La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, decretó nada más llegar al poder una moratoria hotelera que suspende la concesión de licencias para este tipo de establecimientos. Desde el punto de vista legal, la polémica medida anunciada por la regidora le ha valido ya una denuncia por presunta prevaricación.
En cualquier caso, mientras se resuelve esta disputa judicial, el golpe al sector turístico ya es una realidad. El caso más polémico es el del hotel Hyatt que se había proyectado en la Torre Agbar. Colau ha frenado su construcción, incluso a pesar de que los técnicos municipales ya habían dado "luz verde" al proyecto a través de una comunicación oficial de la Dirección de Servicios de Coordinación de Licencias.
La transformación de la Torre Agbar iba a movilizar una inversión de 150 millones de euros. Esta cifra es idéntica al volumen de negocio que se estimaba para el desarrollo del nuevo hotel Four Seasons, llamado a ocupar la sede de Deutsche Bank en la Ciudad Condal.
Otro proyecto que también está en el aire es el hotel que Hilton y Marriott estaban a punto de impulsar en la antigua fábrica de Henkel. Esta vez hablamos de 60 millones de euros que, tras la moratoria anunciada por Colau, están ahora en el limbo.
En consecuencia, el Ayuntamiento de Barcelona podría enfrentar denuncias millonarias por parte de las empresas perjudicadas. El parámetro habitual que maneja el sector jurídico apunta a 2,5 veces el precio de compra y el prejuicio patrimonial.
Estaríamos, por tanto, ante una factura total que rondaría los 900 millones de euros, la mitad por cada uno de los dos conceptos anteriores.
30 actuaciones en el aire
La consultora Bric Consulting ha explicado que los tres proyectos anteriores son solamente la punta del iceberg. Así, habría una treintena de actuaciones hoteleras afectadas por la moratoria anunciada por Colau.
En primer lugar, están los hoteles cinco estrellas: H10 proyectaba uno en los Jardinets, Fullfeel en el Eixample, Wittmore en la Ciuttat Vella... A esto se sumarían los proyectos cuatro estrellas de cadenas como Aqua, Barceló, Abba, Iberostar o Room Mate. También hay licencias pendientes para establecimientos de menor categoría.
En suma, una estimación conservadora de la inversión que podrían generar estos proyectos elevaría a 200 millones de euros el alcance total de los negocios que Ada Colau ha puesto en el aire. Por tanto, el coste total de indemnizar a las empresas afectadas podría suponer otros 500 millones de euros.
Hablamos, por tanto, de al menos 1.400 millones de euros que podrían ser reclamados por las empresas afectadas. Si la Justicia fallase en contra del consistorio catalán, los contribuyentes se verían obligados a asumir el coste de esta polémica medida.