Si el Ayuntamiento de Madrid abandonase su empeño en reducir el tráfico privado y apostase por renovar la flota de autobuses de la Empresa Municipal de Transporte, las emisiones de óxidos de nitrógeno de la capital española registradas en la M-30 se reducirían un 17%.
Así lo atestigua un informe elaborado por el propio consistorio que sigue disponible en la página web municipal. El documento en cuestión fue elaborado por los técnicos de la Dirección General de Calidad, Control y Evaluación Ambiental.
Un descenso de este calado en las emisiones sería tan significativo que la posibilidad de aplicar restricciones al tráfico quedaría virtualmente eliminada. Se trataría, por tanto, de una medida capaz de cambiar de manera estructural el nivel de emisiones contaminantes que se registran en la Villa y Corte.
En comparación, las medidas que anunció la semana pasada el gobierno de Manuela Carmena apenas lograron reducir las emisiones totales de la ciudad entre un 0,5% y un 1%. Peor aún, esta minúscula caída fue solamente puntual.
¿Cuál sería el coste?
Según el Consorcio de Transportes madrileño, por las calles de la ciudad circulan 1.092 autobuses que funcionan con biodiesel. El coste de renovar la flota para introducir vehículos de gas natural ascendería a 327 millones de euros, partiendo de un coste de 300.000 euros por cada unidad.
¿Puede asumir el consistorio esta cantidad? No parece nada descabellado promover una apuesta así: cada año, el Ayuntamiento maneja alrededor de 4.500 millones de euros, por lo que hablamos de lograr un cambio estructural desde el punto de vista medioambiental a cambio de un desembolso que se quedaría en el 7% de un presupuesto anual. Si el pago se fraccionase a lo largo de cuatro años, el coste se quedaría en el 1,75% de cada ejercicio.