Uber ha presentado un documento en el que propone una "regulación única" para el sector del transporte en España en la que "no existan limitaciones en el acceso a la actividad" y basada en un modelo de conductores con licencias VTC. Esta nueva regulación "podría adaptarse con éxito al contexto español y ayudar a mejorar la movilidad en las ciudades e incrementar el empleo en el corto plazo", señala Uber en el documento.
A través de esta propuesta, la compañía "se compromete a trabajar junto al Gobierno y otros agentes para actualizar la regulación de transporte que regula las licencias de vehículos con conductor (VTC)", ya que, en opinión de la compañía, "la regulación española es una de las más restrictivas de Europa" al permitir una licencia VTC por cada treinta de taxi y exigir que todos los operadores de VTC operen con una flota mínima de siete vehículos.
"La restricción artificial del número de licencias y las exigencias desproporcionadas de acceso a la actividad conllevan dos importantes consecuencias negativas", que son que "aquellas personas que quieren trabajar como conductores no pueden, incluso aunque exista demanda para ello" y que "se dificulta la reducción del uso del coche privado y, en consecuencia, la reducción del tráfico y la congestión", indica el documento.
La compañía estima que la modernización de la normativa de VTC en España "puede generar más de 30.000 nuevos empleos" y que la incorporación de estas personas al mercado de trabajo "podría tener un impacto positivo de hasta 650 millones de euros anuales para el Estado español en concepto de subsidios al desempleo, políticas de empleo y recaudación fiscal".
En opinión de Uber, "los ciudadanos españoles solo dejarán de utilizar su vehículo privado en un futuro si están seguros de que pueden conseguir una alternativa de transporte económica y con gran disponibilidad".
Verificar la documentación de los conductores
Esta propuesta de regulación contempla que los conductores que decidan prestar su servicio de transporte a través de plataformas de ridesharing deberían disponer de una licencia válida.
Para poder prestar el servicio, el usuario interesado debería enviar una solicitud acompañada de documentos acreditativos (DNI, dirección de residencia, permiso de conducir, licencia válida, documentación del vehículo, justificante de mantenimiento del mismo, justificante de la póliza del seguro y documento de antecedentes penales) y, una vez recibida esta información, la plataforma debería verificarla y descartar a los solicitantes cuyos datos no cumplan con los estándares requeridos.
La compañía de ridesharing debería disponer de un periodo mínimo de tiempo del registro de viajes del conductor para que la policía pudiera acceder a esta información si es necesario para garantizar la seguridad pública.
Por su parte, los conductores no podrían aceptar trayectos solicitados directamente en la calle, es decir, sin hacerlo a través de la aplicación, y los usuarios deberían contar con una tarifa estimada precisa antes de pedir el servicio y recibir un recibo cuando finalizara el trayecto. Los conductores deberían tener la libertad de utilizar diferentes plataformas de ridesharing.
Las compañías deberían adoptar una política de no discriminación para conductores y usuarios y contribuir a poner fin a la economía sumergida gracias al pago electrónico y la eliminación de las transacciones en efectivo, así como colaborar con la administración cuando requiera información legítima acerca de la actividad de los usuarios, según la propuesta de Uber.