La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha cuestionado el mecanismo propuesto por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para incentivar la quema de carbón nacional en centrales eléctricas.
El nuevo procedimiento, notificado a finales de mayo a la CNMC, establece unos incentivos para la modernización medioambiental de las centrales eléctricas mediante un proceso de desnitrificación. La norma se presenta como una mejora en los pagos por capacidad que reciben estas instalaciones.
La CNMC cuestiona la propuesta desde la óptica de la "regulación económica eficiente y de la competencia", y advierte de que incluye varios elementos que podrían considerarse ayudas de Estado, por lo que el Gobierno debe informar previamente a la Comisión Europea.
El informe, cuyo contenido adelanta este martes El Mundo, considera además que algunos de los aspectos de la norma no están suficientemente justificados en cuanto a su necesidad y proporcionalidad ni pueden considerarse como mecanismos de capacidad ni ayudas medioambientales.
Si fueran mecanismos de capacidad, advierte, deberían orientarse a resolver un problema de cobertura de la demanda o de disponibilidad de potencia suficiente de carácter firme y flexible en el medio o largo plazo, lo que no se justifica en el proyecto. La CNMC entiende además que un mecanismo de capacidad no debería orientarse a garantizar la disponibilidad de un recurso estratégico como el carbón nacional.
Ni siquiera el carácter medioambiental de las ayudas convence al regulador, ya que, a su juicio, los incentivos verdes a unas centrales de carbón autóctono podrían desplazar a centrales más eficientes desde un punto de vista medioambiental, como son las de ciclos combinados de gas.
Estas ayudas, señala, deberían además adecuarse a lo establecido en las directrices de la Comisión Europea sobre ayudas estatales de protección del medio ambiente y energía para el periodo entre 2014 y 2020, que prohíben la discriminación entre tecnologías.
Otras reticencias
En su informe, la CNMC realiza otras consideraciones sobre la norma, entre ellas la de que solo se debería evocar por motivos de seguridad de suministro la capacidad del Gobierno para establecer procedimientos a favor del funcionamiento de centrales eléctricas con fuentes de combustión de energía primaria autóctonas hasta un límite del 15% de la cantidad total de energía primaria.
El mecanismo debería ser además compatible con el mercado de libre competencia en producción y evitar que se altere el precio de mercado. "Estas circunstancias deberían contar con una adecuada justificación por parte del Ministerio de Industria", indica.
Ayudas de Estado
El regulador también considera que el nuevo esquema de ayudas podría considerarse una extensión del anterior mecanismo de restricciones por garantía de suministro del año 2010, el conocido como "decreto del carbón", de cuyo contenido "se concluyó que este sistema introducía graves distorsiones en el mercado eléctrico".
Junto a esto, considera que el mecanismo de capacidad podría contravenir directivas comunitarias acerca de la garantía de suministro o incluso una ayuda de Estado, por lo que recomienda que no se aplique su contenido hasta que haya respuesta de Bruselas al respecto.