La única conclusión que se puede sacar en claro del particular debate a cuatro que tuvo lugar el pasado lunes entre PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos es que ninguno de los partidos con opción de gobierno tiene intención de recortar el gasto público, más bien al contrario, o, cuando menos, reformar el caro, ineficiente e insostenible "Estado del Bienestar" español.
Todos los representantes políticos prometen, en mayor o menor medida, aumentar el gasto y mantener el actual modelo de servicios públicos, así que ya puede ir borrando de su mente las tan cacareadas rebajas de impuestos de unos y otros, ya que seguirá pagando lo mismo o más que ahora.
La clave del debate político, por tanto, radica en saber cuánto paga el español medio a Hacienda y, sobre todo, qué recibe a cambio. Una vez que tenga estas cifras básicas en la cabeza podrá valorar con un mínimo criterio si lo que le ofrece el Estado vale tanto la pena como los políticos pretenden hacerle creer o más bien se trata de un robo a mano armada del que usted aún no se ha percatado.
En primer lugar, convendría recordar que, a diferencia de lo que se aduce habitualmente, las rentas más altas soportan en España uno de los tipos marginales sobre IRPF más elevados del mundo desarrollado (52% en 2014), tan sólo superado por Suecia, Dinamarca y Francia. De hecho, los "ricos" españoles ni son tantos ni son tan ricos en comparación con otros países de nuestro entorno, pero, aún así, aportan una parte muy sustancial del impuesto sobre la renta.
En concreto, el conjunto de rentas altas (más de 60.000 euros brutos al año) y muy altas (más de 600.000 euros), siendo apenas el 3,12% de los contribuyentes (613.754), pagan el 32,4% de la recaudación por IRPF, casi 22.000 millones de euros, un tercio del total. Es decir, su peso en este impuesto equivale a la aportación que realiza casi la mitad de los trabajadores de clase media (5,35 millones de declarantes)… Y luego dicen que pagan poco.
Pero vayamos al contribuyente medio. ¿Cuántos impuestos soporta el español de a pie? Hacienda se come, aproximadamente, la mitad de lo que gana entre IRPF, cotizaciones a la Seguridad Social, IVA, Impuestos Especiales y el resto de principales tributos. Así pues, los españoles trabajan la mitad del año para el Estado, unos 182 días (hasta el 1 de julio), según el Día de la Liberación Fiscal 2015 elaborado por el think tank Civismo.
Quédese con el siguiente dato: el sueldo real de un trabajador medio en España asciende a un total de 31.696 euros al año (esto es lo que le cuesta a la empresa), pero sólo ingresa limpios 19.577 euros; el resto (12.119 euros) se lo embolsa la Seguridad Social (8.845) y el IRPF (3.274). Dicho de otro modo, un asalariado que cobre 1.631 euros netos al mes (en 12 pagas) gana, en realidad, 2.641 euros, ya que el Estado se queda unos 1.000 euros al mes (38,2%) entre cotizaciones (730) e IRPF (270 euros). Pare un momento y piense en todo lo que podría hacer si ingresase en su cuenta bancaria 1.000 euros extra al mes.
Tenga en cuenta, además, que esos 12.119 euros al año es lo que corresponde a la fiscalidad sobre el trabajo. A ello hay que sumar el pago de IVA (2.164 euros al año), Impuestos Especiales (995,5) y otros tributos (476 euros), de modo que la factura total del Estado asciende a 15.754 euros al año (1.313 al mes), casi la mitad de lo que gana un trabajador medio. Medido en tiempo, de los 182 días que trabaja para Hacienda, 102 jornadas irían destinadas al pago de cotizaciones sociales, 38 a IRPF, 25 a sufragar el IVA, otros 11,5 a Impuestos Especiales y 5,5 a otros tributos.
