El pasado mes de octubre el Ayuntamiento de Madrid sorprendía a todos al anunciar que iba a romper con las agencias de calificación que evalúan la deuda de la capital. Las famosas Standard & Poor's y Fitch tenían un contrato con el consistorio madrileño que finaliza mañana jueves.
Hoy Carmena cumple con lo anunciado y vía comunicado confirma que no renueva con las agencias de rating. "El Ayuntamiento de Madrid no va a renovar los contratos que mantenía hasta ahora con las agencias de calificación Standard & Poor’s y Fitch, cuyos contratos vencen mañana, 31 de diciembre", han informado.
Los dos convenios se suscribieron por primera vez en el año 2002 y hasta ahora, se renovaban anualmente.
La excusa del Ayuntamiento de Madrid para romper con Standard & Poor's y Fitch es que no tiene previsto endeudarse más y que va a pagar los gastos con recursos propios. "El Gobierno no tiene intención de emitir deuda y mantiene como eje fundamental financiar las políticas públicas de gasto con recursos propios sin necesidad de contraer nuevos créditos", aseguran.
Pero lo que sí dicen en el Ayuntamiento que quieren hacer es ahorrar "en partidas que no benefician directamente a la ciudadanía". Hay que recordar que ambos contratos supusieron en 2015 un coste para el consistorio de la capital de poco más de 100.000 euros (Fitch cobra 50.469,12 euros y S&P ingresa 56.481,55).
"La rendición de cuentas que no tiene que pasar necesariamente por el pago a entidades privadas encargadas de emitir valoraciones objetivas y neutrales de los países, empresas y administraciones que analizan", dice también el comunicado.
Fitch planta a Carmena
El pasado mes de noviembre, Standard & Poors se reunía con los representantes del Ayuntamiento de Madrid en el marco de la reunión anual que se establece en el contrato. Fitch no quiso acudir a la cita y "anuló el encuentro anual que había concertado", explicaron desde el consistorio.
Las prioridades políticas, la estrategia presupuestaria y fiscal y el grado de cumplimiento de los objetivos, fueron las cuestiones que estaban en la agenda del encuentro, junto a preguntas relativas a los presupuestos, al alcance de la auditoría de la deuda o al grado de amortización de la misma.
Tras dos horas de reunión, los miembros del Ayuntamiento salieron muy descontentos de la cita. Desde el consistorio madrileño se mostraron "sorprendidos" ante algunas cuestiones planteadas por los representantes de Standard & Poors, que "parecían alejadas de los planteamientos objetivos de una calificación".
Esta es la segunda vez que el Consistorio acusa a la agencia de rating de hacer "preguntas absurdas", declaración que Sánchez Mato realizó en septiembre tras una conversación telefónica con responsables de la empresa.
En la última reunión, el gobierno de Ahora Madrid reprochó que S&P se hubiera interesado por "hasta qué punto hacen caso omiso de informes técnicos si no les gustan".
El coste de romper con las agencias
Dejando a un lado lo aventurado que puede resultar afirmar que el Ayuntamiento no va a necesitar endeudarse más para afrontar sus gastos futuros, el consistorio de Manuela Carmena no debería olvidar que actualmente cuenta con 1.100 millones de deuda en circulación. Muchos de esos títulos están en manos de fondos de inversión que tendrán que deshacerse de ellos al no poder operar con deuda sin calificar. También, es probable que otros inversores no quieran poseer deuda que no esté valorada por una entidad independiente.
Otro ejemplo son los préstamos que le ha otorgado el Banco de Europeo de Inversiones a Madrid con condiciones muy ventajosas y que podrían ver aumentado su coste debido a que los contratos se firmaron supeditados a la calificación que le habían aplicado estas agencias a la deuda de Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid reconoce que "las calificaciones de agencias privadas son, por lo general, un requisito a la hora de recibir créditos y, en ocasiones, para negociar las condiciones de pago de los mismos".
Aunque el actual Gobierno municipal de Madrid "no tiene intención de contraer más créditos", debería tener en cuenta que el coste de los que ya tiene contraídos va a superar con creces los 100.000 euros que paga al año por la evaluación de las agencias. Desde el Partido Popular, aseguran que ese sobrecoste de deuda va a ascender a 70 millones.