las causas en los despidos colectivos, desvirtuados completamente en la reforma laboral de 2012. La legislación laboral reconocerá expresamente que el despido debe ser la última medida aplicada por las empresas para superar las situaciones económicas adversas.
En las reformas de PSOE y PP de 2010 y 2012 lo más comentado fue el cambio en el coste del despido. Hubo dos modificaciones: el despido improcedente pasaba de 45 a 33 días y una mayor concreción en las causas económicas que permiten el despido objetivo (el de 20 días por año trabajado). En ambos casos, el PSOE dio el primer paso y el PP completó el proceso.
Ahora, el PSOE amaga con dar marcha atrás, pero sin que quede muy claro cómo lo hará. En lo que tiene que ver con el abaratamiento de los improcedentes, de 45 a 33, parece que no habrá marcha atrás. El documento no dice nada y el propio Pedro Sánchez declaró en una entrevista durante la pre-campaña: "Quien diga que quiere subir la indemnización por despido a 45 días está mintiendo".
Pero desde el principio lo más importante en los costes de despido no fue eso, sino la modificación en lo que hacía referencia a las causas de despido objetivo. Antes de la reforma de 2012, en España era prácticamente imposible para una empresa alegar estas causas. El articulado de la ley era ambiguo y los tribunales daban la razón por sistema al trabajador. El problema era doble: por un lado, el empresario que pensaba despedir con un coste de 20 días por año se encontraba ahora con una factura de 45 días. Y casi peor era la inseguridad jurídica que generaba y la posibilidad de verse enfangado en un juicio durante años. Por eso, despedían por improcedente y se quitaban de problemas.
Ahora el PSOE promete "recuperar la proporcionalidad y la razonabilidad de las causas" para que el despido sea "la última medida". Suena a antiguo. A situación pre-2010 y pre-2012. Básicamente, lo que hizo la reforma fue aclarar el tema en el artículo 51 del ET: "Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior".
Es decir, ahora mismo tres trimestres de caída de ingresos habilitan para despedir a 20 días y no hace falta más justificación. Pero el PSOE quiere dar marcha atrás y apunta a recuperar la causalidad. Antes de la reforma, para despedir por causas económicas no sólo había que demostrar que la situación de la empresa era negativa, sino que la extinción del contrato (ya fuera individual o colectivo) iba a servir para resolver esos problemas. Parece claro que era casi imposible demostrar eso, por lo que el precepto era inútil en la práctica. Nadie despedía a 20 días y los empresarios preferían pagar el improcedente (45 días) y evitarse costes legales, salarios de tramitación, problemas con los sindicatos, etc.
Evidentemente, esto tenía una segunda derivada. Si despedir a un trabajador con contrato indefinido implicaba todo este lío y este enorme coste, firmar un contrato fijo a alguien también tenía que ser una decisión muy meditada. Nadie quería atarse las manos. Ahora el PSOE apunta a volver a aquel esquema. De nuevo, parece una medida alejada del planteamiento original de Ciudadanos y su contrato único con indemnización creciente.
Dualidad
Reducir a tres las modalidades de contrato de trabajo: un contrato de trabajo indefinido para la cobertura de puestos de trabajo estables; un contrato de trabajo temporal para la cobertura de puestos de trabajo temporales; y un contrato de relevo y para la formación.
Habrá quien piense que la solución a la dualidad podría venir de "prohibir" o "dificultar" la contratación temporal. El PSOE apunta en esta dirección con su promesa de "reducir a tres las modalidades de contrato": indefinido, temporal y relevo. Su receta es prohibir la sucesión de los contratos temporales durante más de un año (ampliable a dos en negociación colectiva) y dar más poder a la inspección de Trabajo para que investigue a las empresas que cubren puestos fijos con estos contratos.
El problema es que esto no se diferencia demasiado de lo que ya está vigente. El PP redujo a cinco las modalidades de contratación y no ha cambiado casi nada en lo que tiene que ver con el peso de la dualidad, entre otras cosas porque fue una cuestión más cosmética que real, porque en realidad sólo se simplificó el formulario, sin tocar el fondo del asunto.
Pero además, el PSOE, más allá de reformar la inspección, no ofrece ningún cambio respecto de lo que ya hay más allá de subir las cotizaciones sociales a los contratos temporales, algo que ya se ha hecho anteriormente sin resultados apreciables. La dualidad en España parte del hecho de que los empresarios no quieren hacer contratos fijos por miedo a las consecuencias (especialmente las que hemos visto antes, de verse atrapados con una plantilla sobredimensionada si cambia la coyuntura). La contra-reforma de Sánchez no sólo no afecta a esta cuestión sino que si acaso la empeora; como ya hemos visto, la propuesta pide encarecer el coste del despido y judicializar los despidos por causas económicas.
Para cerrar el círculo, el PSOE promete subvenciones para la contratación de los colectivos más vulnerables y cambios en políticas activas de empleo. En ninguno de estos dos campos hay cambios sustanciales respecto a la actualidad. Las subvenciones se han utilizado mucho en la última década en España, con pocos resultados. Los estudios sobre el tema apuntan a que es una medida no demasiado eficaz para crear empleo neto: las empresas cambian un contrato por otro subvencionado, pero no generan uno nuevo. Y que sus efectos se diluyen incluso para el colectivo beneficiado en el momento en que el que termina el período de la subvención.
En políticas activas sí llama más la atención lo que promete el PSOE. No tanto por su novedad, como porque mantiene la propuesta de "colaboración público-privada" y promete un esquema basado en "resultados" y más abierto a la competencia. Esto no es muy diferente a lo que se ha aprobado en los últimos dos años. Parece que al menos en esta cuestión, no habrá tantos cambios con el modelo que deja Báñez.