España no está, ni mucho menos, fuera de peligro. Las bases de la recuperación económica siguen siendo endebles, con una deuda pública próxima al 100% del PIB, un déficit del 6% en 2014, a la cabeza de la zona euro, una de las deudas externas más elevadas de la OCDE y con una economía excesivamente intervenida por los políticos, lo cual dificulta en exceso la creación de riqueza y empleo. Pero el riesgo es mucho mayor si cabe, tras observar la nefasta deriva que ha emprendido la izquierda española en los últimos tiempos, ya que sus protagonistas poco o nada tienen que envidiar a los políticos que provocaron el corralito en Grecia o a los causantes del profundo caos económico y social que sufren países como Argentina o Venezuela desde hace años.
La izquierda española no sueña con imitar el modelo socialdemócrata del centro y norte de Europa, sino que pretende seguir los pasos del socialismo más aberrante y ruinoso, el mismo del que beben peronistas y chavistas en Hispanoamérica o los escasos vestigios comunistas que aún sobreviven en el Viejo Continente. Las caras de la extrema izquierda en España son nuevas, sí, pero sus ideas antiguas y sobradamente probadas. Podemos e Izquierda Unida, con Pablo Iglesias y Alberto Garzón al frente, concurrirán a las elecciones generales de diciembre en listas separadas, pero con programas económicos casi calcados.
Ambos coinciden en la necesidad de disparar el gasto público en más de 50.000 millones de euros al año, como mínimo, una cantidad equivalente al 5% del PIB, en base a unas previsiones de recaudación absolutamente irreales. Que un partido abogue por semejante despilfarro cuando las arcas públicas aún presentan un agujero fiscal del 6% ya es grave, pero que, además, lo hagan arguyendo que su financiación es posible subiendo tan sólo los impuestos a los ricos supone un insulto a la inteligencia de todos los españoles. Para recaudar los 60.000 ó 70.000 millones extra anunciados por Iglesias y Garzón,España tendría que disparar los impuestos indirectos, esquilmando aún más a las clases medias, que es donde se concentra el grueso de los ingresos tributarios.
El problema, sin embargo, es que su modelo es mucho peor, ya que su idea consiste en implantar el gran Estado y los elevadísimos impuestos que aplican Suecia o Dinamarca, pero sin la inmensa libertad que disfrutan sus economías, fuente original de su riqueza. De hecho, tanto Podemos como IU abogan por todo lo contrario. Es decir, intensificar el brutal intervencionismo que ya padecen las empresas y familias españolas mediante una mayor rigidez laboral, el control estatal de grandes sectores y empresas, la nacionalización de banca y eléctricas, la violación de la propiedad privada, o la fijación de rentas mínimas y sueldos máximos, entre otras muchas barbaridades cuya aplicación sería garantía de ruina, quiebra y, en última instancia, la funesta salida del euro. Un sector público mucho más grande, con unos impuestos mucho más altos y una economía mucho más estatalizada... La receta perfecta para el desastre.
Y lo más trágico es que ni siquiera la actual dirección del PSOE parece mostrar un atisbo de racionalidad y moderación en este ámbito, ya que su programa electoral es tan ambiguo y difuso que todo cabe en él, desde el razonable modelo socialdemócrata de los nórdicos hasta el paupérrimo régimen bolivariano que mantiene vigente Nicolás Maduro en Venezuela. Pero el hecho de que Pedro Sánchez anunciara que una de sus primeras decisiones en caso de salir elegido sería derogar por completo la reforma laboral del PP, la única medida positiva digna de mención en materia económica que ha protagonizado Mariano Rajoy, es una muestra inequívoca de que la izquierda española se ha echado, definitivamente, al monte y no tiene intención alguna de volver. España ha alumbrado en los últimos dos años una izquierda disparatada y peligrosa que camina directa hacia el precipicio, arrastrando con ella a los españoles en caso de gobernar.