Una profesora jubilada ha sido sancionada por Hacienda con 23.000 euros por colaborar dando clases de manualidades en la Universidad Popular de Ossa de Montiel (Albacete), por lo que cobraba 91 euros al mes.
El director de la Universidad Popular de Ossa de Montiel (Albacete), Francisco Alfaro, quien ha sostenido que las clases eran impartidas de manera "legal", ha explicado a Efe que en 2009, el centro educativo le pidió "un favor a una maestra jubilada, que cobraba una pensión, para que diera unas clases de manualidades en la Universidad Popular".
Ha detallado que entonces expusieron su caso en Hacienda "porque siempre se ha querido hacer todo legal". Hacienda dijo que "no había ningún problema, ya que eran dos horas a la semana y cobraba entre 50 y 91 euros al mes", según la versión de Alfaro.
Así, ha aseverado que "en ningún momento, durante los dos cursos que impartió esta profesora jubilada, la universidad pensó que pudiera haber el más mínimo problema", del mismo modo que "tampoco desde Economía y Hacienda se dijo nada".
"Nuestra intención era hacer las cosas dentro de la más absoluta legalidad. De hecho ella siempre declaró esos ingresos y nunca se le reclamó nada", ha expuesto.
Pero ha indicado que cuatro años después, le llegó una sanción de Hacienda de 23.000 euros y ha lamentado que para hacer frente a esta suma debe desprenderse de "sus ahorros de toda la vida".
Ha lamentado que, si bien "a primera vista, esto parecía una simple equivocación, porque no cabe dentro de la racionalidad que algo así pueda suceder", lo cierto es que, a día de hoy, la sanción "es firme" y ahora la afectada "debe pagar 636 euros al mes, al haber fraccionado la sanción, hasta que pague los 23.000 euros".
Ha explicado que ha denunciado la sanción en los medios de comunicación "por la impotencia" y porque "esos cursos los dio como un favor para el Ayuntamiento y para su pueblo".
"En esos momentos no había ninguna otra persona que lo pudiera hacer", ha esgrimido Alfaro.
"Nunca hubo el más mínimo afán de lucro, en los dos cursos en que estuvo contratada no cobraría más de 1.100 euros y ahora debe pagar el disparate de 23.000 euros", ha concluido.