Comienza la campaña electoral y, por tanto, el habitual reguero de promesas y compromisos por parte de los partidos políticos para tratar de ganar votos con el fin de alcanzar el poder. Sin embargo, las engañosas bajadas de impuestos y los insostenibles aumentos de gasto que anuncian unos y otros son meras anécdotas en comparación con el gran engaño que pergeñado sobre las pensiones públicas, cuya cuantía ronda el 30% del gasto público total en España y equivale a más del 10% del PIB. Es, de lejos, la mayor partida presupuestaria que maneja el Estado y también la más sensible a nivel electoral, ya que afecta a cerca de diez millones de pensionistas -y votantes-.
No es de extrañar, por tanto, que todos los políticos nieguen la existencia de problema alguno sobre su sostenibilidad financiera o que, incluso, en una aberrante demostración de demagogia, se lancen a anunciar subidas imposibles y promesas ridículas. Todo vale con tal de rascar unos votos, aún a costa de mentir y engañar descaradamente a la inmensa mayoría de españoles. La triste, pero cierta, realidad es que el actual modelo de reparto está condenado al desastre. No es una opinión, es un hecho empíricamente comprobable. Si no se cambia, el sistema vigente condenará a los futuros jubilados a pensiones cada vez más bajas y a una edad de retiro cada vez mayor.
A diferencia de lo que suelen aducir el Gobierno y los partidos de la oposición, las pensiones públicas, tal y como están concebidas, fueron, son y serán insostenibles. No por casualidad, el modelo ha sido reformado en numerosas ocasiones a lo largo de los últimos 30 años mediante sucesivos parches con el único fin de prolongar en el tiempo su inevitable extinción. Todos y cada uno de estos cambios, desde elevar la edad de jubilación hasta exigir un mayor número de años cotizados para acceder al modelo contributivo, se han traducido en una máxima muy simple y clara: los españoles cada vez tienen que trabajar más años y pagar mayores cotizaciones sociales para, a cambio, recibir una prestación menor. Es decir, lejos de estar garantizadas, la Seguridad Social ha sufrido numerosas quiebras parciales -incumplimiento de compromisos- durante los últimos años... Y sufrirá más en el futuro.
No en vano, PP y PSOE ya han avanzado que su intención es pagar con nuevos impuestos una parte de las pensiones que, hoy por hoy, se sufragan con la recaudación de cotizaciones; Ciudadanos, por su parte, ha optado por ponerse de perfil en este espinoso e impopular asunto; mientras que Podemos sigue anclado en su ruinosa utopía, con promesas económicamente inviables como restablecer la edad de jubilación a los 65 años y volver a indexar las prestaciones al IPC.
Así pues, nadie se atreve a decir la verdad a los españoles. A saber, que el actual modelo es una estafa, un fraude piramidal que garantizará a los futuros jubilados pensiones cada vez más bajas, de modo que su nivel de vida durante su etapa de retiro caerá de forma muy sustancial con respecto a su último sueldo, tal y como alertan desde hace años todos los organismos y expertos en la materia. Que los principales partidos no afronten con sinceridad y coherencia este problema, abogando por un cambio de modelo hacia sistemas mixtos o de capitalización, tal y como ya ha sucedido en la mayoría de países europeos, no solo da buena cuenta del escaso o nulo calibre moral de los políticos españoles, sino de su profunda falta de respecto hacia el conjunto de la ciudadanía, sobre todo si se tiene en cuenta que algunos de los que tanto se vanaglorian del actual modelo poseen un abultado patrimonio inmobiliario y accionarial con el que compensar las míseras pensiones públicas que imponen obligatoriamente al resto de la población.