El 1 de enero de 2002 entró en vigor el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, un polémico gravamen que ha sido conocido como "céntimo sanitario". El tramo estatal ascendía a 2,4 céntimos por litro, mientras que las Comunidades Autónomas que optaron por aprobar un tramo propio podían llegar a cobrar 4,8 céntimos por litro.
Entre 2002 y 2008, la Comisión Europea estudió este tributo ante las numerosas quejas presentadas por empresas y contribuyentes españoles. Tras seis años de espera, el Ejecutivo comunitario declaró ilegal el "céntimo sanitario", pero los gobernantes españoles hicieron caso omiso y siguieron aplicando este gravamen durante años.
En 2014 llegó la esperada sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que certificó la ilegalidad de este impuesto y ordenó también su devolución a los contribuyentes afectados, en su mayoría empresarios y trabajadores del sector transportista. El pronunciamiento de la Justicia comunitaria fue ratificado por una sentencia del Tribunal Supremo que salió a la luz el pasado 26 de enero de 2016 y dio la razón a quienes reclamaban la devolución.
Una devolución muy limitada
A lo largo de los años de aplicación del "céntimo sanitario", la Hacienda nacional y autonómica consiguió ingresos por valor de 13.000 millones de euros. Sin embargo, las devoluciones aprobadas hasta ahora se han limitado a reconocer 2.000 millones de euros, a lo que se suman otros 1.000 millones derivados de la sentencia del TS.
En total, hablamos de una devolución que no llega al 25% y que apenas supone 3.000 millones, menos de la cuarta parte de los 13.000 millones que consiguió recaudar a Hacienda con este polémico tributo que ya ha pasado a la historia.