La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, debe empezar a negociar con el resto de grupos municipales los presupuestos del Ayuntamiento de cara a 2016, pero, de momento, las relaciones entre Barcelona en Comú y los partidos que apoyaron su investidura (ERC, PSC y las CUP) no atraviesan sus mejores momentos.
La primera prueba de fuego será el proyecto de ordenanzas fiscales que pretende aprobar Colau. En los últimos años, Barcelona congeló en la práctica casi todos los impuestos y tasas, aplicando tan sólo subidas equivalentes a las del IPC. Sin embargo, según informa este lunes La Vanguardia, la intención de la nueva alcaldesa es elevar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) mediante una revisión a fondo del catastro, que data de 2001, para elevar el valor de los pisos y, de este modo, ampliar la base imponible, con el consiguiente aumento de la factura para los propietarios, especialmente en los inmuebles de mayor tamaño y mejor ubicación.
Asimismo, el equipo económico de Colau quiere impulsar la fiscalidad medioambiental. En concreto, el Ayuntamiento barcelonés estudia elevar las cargas fiscales sobre los vehículos privados que circulan por la ciudad mediante diversas iniciativas: aumentando el precio de las zonas azules de estacionamiento o introduciendo alguna nueva tasa sobre la utilización privativa del espacio público que penalice, por ejemplo, el streetmarketing. Además, Colau insiste en la necesidad de subir la tributación sobre la actividad turística, aunque para ello deberá negociar con el nuevo gobierno de la Generalidad.
Otra de las novedades es introducir los presupuestos participativos, haciendo que los diferentes territorios de la ciudad, mediante procesos de participación vecinal, determinen de qué modo y dónde se invierte una parte importante el dinero disponible.
Acapara el control de las empresas municipales
Pero para poder llevar a cabo éstas y otras medidas, Colau necesita el apoyo de otras formaciones. El principal escollo es que, hasta el momento, Barcelona en Comú no atiende a las peticiones de la oposición para pactar determinadas cuestiones, lo cual complica la negociación presupuestaria.
Uno de los puntos que han afectado la buena sintonía inicial entre las tres formaciones es el de la representación en el consejo de administración de Barcelona Serveis Municipals (BSM), la principal de las empresas municipales. La oposición quiere mantener una representación proporcional de todas las fuerzas del Ayuntamiento, pero el equipo de Colau entiende que la representación en estas empresas tiene una función ejecutiva y, por tanto, le corresponde a Barcelona en Comú, ganadora de las elecciones, tener la hegemonía en ellas.
El próximo 13 de octubre está prevista una reunión para tratar este tema a fin de aprobar los presupuestos de estas empresas para 2016. Esta cita podría marcar el inicio del diálogo entre la plataforma de Colau, ERC, PSC y las CUP para negociar las cuentas municipales del próximo año y las consiguientes subidas de impuestos que pretende impulsar la nueva alcaldesa.