El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, abrió la espita de la reforma constitucional el pasado viernes tras admitir, después de reunirse con el Rey, que está dispuesto a estudiar la próxima legislatura una nueva modificación de la Constitución en puntos como la sucesión de la Corona o el reparto de las competencias autonómicas.
Los detalles de dicha propuesta son, hoy por hoy, una incógnita, pero existen ciertas bases que el PP lleva barajando desde hace meses. Así, según informa John Müller este lunes en El Mundo, hace casi un año, a la vuelta de las vacaciones de 2014, Rajoy preguntó a varios de sus colaboradores qué cambios harían en la Constitución. Entre las distintas propuestas recibidas, destaca el proyecto completo de reforma remitido por el ministro de Asuntos Exteriores y amigo personal del presidente, José Manuel García-Margallo.
El modelo de reforma que, posiblemente, baraja Rajoy es el dictamen del Consejo de Estado de 2006 firmado por Francisco Rubio Llorente, en el que se propone introducir ciertos cambios, más o menos formales, en cuatro áreas: la sucesión de la Corona, el reparto competencial de las comunidades autónoma, la inclusión en Europa y la reforma del Senado.
Sin embargo, Moncloa también ve con buenos ojos la propuesta realizada por Margallo en materia de financiación autonómica. En este sentido, Müller explica que el ministro de Exteriores "apuesta por un modelo federal sin tapujos y por una nueva financiación basada en un sistema de frenos y contrapesos en torno a la responsabilidad fiscal".
La idea consiste en configurar "una serie de servicios públicos esenciales, definidos mediante un pacto en razón de la sostenibilidad de las finanzas públicas, y un amplio margen de mejora, donde el político que proponga más o mejores servicios (más profesores en los centros educativos, una televisión autonómica, etcétera) tendrá que buscar la financiación de los mismos apelando a sus votantes". Es decir, a partir de un determinado nivel mínimo en la provisión de uno de estos servicios, si una autonomía pretende aumentar el gasto deberá subir los impuestos a sus contribuyentes.
Por un lado, existiría un fondo de nivelación de las comunidades autónomas, similar al actual, aunque introduciendo ciertos límites a la solidaridad interterritorial, y, por otro, se profundizaría en la cesión de impuestos a nivel regional, en línea con lo que en su día ya solicitó el PP catalán de Alicia Sánchez Camacho:
- La financiación autonómica incorporaría el denominado principio de "ordinalidad", consistente en garantizar que las autonomías donantes de recursos no resulten perjudicadas en su renta per cápita tras realizar las correspondientes transferencias a los mecanismos de nivelación. De este modo, se evitaría que las comunidades receptoras tengan más recursos que las donantes. "Esto limitaría las aportaciones de Madrid, Cataluña o Baleares, por ejemplo, al 4% o 5% de su PIB", en lugar del 8% o 10% existente en la actualidad.
- En cuanto a los impuestos, se transferiría a las comunidades autónomas la recaudación de todos aquellos que no tienen efectos sobre la competencia, de modo que el Gobierno central se quedaría con IVA, rentas del capital, Impuesto de Sociedades e impuestos especiales. Por el contrario, el IRPF (renta personal), patrimonio, transmisiones, donaciones, las tasas y precios públicos quedarían en manos de las comunidades y estarían sujetos a competencia fiscal. Esta idea está en el despacho del presidente del Gobierno desde el otoño pasado, concluye Müller.