Si buena parte de la campaña electoral que protagonizó Manuela Carmena en las pasadas municipales se centró en combatir una supuesta situación de pobreza infantil en Madrid que, sin embargo, la realidad se ha encargado de desmontar por completo, una de las principales denuncias que lanzó Ada Colau en Barcelona fue la escasez de vivienda protegida, y, por tanto, el presunto desamparo que sufrían numerosas familias necesitadas por parte de las autoridades municipales. Pero, al igual que sucede en Madrid, el discurso de Colau no se sustenta sobre bases reales, a la vista de los datos oficiales que acaba de publicar el propio Ayuntamiento de la Ciudad Condal.
En febrero de 2009, Barcelona puso en marcha un Registro de solicitantes de vivienda de protección oficial (VPO), tanto en régimen de alquiler como de compra, con el fin de agilizar los procedimientos de adjudicación y conocer la demanda real de este tipo de viviendas.
El volumen de inscripciones vigentes acumuladas hasta el cierre de 2014 asciende a un total de 29.725 familias (54.290 personas), según la última memoria anual del Consorcio de la vivienda municipal. Esta cifra aporta ya un primer dato revelador: el número de solicitantes de pisos públicos apenas se sitúa en el 3,4% de la población barcelonesa, tumbando así el alarmismo que tan habitualmente se ha difundido sobre este asunto por parte de políticos y medios
Otro dato importante a tener en cuenta es el perfil de los solicitantes. Y es que, a diferencia de lo que se suele pensar, no todos los demandantes atraviesan una situación de grave dificultad económica. Así, según el citado informe, casi el 11% de las familias inscritas ingresa más de 24.750 euros al año (2,3 veces la renta mínima catalana); el 25% oscila entre los 14.900 y los 24.750; y el 64% restante (unas 19.000) una cuantía inferior al umbral de los 14.900 euros (menos de 1.240 euros al mes), aunque el porcentaje de familias que casi carece de ingresos se reduce al 15,6% (4.635 unidades, equivalente a cerca de 8.500 personas).
Así pues, el colectivo que las autoridades consideran "preferente" para acceder a una vivienda pública, con unos ingresos inferiores a 2,35 veces la renta mínima (unos 24.000 euros al año), representa el 2,1% de la población total de Barcelona, mientras que el porcentaje que carece de ingresos es del 0,5%. Además, la mayoría de inscritos son jóvenes (el 39% tiene entre 18 y 35 años) y solteros (57%), mientras que el número de familias con tres o más miembros apenas representa el 22% de los inscritos en el Registro.
Esto no significa que dentro del colectivo de solicitantes de VPO no existan familias que sufran graves dificultades económicas, pero los datos revelan que su número es muy inferior al que se suele aducir habitualmente. No en vano, según el propio informe municipal, el perfil medio de los inscritos es el de una persona joven, soltera y con unos ingresos algo inferiores a los 1.000 euros al mes.
Otro dato significativo al respecto es que de las 29.725 unidades inscritas, casi la mitad (14.749) se deciden por el alquiler con opción a compra y otros 7.314 por adquirir la vivienda. Es decir, la inmensa mayoría aspira a convertirse en propietario, lo cual es inviable sin un nivel mínimo de ingresos.
La mayoría de beneficiarios renuncia o desiste
Sin embargo, la cifra más relevante de todo el informe no radica en el número de demandantes ni en su perfil económico, sino en el porcentaje de beneficiarios que, una vez logrado el piso, renuncian al mismo o desisten del proceso, lo cual evidencia que muchos de ellos no necesita realmente una vivienda.
Desde 2009 hasta el cierre de 2014, la cifra de adjudicaciones definitivas de vivienda pública es de 3.295, frente a un total de 23.209 familias citadas en los procesos. Esta enorme diferencia se debe a que, una vez adjudicado el piso, el beneficiario o bien renuncia al inmueble (8.324 solicitantes) o bien no responde y decide, finalmente, no continuar con el procedimiento (7.273 inscritos). Es decir, más del 67% de los demandantes de vivienda pública en Barcelona rechaza, de una u otra forma, el piso de VPO que le adjudica el Ayuntamiento.
Y las razones que alegan son muy diversas: el 29% de los que renuncian lo hace por motivos económicos (paro, precio del alquiler, no disponer de la entrada o denegación de la hipoteca); otro 5% se escuda en que ya tiene una vivienda; y el resto, el 66%, alega causas subjetivas, como el hecho de que el inmueble esté lejos del trabajo (3%), que no le guste la zona (17%) o que no le guste el piso (14%). Los motivos personales o las renuncias sin motivos ascienden al 28%.
