Cataluña ha disparado su deuda en esta legislatura hasta los 64.792 millones de euros, lo que supone 12.420 millones más del pasivo que tenía a finales de 2012, cuando arrancó el mandato, que ha durado dos años y diez meses.
Estos 64.792 millones son los últimos datos disponibles por el Banco de España, que están actualizados hasta marzo, aunque la previsión de la Generalidad es que la deuda alcance los 67.192 millones a finales de este año, según consta en los presupuestos de este año.
Esta estimación contrasta con los 52.372 millones con los que la administración autonómica acabó 2012 y con los 35.616 millones de euros de deuda que acumulaba a finales de 2010; y es que la deuda de la Generalidad ha aumentado desde esa última fecha en 29.176 millones de euros, durante la etapa de gobierno de Artur Mas. Así pues, la deuda pública de Cataluña se ha duplicado durante sus cinco años de mandato.
Este incremento de su volumen de deuda ha hecho que la Generalidad sea la comunidad autónoma más endeudada en términos absolutos y la tercera en términos relativos, con un pasivo equivalente al 32,2% de su PIB, solo superada por la Comunidad Valenciana (37,5%) y por Castilla la Mancha (33,7%).
El aumento de la deuda de la Generalidad es consecuencia de los desequilibrios presupuestarios de los últimos años, que han hecho que el déficit de cada ejercicio se tuviera que cubrir con deuda, y como la Generalidad no ha podido acudir a los mercados financieros para obtener financiación ha tenido que recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y al plan de pago a proveedores.
Según datos del Ministerio de Hacienda consultados por Efe, desde que el FLA se puso en marcha, en 2012, la Generalidad ha pedido prestados a través de este mecanismo habilitado por el Estado y a través del plan de pago a proveedores un total de 37.680,8 millones de euros. De esta cantidad, corresponden al FLA de 2012 un total de 6.664,8 millones; un total de 10.814,7 millones en 2013, una suma de 7,912,8 millones en 2014 y otros 5.822,9 en lo que va de 2015 -hasta agosto-, mientras que ha solicitado al plan de proveedores otros 6.465,6 millones.
Durante esta legislatura, la Generalidad ha denunciado reiteradamente que los objetivos de déficit marcados por el Gobierno han sido mucho más duros con las autonomías que con la propia administración central, y ha llegado a asegurar que la administración autonómica estaba "intervenida" por el Ejecutivo, al depender totalmente de los mecanismos de liquidez habilitados por el Estado.
Estas estrecheces presupuestarias han hecho, en la práctica, que la tesorería de la Generalidad estuviera permanentemente tensionada, lo que ha llevado a retrasar pagos a farmacias, a proveedores y a entidades concertadas de todo tipo, entre ellas las de tipo social.
La crítica situación de las finanzas catalanas también ha llevado a la Generalidad a aplicar en esta legislatura un programa de recortes muy criticado por la oposición y el tercer sector que ha afectado, en especial, a la educación, la sanidad y los servicios sociales, además de perjudicar el bolsillo de los funcionarios públicos, que han visto reducirse sus pagas extras durante tres años seguidos.
En paralelo, la Generalidad se ha afanado en este mandato en lograr ingresos extraordinarios para poder cubrir sus gastos, lo que le ha llevado a afrontar la mayor privatización de su historia, la de la empresa Aigües Ter-Llobregat (ATLL), que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha acabando declarando nula. Asimismo, la Generalidad ha aumentado la presión fiscal, incluso con tributos de nueva creación, y ha vendido unos 40 edificios de su propiedad desde 2012 para obtener ingresos.
A pesar de estos ingresos extra, el gobierno liderado por Artur Mas ha incumplido año a año los límites de déficit fijados por el Gobierno en esta legislatura. La Generalidad logró rebajar el déficit de 2012 al 2,25% en 2012 y reducirlo en 2013 un poco más, hasta el 1,95% del PIB, pero en 2014 volvió a elevarlo hasta el 2,58%, y para 2015 el propio gobierno catalán ha descartado poder cumplir con el límite marcado, que es del 0,7% del PIB.
De hecho, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en su informe reciente, dio por hecho que Cataluña incumplirá el objetivo de déficit marcado por el Gobierno para 2015, y auguró que podría cerrar el ejercicio con un desequilibrio en torno al 2% del PIB.