El Gobierno de Mariano Rajoy inició la legislatura retrasando de forma irresponsable la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2012 con el fin de no perjudicar las opciones electorales del PP en los comicios autonómicos de Andalucía y, por desgracia, la terminará con un proyecto presupuestario descaradamente electoralista.
Los PGE para 2016 que ha presentado este martes en el Congreso el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, constituyen una nueva irresponsabilidad; pecan de irreales, incoherentes y, sobre todo, electoralistas.
Son irreales porque, en el fondo, no son más que papel mojado. Su cumplimiento dependerá única y exclusivamente del resultado que arrojen las urnas en las próximas elecciones generales. Así, si cambia el Gobierno, el proyecto, simplemente, no verá la luz; pero aun en el caso de que el PP logre una segunda legislatura, muy probablemente se verá obligado a pactar con otros partidos y, por tanto, las cuentas sufrirán modificaciones sustanciales.
En segundo lugar, son incoherentes porque disparan el gasto público al socaire del aumento de la recaudación y el ahorro de ciertas partidas que está propiciando la recuperación económica, con lo que dan carpetazo a la supuesta austeridad que viene aplicando el PP desde que llegó al poder. Si, tal y como ha afirmado el propio Montoro, la mejora de la economía se debe, en gran medida, al ejercicio de contención en el gasto que habría impuesto su Ministerio en los últimos años, no tiene ningún sentido que ahora abogue por la receta contraria, disparando el gasto público, y además tenga la desfachatez de defenderlo como algo muy positivo. O una cosa o la otra, pero ambas es imposible.
Y, en último término, los PGE de 2016 son electoralismo puro y duro porque incrementan el gasto con el único fin de comprar votos: elevando el sueldo a los empleados públicos y devolviéndoles el resto de la paga extra eliminada en su momento, incrementando las subvenciones a todo tipo de lobbies empresariales y colectivos sociales para atenuar sus críticas de cara a las generales y, en última instancia, reforzando el gasto social, sobre todo en materia de pensiones y cursillos de formación, para contentar a potenciales votantes y agentes sociales, sin importar un ápice la sostenibilidad de las cuentas o la efectividad real de dichas medidas.
Que el Gobierno del PP apruebe unos Presupuestos expansivos con fines electoralistas en medio de una recuperación económica que todavía es endeble y a pesar del colosal agujero que siguen presentando las cuentas públicas denota una grave irresponsabilidad y un escaso, por no decir nulo, sentido de Estado. Basta recordar que España sufre hoy el segundo mayor déficit público de la Zona Euro y la deuda roza el umbral del 100% del PIB. Si Rajoy hubiera cumplido su programa electoral desde el principio, bajando impuestos, recortando de forma drástica el gasto y aprobando profundas reformas estructurales para liberalizar al máximo la economía nacional, hoy la crisis ya estaría superada por completo y, además, no se las tendría que ver con un electorado desconfiado y receloso.