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El PP califica al concejal de Economía de Madrid como "el Varufakis de Carmena"

Íñigo Henríquez de Luna cree que "cada vez que habla Carlos Sánchez Mato, sube el pan".

Iñigo Henríquez de Luna, ha denunciado que la "auditoría popular" que quiere hacer el gobierno de Manuela Carmena "no es técnica, sino política. Por tanto, una "auditoría popular" no es una auditoría, igual que las "democracias populares" no son democracias o que la "justicia popular" no es justicia".

Según recoge Servimedia, el portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Madrid ha registrado hoy una solicitud de información para que el gobierno de Ahora Madrid presente los datos que la alcaldesa Carmena desveló en una entrevista con la cadena Ser.

Henríquez de Luna afirmó que la ex jueza "cuantificó en 9,5 millones el sobrecoste anual que paga el Ayuntamiento de Madrid en alquileres", un dato que el popular quiere "que explique, detallando quién ha hecho la "auditoría", en qué tiempo, con qué datos...".

Además, calificó al concejal de Economía de Madrid, Carlos Sánchez Mato, como "el Varufakis de Carmena". El número dos de Esperanza Aguirre denunció que "cada vez que habla, sube el pan" y le pidió que no ponga en duda la solvencia del consistorio.

Subida de la prima de riesgo municipal

Al respecto, Henríquez de Luna se hizo eco de la información que adelantó Libre Mercado en la que se apuntaba que la "prima de riesgo" del Ayuntamiento de la Villa y Corte se ha disparado más de cien puntos básicos. "El interés medio de la deuda municipal está en el 3% pero el del bono municipal ha subido al 5,25%", apuntó.

Sobre la pretensión de determinar cuestiones "ilegítimas" en el endeudamiento municipal, Henríquez de Luna declaró que "en democracia lo que es legal es legítimo porque tiene el respaldo de las urnas, aunque no sea así en los regímenes bolivarianos".

Además, el dirigente popular dijo que el tipo de auditoría encargado a una subdirección general específica no es lo que aprobó el pleno municipal de julio. Según Henríquez de Luna, "lo que se acordó fue una auditoría a manos de la Intervención Municipal, el órgano encargado legalmente de fiscalizar las cuentas de los gobiernos".

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