El Gobierno alemán acordó el martes reformar por el procedimiento de urgencia su legislación de asilo para afrontar la llegada masiva de refugiados al país mientras aumentan las críticas internas a la canciller, Angela Merkel, ante la situación de emergencia.
"En septiembre se alcanzará un nuevo récord de llegadas para este año", dijo el ministro de Interior, Thomas de Maizière, al anunciar el nuevo paquete de medidas aprobado por el Consejo de Ministros. Si la tendencia se mantiene, según el Gobierno, el año que viene podría alcanzarse de nuevo la cifra de 800.000 refugiados que se prevé que se registre este año.
En las últimas tres semanas, pese a la introducción de controles fronterizos, han ingresado al país alrededor de 230.000 peticionarios de asilo, según diversos cálculos. Sólo a la ciudad de Passau, fronteriza con Austria, llegaron hoy 10.000 refugiados, según información de la policía federal, encargada del control de las fronteras.
La situación ha generado un reguero de críticas a la canciller Merkel, especialmente de parte de sus socios bávaros de la Unión Socialcristiana (CSU), pero también dentro de su propio partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU). Las reformas aprobadas cumplen con algunas de las exigencias de los críticos al acelerar el proceso para el reconocimiento de asilo y reducir el número de posibles candidatos.
Así, Albania, Kosovo y Montenegro pasan a ser países de origen "seguros", lo que deja a sus nacionales casi sin oportunidades reales de acogerse al asilo en Alemania. "Es una manera de decirles a los que quieran venir de esos países que no se pongan en camino, ya que tendrán que retornar a casa", dijo De Maizière. Las tasas de aceptación de los demandantes de asilo de estos países estaba ya por debajo del 1%, según cifras de la Oficina Federal para la Migración y los Refugiados (BAMF), ya que se estima que los motivos de su emigración son meramente económicos.
El paquete aprobado también contempla reducir al máximo el dinero en efectivo que se entrega a los peticionarios de asilo y aumentar todo lo que sea posible las ayudas en especie, en bienes concretos y servicios, medidas restrictivas cuestionadas por las ONG al considerar que suponen recortes de derechos fundamentales.
El Gobierno ha justificado las reformas legales con la necesidad de centrar los esfuerzos en ayudar a aquellos que realmente tienen derecho al asilo y en acelerar su integración. "Acelerar los procedimientos nos permite clarificar rápidamente la situación de quienes deben recibir derecho de asilo y facilitar su integración con clases de idiomas y con medidas para darles acceso al mercado laboral", subrayó el ministro del Interior. "A la vez, nos permite enviar de regreso a sus países a aquellos que no sean perseguidos políticos ni vengan de países en guerra civil", insistió.
A nivel financiero, los cambios incluyen el pago, por mes y peticionario de asilo, de 670 euros del Gobierno central a los municipios que los atienden, para descargarlos parcialmente de sus actuales problemas presupuestarios. El Gobierno aspira a que el paquete entre en vigor en noviembre y lo ha enviado al Legislativo por procedimiento urgente.
Eliminar el salario mínimo
Por otro lado, dirigentes de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Alemania han abierto la puerta a establecer excepciones para que los refugiados puedan ser contratados por debajo del salario mínimo, establecido actualmente en 8,5 euros por hora trabajada.
El viceministro de Finanzas, Jens Spahn, y el jefe de Gobierno de Sajonia-Anhalt, Reiner Haseloff, ambos de la CDU, han solicitado estas excepciones en declaraciones al diario Die Welt y han aludido expresamente a la situación en que podrían quedar cientos de miles de refugiados.
Spahn ha defendido la necesidad de introducir cambios a la legislación que entró en vigor este año para garantizar el acceso al mercado laboral de los solicitantes de asilo. En este sentido, ha propuesto que se amplíe el abanico de posibilidades para "muchos jóvenes que, como los refugiados, tienen derecho a quedarse" en Alemania. "Para primeros empleos o puestos de formación, no debería aplicarse el salario mínimo", ha planteado Haseloff en relación a las posibles modificaciones.
La ley del salario mínimo fue una de las principales reivindicaciones políticas del Partido Social Demócrata (SPD), socio de la coalición que encabeza Angela Merkel, por lo que previsiblemente se opondrá a cualquier tipo de modificación que menoscabe la normativa vigente.