Los países nórdicos se han convertido en los principales referentes de los políticos españoles. Todos quieren ser Dinamarca, Suecia o Finlandia. En parte es comprensible: por un lado, sus altísimos impuestos y sus voluminosos Estados de Bienestar constituyen un poderoso reclamo para la izquierda; por otro, sus mercados relativamente más flexibles que en el resto de Europa resultan atractivos para aquellas formaciones con alguna querencia liberal.
Sin embargo, la información que recibimos sobre los nórdicos se halla en su mayoría tremendamente distorsionada. Parecería que nos encontráramos ante un paraíso donde el maná cayera del cielo apenas multiplicando el tamaño del Estado. A la postre, sus cifras sobre gasto social (sanidad, discapacidad, jubilación, ayuda familiar, desempleo, vivienda y reinserción) parecen de otro mundo: mientras que España destina a estas partidas el 25,9% de su PIB, Suecia canaliza el 30,5%, Finlandia el 31,2% y Dinamarca el 34,6%. Es decir, si trasladáramos tales porcentajes a España, el gasto social crecería entre 45.000 y 90.000 millones de euros. Ahí es nada.
Pero estas tan cacareadas cifras son tramposas. En primer lugar, porque no salen gratis: los ciudadanos de los países nórdicos pagan muchos más impuestos que los españoles, especialmente de carácter indirecto. Para que nos hagamos una idea: mientras que en España el tipo impositivo medio que abonamos sobre el gasto en consumo (IVA y Especiales) asciende al 14%, en Finlandia se eleva al 26,4%, en Suecia al 26,5% y en Dinamarca al 30,9%. Es decir, para equipararnos fiscalmente con los países nórdicos deberíamos duplicar el tipo impositivo medio sobre el consumo (eliminar los tipos reducidos y superreducidos del IVA, subir muy sustancialmente el tipo general, crear muchos nuevos impuestos especiales e incrementar los ya existentes). ¿Pagar más para recibir más? Los habrá que aceptarán encantados, pero otros preferirán gestionar su propio dinero en lugar de que lo haga Montoro: simplemente, dejemos elegir.
Mas la principal trampa que esconden las cifras de gasto social de los países nórdicos no es ésta, sino la de ocultar que se trata de cifras brutas. ¿A qué me refiero con que son cifras brutas de gasto social? Pues a que en los países nórdicos la gran mayoría de estas ayudas sociales están sometidas a tributación directa (IRPF y cotizaciones sociales) y copagos diversos de un modo mucho más gravoso que en España: mientras que en nuestro país el Gobierno recupera en impuestos directos y copagos el 5% de las ayudas sociales que entrega, en los países nórdicos recobra entre el 10 y el 16%. De ahí que las estadísticas no sean directamente comparables; un ejemplo: si el Gobierno español incrementa las pensiones medias de 1.000 a 1.500 euros mensuales pero, al mismo tiempo, aprueba una subida media de impuestos a los pensiones equivalente a 500 euros al mes, el gasto público en pensiones crecerá un 50%, pero las prestaciones reales que recibirán los pensionistas serán exactamente las mismas.
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Pues bien, si corregimos el monto de gasto social bruto de los Estados europeos con los impuestos directos a que se lo somete, comprobaremos que las diferencias ya no son tan apreciables: mientras que en España el gasto social neto equivale al 24,1% del PIB, en Suecia es del 26,35%, en Finlandia del 27,27% y en Dinamarca del 27,81%: Es decir, de una diferencia equivalente a entre 45.000 y 90.000 millones de euros pasamos a una más estrecha, de entre 25.000 y 40.000 millones. Sí, el gasto social en los países nórdicos es mayor que en España, pero no muchísimo mayor; y, además, esa diferencia se debe a que también pagan impuestos mucho más elevados que nosotros.
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De hecho, y aunque Eurostat no efectúa estos cálculos, si dedujéramos de las transferencias sociales no sólo los impuestos directos y los copagos, sino los impuestos sobre el consumo, entonces las diferencias se volverían prácticamente inexistentes. Por ejemplo, si suponemos que quienes reciben el gasto social en forma de transferencias dinerarias consumen dos tercios de las mismas y, en consecuencia, soportan los elevados tipos impositivos sobre el consumo antes reseñados, las transferencias sociales netas de impuestos directos, impuestos sobre el consumo y copagos se reducirían en los países nórdicos hasta el 23-23,5% del PIB... frente al 22% español.
Siendo tan nimias las diferencias en materia de gasto social entre España y los nórdicos, ¿por qué aparentemente son tan enormes? Por dos motivos esenciales. El primero es que los países nórdicos son mucho más ricos que España: la renta per cápita de los nórdicos es entre un 25% y un 38% superior a la española, de modo que ellos gastan casi el mismo porcentaje que nosotros pero sobre una base mucho mayor.
El segundo es la distribución de ese gasto social: mientras que los nórdicos apenas dirigen entre el 1 y el 1,5% del PIB a prestaciones por desempleo (una prestación social que, en un mundo ideal, donde quien quisiera trabajar tuviera un empleo, sería cero), España –debido a su disfuncional mercado de trabajo– ha de destinar alrededor del 3%. Eso significa que los nórdicos también pueden concentrar muchos más recursos a las únicas dos partidas en las que verdaderamente nos diferenciamos de ellos: prestaciones por discapacidad y ayuda familiar (en el resto gastamos aproximadamente el mismo porcentaje, incluso antes de computar la influencia de los impuestos sobre el consumo). Mientras que España gasta combinadamente en estas dos partidas el 3,2% de su PIB, los nórdicos destinan entre el 6,5% y el 7,2%.
Ésas, y no otras, son las diferencias entre España y los nórdicos: a) las prestaciones sociales de los países nórdicos están sometidas a muchos más impuestos que en España, de modo que las diferencias después de impuestos apenas equivalen al 1,5% del PIB; b) la distribución del gasto social es distinta (en España pesa más el desempleo; en los nórdicos la ayuda familiar); c) la cuantía absoluta de las prestaciones es mayor en los nórdicos debido a que su renta per cápita también es mayor.
Por consiguiente, multiplicar los impuestos no hará que nos parezcamos a los nórdicos, salvo por el hecho de castigar con muchos más tributos a pensionistas y jubilados. Si quisiéramos parecernos a los nórdicos deberíamos, en esencia, reducir nuestra tasa de desempleo (para así poder dirigir el menor gasto en prestaciones a la ayuda familiar) e incrementar nuestra renta per cápita (para abonar ayudas superiores en términos absolutos). Y para lograr ambos fenómenos necesitamos liberalizar la economía, empezando por el mercado laboral; algo que, por cierto, los países nórdicos ya han hecho en gran medida.
Ahora bien, no olvidemos que no existe ninguna imperiosa necesidad de parecernos a los países nórdicos. Prosperidad y cohesión no es igual a gasto e impuestos mayores que en España. Si en lugar de Suecia nos fijamos en Suiza, comprobaremos que su gasto social asciende al 21,5% del PIB, casi tres puntos menos que España. Y su renta per cápita no es un 38% superior a la nuestra –como sucede con los nórdicos–, sino un 75%. Ese es el verdadero modelo que imitar.