El "boom" de los pisos turísticos ha servido para que ciudades como Barcelona sean capaces de recibir un mayor número de visitantes. Como muestran las últimas cifras oficiales del ministerio de Industria y Turismo, las plazas hoteleras ya solamente sirven como alojamiento al 65% de los turistas extranjeros que llegan a nuestro país.
Sin embargo, la ausencia de un marco legal que respaldase decididamente esta actividad se ha convertido en la excusa perfecta para que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, lance un nuevo ataque a la propiedad privada.
En concreto, la regidora va a obligar a los propietarios de los más de 330 pisos turísticos de Ciutat Vella a elegir entre dos opciones extremas:
- Por un lado, pueden pagar multas que se mueven, de media, en el entorno de los 15.000 euros;
- Por otro lado, pueden aceptar una expropiación de uso bajo la cual deberían ceder su vivienda para programas de "alquiler social de emergencia".
Esta segunda opción ahorraría el 80% de la multa impuesta desde el consistorio.
BeC habla de una "burbuja especulativa"
Desde el equipo de gobierno municipal argumentan que estas medidas son necesarias para acabar con el "desgobierno de la era Trias", una crítica directa al anterior alcalde de la Ciudad Condal. Para Barcelona en Comú (BeC), estas medidas servirán para evitar un "modelo turístico" que constituía "una nueva burbuja especulativa".
Bajo la expropiación de uso que propone el gabinete de Colau, los pisos turísticos expedientados quedarían bajo gestión de un ente municipal conocido como la Mesa de Emergencia Social del Consorcio de la Vivienda.
Además, el Ayuntamiento de Barcelona tiene previsto multar a las plataformas digitales que ofrezcan alojamiento turístico en la ciudad. Es el caso de webs como Airbnb, que recibirían las sanciones a partir de septiembre.