Dos son los indicadores que, por encima de otros factores, demuestran de forma fehaciente que la manida austeridad pública es uno de los mitos más extendidos en España.
En primer lugar, el déficit público, cuya cuantía rozará el 5% del PIB a cierre de 2015, según los últimos datos disponibles, lo cual equivale a un agujero fiscal próximo a 50.000 millones de euros, liderando así el desequilibrio presupuestario de la zona euro. Y, en segundo término, el empleo público, ya que el gasto en personal concentra el grueso de las partidas estatales.
En cuanto a este segundo punto, la última Encuesta de Población Activa (EPA) indica que España acumuló un total de 3.000.700 empleados públicos en 2015, tras crecer en más de 73.000 personas a lo largo del último año, lo que supone un avance del 2,5% interanual. Se trata del mayor incremento de la pasada la pasada legislatura, coincidiendo, casualmente, con el período de elecciones autonómicas y generales.
La clave, sin embargo, es que si se amplía la perspectiva temporal, se observa que, hoy por hoy, el sector público emplea a más personal que en el pico de la burbuja inmobiliaria. A cierre de 2007, después del estallido de la crisis subprime en EEUU, el número de empleados públicos ascendía a 2.969.500, unos 31.200 menos que en la actualidad.
Es decir, a pesar de la profunda y larga crisis económica que ha sufrido el país, el personal al servicio del sector público ha crecido un 1%, con él coste añadido que ello supone en materia de gasto público y carga fiscal para el conjunto de los contribuyentes.
En este sentido, cabe recordar que los famosos "recortes" de empleo público no se aplicaron respecto a las sobredimensionadas plantillas que registraba España durante los años de artificial e insostenible burbuja crediticia, sino que tan sólo se limitaron a anular la contratación descontrolada que tuvo lugar tras el estallido de la crisis financiera internacional.
Así, durante la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, el Gobierno del PSOE propició un incremento del empleo público próximo a 337.000 personas entre finales de 2007 y el tercer trimestre de 2011, hasta superar los 3,3 millones de efectivos en total. Lejos de aplicar un mínimo criterio de austeridad para controlar el déficit, el PSOE aumentó el personal de la Administración Pública en más de un 11% en plena crisis, hasta registrar un nuevo récord histórico.
Posteriormente, tras la llegada al poder del PP, el Gobierno de Mariano Rajoy logró reducir el empleo público hasta los 2,91 millones de efectivos en el tercer trimestre de 2013, unos 397.000 menos, equivalente a un descenso del 12% respecto al récord registrado por Zapatero.
Pero, a partir de ese momento, la plantilla del sector público no ha dejado de crecer, especialmente en 2015. Tras contratar a casi 100.000 personas en los dos últimos años, la Administración emplea hoy a más personal que en el pico de la burbuja, cuando la recaudación fiscal crecía a tasas históricas sin necesidad de subir impuestos.
El empleo privado, la otra cara de la moneda
El dato es todavía más llamativo si se tiene cuenta que España ha sufrido la mayor destrucción de empleo de su historia reciente a lo largo de los último años. Desde el cierre de 2007, el número de ocupados ha caído en más de 2,6 millones de personas, de modo que la crisis se ha llevado por delante el 12,7% de los puestos de trabajo.
Sin embargo, la destrucción de empleo acumulada durante la crisis se concentra exclusivamente en el sector privado, tras la desaparición de 2,65 millones de ocupados, equivalente al 15% del trabajo en el sector privado, mientras que el público ha crecido en 31.200 efectivos, un 1% más desde el cierre de 2007.
De hecho, en términos relativos (si se compara con el tamaño del mercado laboral), el incremento es todavía mayor, ya que, en la actualidad, el sector público representa el 16,6% del empleo total frente al 14,3% que registraba en 2007, lo cual significa que el peso del empleo público en el mercado de trabajo ha subido un 16,1% durante la crisis.