Asimismo, el sueldo más común en España ronda los 1.129 euros netos al mes (siempre en 12 pagas), pero su sueldo real se sitúa en 1.678 euros, de modo que tan sólo la fiscalidad sobre el trabajo equivale a 549 euros mensuales (32,7%); mientras que el salario mediano (el que divide al número de trabajadores en dos partes iguales) asciende a 1.337 euros limpios y a 2.089 brutos, de modo que Hacienda retiene 752 euros al mes (35,9% del sueldo real)… Y así sucesivamente, tal y como detalla el siguiente cuadro.
Y esta mordida es aún más odiosa si se compara con el esfuerzo fiscal que realizan otros trabajadores europeos, ya que, si bien es cierto que el español medio paga casi el 40% de lo que gana en cotizaciones e IRPF, un nivel ligeramente inferior al de Finlandia o Suecia, el sueldo medio en estos dos países es entre un 50% y un 70% superior, de modo que disponen de una mayor renta disponible.
España sufre una fiscalidad sobre el trabajo equiparable a la de los países nórdicos, pero con sueldos mucho más bajos. Igualmente, Dinamarca, Luxemburgo, Noruega o Irlanda son países que, con niveles de renta media también superiores a la española, gravan las rentas del trabajo a unos tipos impositivos más reducidos, entre el 28% y el 38%, respectivamente.
En resumen, la inmensa mayoría de trabajadores españoles abona entre 550 y 1.000 euros al mes tan sólo en el pago de impuestos sobre el trabajo (algo más de 1.300 si se suman indirectos), llegando a soportar una fiscalidad en este ámbito similar al de los tan cacareados países nórdicos. Y ahora, con esta factura en la mano, piense qué le ofrece el Estado a cambio. Los políticos de todos los partidos coinciden en alabar el modelo de bienestar vigente sin cuestionar siquiera su elevado coste y, aún menos, su baja calidad e ineficiente funcionamiento.
No en vano, la Educación Pública deja mucho que desear, ya que España se sitúa a la cola de los países ricos en los informes PISA sobre rendimiento escolar. Además, el sistema educativo nacional se sitúa en el número 26 de los 30 países de la OCDE en los ranking de eficiencia educativa debido, entre otros factores, a que cuenta con "más profesores de los necesarios con salarios excesivos".
En cuanto a salud, la calidad de la Sanidad pública española es superior a la de Italia, Irlanda, Grecia y la mayoría de países del este, pero está muy alejada de los estándares que registran los países del centro y el norte de Europa. Holanda posee el mejor sistema sanitario de la UE, pero su modelo combina financiación pública y prestación privada de servicios, ya que el Estado asegura la cobertura sanitaria, pero son las empresas del sector las que compiten por atraer a los clientes/contribuyentes. Ningún partido en España se atreve a plantear un debate similar.
Y lo mismo sucede con las pensiones, la tercera gran pata del Estado del Bienestar. El modelo de reparto vigente está en peligro de extinción en Europa y su mantenimiento garantizará un peor nivel de vida a los futuros jubilados, pero los políticos patrios prefieren ocultar la realidad al conjunto de la población. El caso de las pensiones públicas es especialmente sangrante si se tiene en cuenta que la capitalización de las mismas (invertir las cotizaciones en Bolsa a muy largo plazo) otorgaría al contribuyente medio una jubilación de 3.500 euros al mes -descontada la inflación- tras 30 años de trabajo y de 7.500 tras 40, o bien un retiro temprano a los 45 años con una renta mensual superior a los 2.000 euros.
Calibren ustedes mismos si les compensa o no semejante expolio fiscal: trabajar medio año para el Estado a cambio de una educación mediocre, un servicio sanitario francamente mejorable y unas pensiones muy inferiores al nivel salarial que disfrutarán al término de su vida activa. Valore el coste y el beneficio de las promesas electorales, pero, al menos, no permita que los políticos le sigan engañando y robando a sus espaldas mientras, al mismo tiempo, le piden que "sonría".