La empresa BlaBlaCar, nacida hace diez años en Francia, ha revolucionado la forma de viajar en coche, ya que permite compartir gastos en los trayectos que se realizan en vehículo privado, reduciendo así la factura tanto al conductor como a los pasajeros. Su éxito se ha traducido en un crecimiento exponencial. Actualmente, está presente en 19 países y cuenta con cerca de 20 millones de clientes. Su próximo objetivo es pasar de empresa europea a multinacional global.
BlaBlacar es una red social que, simplemente, pone en contacto a conductores y pasajeros que van al mismo destino para que compartan los gastos del viaje, sin que exista ánimo de lucro de por medio. "No es un servicio de transporte profesional, ya que nadie contrata ni conductores ni rutas. Es una red social, la evolución tecnológica del antiguo tablón de anuncios de la universidad en el que se buscaba compartir trayectos en coche", explica Jaime Rodríguez, director de BlaBlaCar en España. Es el autostop del siglo XXI, llevado al ámbito de las nuevas tecnologías.
Pero España, una vez más, se resiste a la revolución económica que está teniendo lugar a nivel mundial. Primero fue Uber, cuya actividad ha sido suspendida de forma cautelar por la Justicia tras ser denunciada por los taxistas, y ahora se cuestiona la legalidad de otras aplicaciones ampliamente extendidas en otros países desarrollados, como es el caso de Airbnb o éste de BlaBlaCar, entre otras.
La compañía de compartición de coches, paradigma de la denominada economía colaborativa, se ha visto este jueves las caras en los juzgados con la patronal del transporte en autobús, Confebús, ejemplo del viejo modelo empresarial que se resiste al cambio y que se vale de todos los instrumentos legales a su alcance para tratar de restringir la competencia. Confebús interpuso una demanda contra BlaBlaCar el pasado agosto, acusándola de "competencia desleal". Es la primera vez que dicha plataforma se enfrenta a una denuncia de este tipo en todo el mundo.
Ambos han expuesto sus argumentos en una vista previa al titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid, Andrés Sánchez Magro, el mismo que suspendió la actividad de Uber en España hace escasos meses. El juez deberá dirimir ahora si suspende o no de forma cautelar la actividad de BlaBlaCar, como paso previo al juicio que enfrentará a ambas compañías en los tribunales.
El mismo juez que prohibió Uber
En su demanda, Confebús denuncia que la plataforma realiza labores de intermediación en contratación de transporte sin tener la correspondiente autorización para ello. La patronal se basa en la tasa de gestión que cobra a quienes utilizan su web para compartir viaje. Además, culpa a la plataforma del descenso de actividad del 20% que ha sufrido el sector del autobús en los últimos años.
BlaBlaCar, por su parte, con cerca de 2,5 millones de usuarios en España, alega que no intermedia servicios de transporte profesional, sino que gestiona un intercambio de información entre conductores y viajeros, sin que exista un ánimo de lucro entre ellos, ya que sus usuarios se limitan a compartir el coste del viaje. La empresa tan sólo cobra una comisión por los gastos de gestión.
Su modelo de negocio consiste en que el pasajero reserve el viaje a través de la plataforma. Ésta, a su vez, se encarga de retener el dinero hasta que el trayecto se completa de forma satisfactoria, cobrando por ello una comisión de entre el 10% y el 20% de la aportación acordada entre conductor y pasajero.
Este sistema de monetización tan sólo está disponible en los países en los que la plataforma cuenta con número de usuarios determinado. En España, por ejemplo, que ya supone el segundo mercado más importante de BlaBlaCar tras Francia, dicho modelo se implantó en 2014, a pesar de que su aterrizaje en el país se remonta a 2010.
"Esta situación es nueva para nosotros", explica Rodríguez. De hecho, "el Ministerio de Fomento no ha puesto en duda nuestra actividad", y en otros países, como Francia o Alemania, ésta ha sido "fomentada y respaldada" por los gobiernos, gracias a su contribución a la eficiencia energética (compartir coche reduce el consumo de combustible y las emisiones contaminantes).
La plataforma sugiere un precio de 6 céntimos de euro por pasajero y kilómetro, frente a los 33 céntimos por kilómetro de coste medio que se estima en España, y, además, limita a cuatro el número de pasajeros, así como la cuantía máxima que se puede aportar para evitar con ello el ánimo de lucro entre los conductores. Asimismo, cuenta con distintos mecanismos para controlar que quienes comparten coche a través de su web no obtienen beneficios y, en caso de detectar algún caso, expulsa al usuario y evita que vuelva entrar en la aplicación.
Entre otros datos aportados a la vista, BlaBlaCar señala que en el último año tan sólo doce usuarios han podido cobrar algo más que la mera cobertura de gastos del total de 2,5 millones de personas que emplean su web en España. El 98% de los usuarios aporta una media de 15 céntimos por kilómetro y los viajes llevan una media de 1,67 pasajeros por coche, según un estudio de Roland Berger encargado por la plataforma. Por otro lado, más del 96% de los usuarios ha viajado dos veces al mes o menos, y el 98% de los conductores apenas ha percibido 50 euros al mes o menos.
La red social insiste en que no intermedia un servicio profesional, ya que el viaje no se realiza a demanda, nadie contrata conductores o rutas, sino que se dedica a facilitar enormemente el intercambio de información para que conductores y pasajeros que van al mismo destino compartan gastos. Igualmente, la compañía señala que la queja de Confebús, alegando el descenso de su actividad, carece de sentido, ya que la propia patronal de autobuses ha reconocido en varias ocasiones que esa caída se debe a la crisis y a la competencia del AVE, no a BlaBlaCar.