Una de las primeras medidas económicas que adoptó el PP cuando llegó al Gobierno fue el rescate de comunidades autónomas y entes locales... Con el dinero de todos los contribuyentes españoles.
El Gobierno de Mariano Rajoy modificó la legislación para que el Estado avale la deuda emitida por el conjunto de las Administraciones Públicas, garantizando así su pago. Hasta entonces, cada autonomía y ayuntamiento era el responsable último de sus deudas, pero los populares, con el ministro de Hacienda a la cabeza, decidieron mutualizarlas.
Esta importante decisión no sólo supuso el posterior rescate masivo de CCAA y entes locales, cuya cuantía roza ya los 210.000 millones de euros, sino que, igualmente, abrió la puerta a la reestructuración, condonación y/o impago de la deuda autonómica y municipal.
Este particular proceso ya ha comenzado a tomar forma. Desde el inicio de la legislatura, gracias a los distintos mecanismos de asistencia puestos en marcha, los gobiernos autonómicos y locales casi no han tenido que recurrir a los mercados para financiarse, ya que el Estado ha cubierto ese tipo de necesidades.
En concreto, es el Gobierno central el que ha endeudado a todos los españoles recurriendo a la emisión de bonos y letras del Tesoro para, a continuación, transferir ese dinero a CCAA y ayuntamientos con el fin de abonar el pago de sus intereses, las facturas pendientes a sus proveedores e incluso parte de sus gastos corrientes, como es el caso de sueldos y servicios públicos básicos.
La factura total de dicho rescate asciende, por el momento, a cerca de 210.000 millones de euros. La parte más relevante, sin embargo, se concentra en los gobiernos regionales. La deuda autonómica se sitúa hoy en un total de 240.000 millones de euros, casi 100.000 millones de euros más que a cierre de 2011.
Pero la clave es que la inmensa mayoría de la deuda acumulada en los últimos cuatro años no se ha captado mediante la venta de papel a inversores privados, sino mediante los mecanismos de rescate estatal, como el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) o el Fondo de Pago a Proveedores. Como resultado, las CCAA deben al Estado cerca de 80.000 millones de euros (un tercio de la deuda regional total), tal y como refleja el siguiente gráfico.
El Gobierno del PP aseguró desde el principio que este tipo de medidas eran de carácter extraordinario y temporal y que, en ningún caso supondría un rescate incondicional y a fondo perdido, ya que las regiones beneficiadas tendrían que aplicar ajustes para equilibrar sus cuentas con el fin de devolver ese dinero a las arcas públicas del Estado.
El tiempo, sin embargo, ha convertido esas promesas en mero papel mojado. La mayoría de las autonomías ha incumplido los objetivos de déficit fijados por Montoro, Hacienda no ha aplicado los mecanismos de corrección que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria en caso de incumplimiento y, por si fuera poco, el Gobierno ha reestructurado en varias ocasiones dicha deuda, alargando los períodos de amortización, ampliando los períodos de carencia y hasta perdonando el pago de intereses.
Hacia el impago
Pero España entra ahora en una nueva fase que, en última instancia, podría desembocar en la condonación (impago) de los 80.000 millones de euros que las CCAA adeudan al Gobierno central, es decir, a todos los españoles.
Y es que, si bien el pago de la deuda es algo prioritario, cuyo cumplimiento está blindado constitucionalmente, cosa distinta es que la administraciones territoriales impaguen lo que adeudan al Estado (con o sin su consentimiento) para que éste se haga cargo de la factura final a cargo de todos los contribuyentes del país. Éste es el resultado de la mutualización de deuda autónomica y local.
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ya propuso en su día la posibilidad de aplicar una sustancial quita a la deuda pública de las CCAA. "Creo que es importante ser solidario con las regiones que tienen un nivel de endeudamiento muy elevado como Cataluña", según señaló entonces. No es la única. Todas las autonomías gobernadas ahora por el PSOE empiezan a barajar esta posibilidad.
La Comunidad Valenciana, por ejemplo, avanzó el pasado julio que "no puede" pagar una deuda de 37.000 millones. En su opinión, esta carga "es una losa", por lo que cabe explorar "una quita equivalente al 50%" -más o menos el dinero que adeuda al Estado-, para la que ha reclamado "voluntad política".
Entre otras fórmulas, Valencia propone la reestructuración a largo plazo con tipos simbólicos y varios años de carencia, en línea con lo que ya ha hecho Hacienda, pero también la aplicación de quitas parciales. El problema es que el resto de autonomías gobernadas por el PSOE piensan igual, ya que no se sienten responsables de una deuda que, además de "heredada", consideran impagable.
De hecho, el Gobierno del PP ya barajó a finales del pasado año la posibilidad de condonar buena parte del dinero que le adeudan las regiones, pero, finalmente, se optó por conceder una nueva reestructuración, con mayores plazos de amortización y nulos intereses.
El principal problema de las quitas es que, en caso de concederse, tendrían que ser contabilizadas como déficit público del Gobierno central, lo cual alejaría a España del cumplimiento de los objetivos fiscales marcados por Bruselas. Sin embargo, tras los cambios de gobierno acaecidos en las elecciones autonómicas del pasado mayo, y una vez que se celebren los comicios generales, España avanza hacia un impago masivo de la deuda que las autonomías deberían devolver al Estado.
De esos 80.000 millones que, en total, adeudan las CCAA al Estado, el principal beneficiario de dicho impago sería, en primer lugar, Cataluña, con casi 21.000 millones de euros, seguida de Valencia (15.800 millones), Andalucía (14.000) y Castilla-La Mancha (algo más de 6.000 millones).