El bloqueo institucional en el que ha caído Cataluña parece abocar a la región a una nueva cita con las urnas que podría estar marcada por la irrupción de una candidatura de extrema izquierda liderada por la hoy alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
Esta posibilidad ha sembrado el pánico entre los círculos empresariales de la región. Si la agenda separatista ha coincidido con la salida de miles de compañías que han trasladado su sede a otras regiones españolas, la entrada en juego de fuerzas anticapitalistas puede complicar más aún el marco en el que se mueve el sector privado.
Si se concretase la Operación Colau, estaríamos ante una coalición conformada por diversas plataformas: Barcelona en Comú, Esquerra Unida i Alternativa, Equo, ICV y la filial catalana de Podemos. Este pacto ya se ensayó con éxito en las pasadas Generales: la lista de "En Comú Podem" rozó el 25% de los votos, superando holgadamente a la segunda formación más votada (ERC), que no llegó al 16% de los sufragios.
"Una alternativa al modelo neoliberal"
Desde el punto de vista económico, el programa económico de esta alianza política gira en torno a la idea de articular "una alternativa al modelo neoliberal":
"Para superar las crisis a las que nos han conducido las políticas neoliberales, hace falta otra política económica con nuevas prioridades y nuevos ejes de actuación para posibilitar la superación de los problemas sociales y ambientales, a partir de un cambio del modelo productivo que favorezca el crecimiento de aquello que debe crecer y el decrecimiento de aquello que se debe reducir o eliminar. Hay alternativa al modelo neoliberal que nos tratan de imponer, basado en el aumento del PIB sin generar empleo ni bienestar social e incrementando las desigualdades"
Los de Colau enarbolan sin tapujos la bandera del decrecimiento, bajo el planteamiento de que "la economía debe estar en equilibrio con el planeta". En esta línea iría el "fomento del uso ante la posesión, de la venta de servicios y no de productos", un punto basado en "implantar las cuatro R: reutilizar, reducir, reciclar y recuperar".
El nuevo modelo económico que defiende En Comú pasaría también por la "definición y el cálculo de nuevos indicadores complementarios al PIB, para medir el bienestar social, la calidad de vida y la buena salud medioambiental con criterios de sostenibilidad".
"Auditoría ciudadana de la deuda"
Para Ada Colau y sus grupos aliados, "hay que afrontar la deuda de forma integral, para lo que proponemos el impulso de una auditoría ciudadana de la deuda que cuente con participación ciudadana (...) y valore si una parte de la deuda se puede considerar ilegítima".
En esta línea iría también el proyecto de convocar "una Conferencia Europea de la Deuda en que participarían todos los actores públicos implicados a nivel estatal, europeo e internacional, con el objetivo de encontrar una solución negociada y adaptada en cada país que pueda incluir una reducción y/o reestructuración de la deuda, los plazos y los intereses de la deuda y la introducción de "cláusulas de crecimiento" para el reembolso de la deuda".
Otros aspectos que también defiende En Comú incluyen la "supresión del artículo 135 de la Constitución Española", "revisar los objetivos de déficit", "establecer un techo y un suelo en los intereses de la deuda pública" o "jerarquizar el pago a deudores para discriminar en función de la localización y la naturaleza, de manera que aquellos que tengan su sede en paraísos fiscales o estén inmersos en pleitos legales por motivos tributarios obtengan la peor ratio de prioridad".
"Nuevo modelo financiero"
El programa de En Comú entiende que "hay que impulsar un nuevo modelo financiero que tenga como prioridad el interés social frente a los beneficios privados de los accionistas". Para ello, promulga las siguientes medidas:
- "Constituir una banca pública para dar una orientación del crédito según las necesidades sociales".
- "Recuperar el papel de las cajas de ahorro limitando la actividad a un ámbito de proximidad y asegurando una gestión democrática y ciudadana y controles también democráticos".
- "Prohibir en la bolsa aquellas prácticas que ya se sabe que son nocivas (venta a crédito, compra a crédito, etc.) y de las inventadas recientemente, como los productos derivados y los sintéticos".
- "Establecer tasas que graven fuertemente las operaciones sin periodo de maduración y especialmente las relacionadas con el mercado intradía en la bolsa".
El programa de En Comú carga las tintas en la importancia de fomentar la "banca pública". Al respecto, la coalición denuncia que "durante muchos años se ha hecho creer que este modelo es inherentemente ineficiente, a pesar de que la crisis financiera ha demostrado la falsedad de esta premisa".
Según En Comú, "la creación de una banca pública constituye un instrumento de poder en manos del Estado, que permite superar la presión de los mercados financieros privados sobre la economía nacional e impulsar políticas de carácter social y estratégico".
El nuevo marco financiero y monetario se traduciría, por ejemplo, en la "utilización del tipo de interés de forma progresiva", lo que supondría que los costes financieros serían mayores o menores dependiendo del criterio fijado para cada supuesto desde la esfera política.
Por otro lado, la banca pública también queda ligada a otros dos puntos: el primero, "acceder directamente a las líneas de crédito del BCE, a un tipo de interés preferente"; el segundo, "movilizar suficientes recursos financieros para recuperar el control de los sectores estratégicos de la economía".
Un Estado cada vez más grande
La plataforma que lidera Ada Colau defiende la necesidad de "avanzar hacia unos servicios públicos más fuertes y universales". Para ello, propone "establecer por ley que no se pueda reducir el importe anual del gasto en ningún nivel de la administración", es decir, imposibilitar por ley cualquier recorte en cualquier capítulo presupuestario.
También quiere En Comú "aprobar una ley estatal básica de convergencia con la media de la UE-15 en los niveles de gasto en servicios sociales, educación, salud y dependencia". De facto, esto supondría elevar el gasto público al 50% del PIB, de acuerdo con las estadísticas presupuestarias de los quince países más ricos de la Unión Europea.
Otro objetivo de la coalición es el de la "reapropiación pública de sectores estratégicos como el agua, el gas o la electricidad. En algunos casos, como en la energía, esto implica crear un operador público potente que recupere la propiedad pública de la red eléctrica y actúe atendiendo a las necesidades e intereses sociales. En otros casos, la propiedad y la gestión no podrán caer en manos de intereses lucrativos, como en el caso del apoyo a la remunicipalización del agua. Estos procesos se tienen que llevar a cabo mediante el diálogo social y garantizando la continuidad de las plantillas y el reconocimiento de los derechos laborales adquiridos".
Pero, además de la agenda de nacionalización prevista para estos sectores, también se plantea que la operativa de las nuevas compañías gestoras esté delegada en parte al "tejido social y ciudadano, para que los agentes sociales y las empresas de la economía social y colaborativa incorporen las necesidades de la mayoría de la ciudadanía en las decisiones sobre su gestión".