Dentro del sistema territorial español coexisten dos modelos regionales claramente diferenciados: por un lado, el sistema de régimen común, en el que se engloban la mayoría de las comunidades autónomas, y, por otro, el sistema foral, al que pertenecen el País Vasco y Navarra. La financiación de estas dos últimas regiones no tiene nada que ver con la del resto.
En el régimen común, el Estado es el encargado de recaudar los principales impuestos a nivel nacional -excepto en País Vasco y Navarra- y, posteriormente, se encarga de repartir parte de este dinero entre las distintas regiones en función de la participación autonómica en los grandes tributos (IRPF, IVA y Especiales) y según una serie de criterios -población, dispersión demográfica, PIB regional, etc.-.
Sin embargo, el País Vasco y Navarra disfrutan de un sistema especial de financiación, bajo el paraguas de los "conciertos económicos", por el cual sus respectivas haciendas (cuatro, una por provincia) recaudan todos los impuestos y, posteriormente, pagan al Estado una determinada cuantía anual por los servicios públicos que presta en dichos territorios. En el caso del País Vasco ese pago al Gobierno central se llama "cupo", en el caso de Navarra "aportación".
Uno de las principales problemáticas de este sistema es que la cuantía del cupo, aunque se paga anualmente, se revisa cada cinco años y su negociación siempre se ha movido por criterios políticos. El Gobierno central y los ejecutivos forales negocian de forma unilateral el cupo, es decir, la transferencia a pagar al Estado por los servicios que ofrece en ambos territorios, pero no cobra (infraestructuras, Defensa, seguridad, etc.).
En este sentido, la negociación del cupo se ha convertido en un instrumento de presión política de los nacionalistas vascos contra el Estado, concediendo o no su apoyo al partido en el gobierno a cambio de nuevas competencias, pero también una rebaja en la cuantía del cupo. Numerosos expertos coinciden en que el cupo es muy inferior a lo que debería.
El cupo es inferior a lo que debería
Como resultado, el Estado recibe menos recursos del País Vasco y Navarra de lo que correspondería por lo que realmente gasta. O, dicho de otro modo, las instituciones vascas y navarras han logrado una sobrefinanciación a costa del Estado.
Mikel Buesa, por ejemplo, cifra en unos 2.060 millones de euros y 660 millones, respectivamente, la sobrefinanciación que obtienen País Vasco (algo más del 3% del PIB regional) y Navarra mediante la subestimación del cupo, siendo dos de las regiones más ricas de España. Al aportar menos de lo que deberían, se resiente la financiación del resto de autonomías a través del régimen común, ya que el Estado cuenta con menos recursos para su posterior reparto.
Según Buesa, los números que contiene el "cupo" están "amañados" para que los gobiernos de ambas regiones "dispongan, grosso modo, del doble de recursos por habitante que todos los demás de España. Si esto no es un privilegio -eso sí, sancionado quinquenalmente por las señorías que se sientan en los escaños del Congreso y el Senado, al parecer habiendo olvidado completamente las nociones de aritmética que les impartieron durante su período de formación en la escuela primaria-, que venga Dios y lo vea".
Por ello, aclara que el cupo se ha acabado convirtiendo en un "sistema de privilegio", ya que en el fondo supone una transferencia de recursos desde el resto de España hacia las regiones forales, especialmente hacia el País Vasco.
"El cupo vasco se ha convertido en un auténtico pufo, en una estafa o engaño al conjunto de los ciudadanos españoles, que han contemplado, confusos, cómo los legisladores han sido capaces de plasmar en los textos aprobados por las Cortes Generales conceptos de imposible justificación desde el punto de vista económico", concluye Buesa.