El Ministerio de Hacienda ha instado por carta a la Generalidad a presentar un nuevo programa de ajustes de 1.318 millones de euros antes del 15 de noviembre para cumplir los objetivos de déficit, han confirmado a Europa Press fuentes de la Consejería de Economía catalana.
La carta ha sido enviada por el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, al consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, para reclamar un nuevo programa de ajustes por esta cantidad para contrarrestar el gasto descubierto el pasado mes por la misma cuantía y referente a inversiones público-privadas anteriores a 2011, según publica este jueves El Mundo.
Fuentes de la Generalidad han explicado a Europa Press que la Consejería ha contestado también por carta señalando que se trata de un "apunte contable" por un desacuerdo de criterio entre la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y Eurostat sobre cómo contabilizar el déficit de inversiones público-privadas pasadas.
Ha asegurado que la Generalidad ha sido transparente y ya informó de éstas en 2007 y de nuevo en 2013, por lo que sostiene que, a dos meses de cerrar el ejercicio, no van a repercutir este apunte contable en un recorte en los servicios a los ciudadanos.
Hacienda señala que el afloramiento de contratos de financiación público-privada de hace años que no habían sido revelados suponen un aumento del gasto del año en curso ante el que se tienen que tomar medidas, que exigen comunicar antes del 15 de noviembre en una actualización del Programa Económico Financiero de la Generalidad.
Primer paso hacia la intervención
Cabe recordar que este aviso se produce en pleno órdago independentista y en medio de numerosos rumores acerca de la posibilidad de intervenir la autonomía catalana.
La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera avala una hipotética actuación del Ministerio de Hacienda. Dicha norma recoge en su artículo 20 las "medidas automáticas de corrección" con las que Hacienda puede intervenir las cuentas de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.
Hay cinco claves que explican este mecanismo:
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El punto 1 de este artículo estipula que "si existe incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto, todas las operaciones de endeudamiento de la Comunidad Autónoma incumplidora precisarán de autorización del Estado en tanto persista el citado incumplimiento".
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La necesidad de autorización por parte del gobierno central se levantaría "una vez que el plan económico-financiero presentado por la Comunidad Autónoma (...) haya sido considerado idóneo por el Consejo de Política Fiscal y Financiera".
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El punto 3 del artículo 20 también permite a Hacienda tomar el control de "la concesión de subvenciones o la suscripción de convenios". En concreto, el departamento que dirige Cristóbal Montoro tendría que emitir un informe favorable para que se autorice este tipo de partidas de gasto.
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Otro aspecto a tener en cuenta viene recogido en el quinto epígrafe del artículo 20. Este apartado permite intervenir cuando el periodo medio de pago a proveedores supere los 30 días durante dos meses consecutivos. En este caso, los gobiernos autonómicos se verán obligados a equilibrar cualquier subida del gasto con un ajuste paralelo en otros ámbitos presupuestarios, de manera que no se deteriore la posición fiscal neta.
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De hecho, el sexto punto del artículo 20 apunta que, si el mecanismo anterior no fuese suficiente, Hacienda iniciaría un "procedimiento de retención de los importes a satisfacer por los recursos de los regímenes de financiación", con ánimo de "pagar directamente a los proveedores". La intervención seguiría en pie hasta que la región acumule seis meses consecutivos cumpliendo con sus proveedores dentro de los plazos contemplados en la legislación.