Varapalo a las grandes superficies en Mallorca. El nuevo Gobierno de la isla, formado por el tripartito PSOE, Podemos y Més, ha anunciado que va a establecer una moratoria de tres años para las grandes superficies. Según sus dirigentes, la norma "afectará a todo el territorio de Mallorca".
Como se considera gran superficie a los negocios con un área de exposición y venta superior a los 700 metros cuadrados, la nueva normativa impedirá la apertura de todos los centros comerciales, de muchos supermercados y, en definitiva, de cualquier gran cadena.
De momento, la justificación que ha dado Mallorca para restringir la libertad comercial es que pretende elaborar un Plan Director Sectorial de Equipamientos Comerciales que no estará aprobado hasta junio de 2017. La norma no solo prohíbe la implantación de nuevas grandes superficies, sino también su ampliación en cualquier suelo urbano, urbanizable y rústico.
El problema es que esta normativa va en contra de la Directiva Europea de liberalización del sector servicios. El texto limita la actuación de las Administraciones Públicas en la concesión de autorizaciones de apertura de negocios y únicamente les otorga el poder de impedir el funcionamiento de una empresa de esta categoría en caso de que existan "razones imperiosas de interés general".
Se consideran razones de interés general las consideraciones en materia de salud pública, objetivos de política social, de salud y seguridad de los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia, de protección del medio ambiente, la conservación del patrimonio cultural, y cualquier otra razón imperiosa de interés general, siempre que estos criterios estén contemplados en las bases reguladoras de la concesión de las autorizaciones y guarden relación con el objeto de la concesión.
"Es imposible demostrar que hay una razón de interés general que no permita abrir un negocio en ninguna zona de Mallorca", aseguran fuentes del sector a Libre Mercado.
El sector, en pie de guerra
Mientras el pequeño comercio aplaude esta iniciativa, el anuncio ha hecho saltar las alarmas en el sector de las grandes superficies. "Normal que estén contentos, si a cualquier empresario le dicen que van a impedir abrir a sus competidores, es lógico que lo celebren", ironizan en el sector.
"Este planteamiento es discrimitatorio y se sostiene sobre unos principios autárquicos que es la protección del comercio local", dicen las grandes superficies. "Si quieren ayudar al pequeño comercio, que le ayuden a ser más competitivos, pero no así", añaden.
En el sector vaticinan que "muchas empresas se llevarán sus inversiones fuera de Mallorca e incluso de España si los gobernantes siguen legislando por esa vía". Se preguntan si "¿también van a prohibir que la gente compre por internet?, ¿van a obligar a los ciudadanos a que compren en tiendas que no quieren comprar?"
Las mismas fuentes califican esta medida como "populista" y carente de "toda lógica en los tiempos que corren". Además, avanzan que recurrirán su aplicación.