El Gobierno mueve ficha y responde al desafío separatista en el plano económico. Por orden de Mariano Rajoy, el Ministerio de Hacienda va a imponer a partir de ahora unas "condiciones especiales" a la Generalidad como consecuencia de "la situación de riesgo" que se vive en Cataluña. No sólo se vigilarán las partidas del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) destinadas a la comunidad sino, también, sus presupuestos a fin de que no se destinen "a veleidades independentistas", en palabras de Cristóbal Montoro.
La decisión se tomó en la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, que presidió este viernes Rajoy antes del Consejo de Ministros. El Gobierno anunció que los 3.034 millones de euros de excedente del FLA –de un total de 7.889,17- que recibirá Cataluña estarán condicionados a que se empleen en exclusiva a sufragar servicios públicos esenciales, por ejemplo el pago a farmacias.
Si bien, más allá de controlar las partidas estatales, la Moncloa pondrá por primera vez el foco de atención en los presupuestos de la Generalidad. En concreto, el interventor del Gobierno autonómico deberá dar cuenta mensualmente de la ejecución del gasto al Ministerio de Hacienda "dejando constancia de que no contraviene al ordenamiento jurídico".
Éstas son las medidas recogidas en el informe de Hacienda remitido a los medios de comunicación:
- El FLA pagará exclusivamente servicios públicos fundamentales. Se desembolsará por tramos, en función del cumplimiento de condicionalidad.
- Conexión telemática de la Generalidad con FACE -el Punto General de Entrada de Facturas de la Administración General del Estado- para la trazabilidad de facturas.
- Un interventor deberá emitir un certificado mensual de la ejecución de todo el presupuesto, dejando constancia de que los gastos no contravienen el ordenamiento jurídico.
- Las operaciones de endeudamiento se aprobarán operación por operación.
Según Montoro, el nuevo pliego de requisitos no supone "la intervención" de las cuentas de la Generalidad, pero recalcó que "no es admisible que nadie dedique un euro a algo que no tenga amparo legal ni constitucional". Y de ahí que, a partir de ahora, la vigilancia vaya a ser más exhaustiva. El Gobierno catalán, afirmó el ministro, no tendrá "margen".
En la comparecencia pública, junto al ministro, Soraya Sáenz de Santamaría dio más razones para imponer un mayor control a la Generalidad: la rebaja de su nota por parte de las agencias calificadoras, el incumplimiento de determinadas obligaciones de información, los 1.300 millones que la Generalidad no declaró en el déficit y las propias declaraciones de representantes regionales sobre "el riesgo de impago, entre otros proveedores, a las farmacias".
Al ministro de Hacienda se le preguntó en concreto qué hará la Moncloa en caso de que la Generalidad incumpla los nuevos requisitos, pero no quiso contemplar públicamente dicho escenario. "La condicionalidad es obligatoria y estamos convencidos de que se van a sujetar a ella", enfatizó. Además, negó con vehemencia que "ni uno" de los 52.000 millones de euros que ha recibido Cataluña del Estado esta legislatura hayan ido "a financiar" el independentismo. "Que quede claro. Todos estos mecanismos de financiación están ya controlados. Hoy hemos aumentado de manera especial para Cataluña esa condicionalidad para añadir garantías adicionales", defendió Montoro.