La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha alertado a España de que las altas cotizaciones a la Seguridad Social, así como los elevados impuestos sobre la renta, pueden estar contribuyendo al empleo sumergido, sobre todo en el caso de los trabajadores con rentas más bajas.
En su último informe de diagnóstico sobre competencias en España publicado este martes, la OCDE reconoce que ya hay resultados "alentadores" de algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno, que en el último año y medio ha aprobado bonificaciones de las cotizaciones a la Seguridad Social para los contratos indefinidos y los salarios bajos.
No obstante, señala que el régimen fiscal y la "estricta" legislación laboral no ayudan a un país en el que la economía sumergida representaba alrededor del 19% del PIB en 2007, una tasa considerablemente mayor a la de la mayoría de los países de la OCDE.
El organismo dice que afrontar este reto es complicado dadas las "considerables" necesidades recaudatorias de España y puesto que el sistema de la Seguridad Social debe mantenerse en una dirección fiscalmente sostenible para afrontar el envejecimiento de la población.
La OCDE entiende que se necesitan medidas adicionales para incrementar la contratación y fomentar la participación en la economía formal, y subraya que hay "evidencias" de que una bajada de las cotizaciones sociales podría alentar a empleadores y empleados irregulares a poner en orden su situación.
El informe destaca que las cotizaciones, junto con el resto de impuestos sobre el trabajo, suponen el 58% de los ingresos totales del Estado, lo que califica de preocupante en un país en el que la participación en el mercado laboral es baja y el desempleo alto. La organización añade que las altas cargas impositivas sobre el trabajo son particularmente preocupantes en el caso de madres o padres solteros y en el de quienes aportan al hogar un sueldo de apoyo.
Asimismo, subraya que la progresividad del sistema tributario supone un desincentivo económico para los trabajadores de rentas más bajas a la hora de ampliar sus horas de trabajo o de ascender, ya que cada euro adicional ganado tributa de forma muy creciente.
El informe también señala que las reformas laborales introducidas desde 2012 están contribuyendo a flexibilizar un mercado laboral caracterizado por la persistente dualidad entre trabajadores temporales y fijos, lo que ha favorecido una mayor pérdida de puestos de trabajo durante la crisis.
"Una legislación estricta incrementa los costes de contratación y el despido de los trabajadores. Para minimizar esos costes, los empleadores recurren con frecuencia a los contratos temporales", apunta el estudio, que incide en que antes de la reforma de 2012 era "relativamente difícil y costoso" para las empresas despedir a empleados. En este sentido, se apunta que las reformas han acercado el grado de protección ofrecido a los indefinidos a la media de la OCDE, aunque los costes asociados a los despidos improcedentes "siguen siendo todavía altos".
El estudio destaca que en España casi una cuarta parte de los trabajadores, mayoritariamente jóvenes o de bajo nivel de cualificación, tienen contratos temporales, frente al 12% de media de la OCDE, y añade que sólo el 20% de los trabajadores con contrato temporal pasó a indefinido en un plazo de tres años, en contraste con el 50% de la media de los países europeos.
Sin embargo, subraya que los flujos hacia el empleo indefinido "no son todavía lo bastante intensos" como para compensar la actual segmentación por lo que hay "un gran grupo de personas que quedan abandonadas a encadenar contratos temporales", con bajos sueldos y pocas oportunidades de promoción.
El organismo sostiene que reglas menos estrictas para los despidos deberían incentivar la contratación pero también implicarían ciclos más frecuentes de empleo y paro, por lo que es "de la máxima importancia" que las políticas activas, las prestaciones y la asistencia social se ajusten para acortar los periodos de desempleo.