"Los Presupuestos Generales del Estado para 2016 permiten combinar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria con el refuerzo del compromiso con el gasto social, así como devolver el esfuerzos realizado por los ciudadanos, especialmente a un colectivo que tuvo una aportación esencial a la consecución de los objetivos de consolidación: los empleados públicos". Este párrafo resume el principal objetivo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016 que ha presentado este martes en el Congreso el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Dichas palabras significan que el Gobierno aprovechará la mayor recaudación fiscal y la reducción de ciertas partidas derivadas de la mejora económica, como el gasto en prestaciones de desempleo o los intereses de la deuda, para disparar el resto de gastos, especialmente los discrecionales, sin que ello, en principio, ponga en riesgo el cumplimiento de los objetivos de déficit.
Tal y como señala el propio documento, "la elaboración del Presupuesto del Estado continúa aplicando una política de control del gasto público pero, al mismo tiempo, la creación de empleo y la consiguiente mejoría del mercado laboral, suponen un ahorro en el gasto por prestaciones de desempleo y, por ende, en las transferencias al Servicio Público de Empleo Estatal. Asimismo la continua mejora de calidad crediticia de España nos lleva a un ahorro en los gastos por intereses de la deuda pública".
Buena parte del incremento del gasto público que ha tenido lugar durante la crisis se debe a los denominados "estabilizadores automáticos", es decir, al impacto de la recesión, el paro y la deuda, pero una vez que se inicia la senda de crecimiento económico ese tipo de partidas tiende a bajar. El Gobierno, sin embargo, en lugar de aprovechar ese mayor margen presupuestario para rebajar aún más los impuestos o bien reducir de forma más intensa y rápida el déficit y la deuda, ha optado por destinar ese ahorro al incremento de la mayoría de partidas de gasto.
Mejora económica
Las grandes cifras de los PGE se asientan, como siempre, en las previsiones económicas del Gobierno. El cuadro macro que acompaña al proyecto presupuestario de 2016 estima, por un lado, que el PIB registrará un crecimiento medio del 3% en 2016, mientras que la tasa de paro (EPA) bajará del 22% al 19,7% (unos 500.000 desempleados menos).
La mejora de la economía se traducirá en más ingresos y menos gasto público, pero, tal y como ha explicado el propio Montoro en su comparecencia, el Ejecutivo del PP aprovechará ese ahorro presupuestario para expandir de nuevo las políticas de gasto, enterrando así la supuesta senda de austeridad aplicada en los últimos años. Y ello, coincidiendo, casualmente, con la proximidad de las elecciones generales.
El gasto total se reduce ligeramente
Los PGE recogen los ingresos y gastos del Gobierno central, organismos autónomos, Seguridad Social y otras agencias del Estado, pero también llevan a cabo el reparto de la mayoría de la financiación correspondiente a comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos. Es decir, los Presupuestos reflejan, en gran medida, las cuentas del sector público en España.
Dichas cifras se recogen en los denominados "Presupuestos consolidados". Así, el Estado gastará un total de 436.372,82 millones de euros en 2016, un 0,8% menos que en el presupuesto inicial de 2015.
Sin embargo, esta rúbrica incluye la habitual refinanciación de deuda pública, cuyo volumen superará los 84.500 millones de euros, deuda que se emite con el único fin de pagar deudas pasadas, retrasando así su amortización definitiva.
Una vez descontada dicha partida, se obtiene el gasto consolidado real del Estado en cada ejercicio (capítulos I a VIII de los PGE), cuya cuantía ascenderá a 351.859 millones, casi 4.000 millones de euros más que en 2015, lo que supone un incremento del 1,2%.
Así pues, el gasto público real aumentará en 2016, y lo relevante es que lo hará a pesar del descenso que experimentan ciertas partidas como consecuencia de la recuperación económica, la creación de empleo y el abaratamiento de la financiación. En concreto, la partida destinada a prestaciones de desempleo caerá un 21,7% respecto a 2015, lo que traducirá en un ahorro aproximado de 5.500 millones, mientras que el dinero destinado a los intereses de la deuda bajará un 5,6% interanual, hasta situarse en 33.490 millones (unos 2.000 millones menos).
Tan sólo el descenso de estas dos importantes partidas ahorrará al Estado cerca de 7.500 millones, pero, en lugar de aprovechar ese margen para rebajar más los impuestos o intensificar la reducción del déficit y la deuda, el Ejecutivo aprovechará para elevar la mayoría de las políticas de gasto. De las 28 partidas que recogen los PGE, un total de 19 suben respecto a 2015, una se mantiene intacta (Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación) y las 8 restantes bajan, si bien el ahorro se concentra, básicamente, en Desempleo y Deuda Pública.
Estas políticas se pueden agrupar en cuatro grandes áreas de actuación:
- Servicios Públicos: incluye el presupuesto de Justicia, Defensa, Seguridad e Instituciones Penitenciarias y Política Exterior. El gasto previsto para 2016 alcanza un importe de 16.715,56 millones de euros (+1,4%).
- Gasto Social: recoge las partidas destinadas a pensiones y otras ayudas sociales. Descontando el gasto en prestaciones de desempleo, su cuantía superará los 168.000 millones, un 3,8% más.
- Actuaciones de carácter económico: presupuestos y subvenciones en materia de Agricultura, Pesca, Industria, Energía, Comercio, Turismo, Transporte, Infraestructuras, I+D+i y otras actuaciones. El gasto en este caso rondará los 28.400 millones (-6,6%)
- Actuaciones de carácter general: incluye Alta Dirección, Servicios Generales, Administración Financiera y Tributaria, las Transferencias a Otras Administraciones Públicas (financiación territorial), el pago de intereses de deuda, entre otras aportaciones. Su coste superará los 118.000 millones, un 4,5% más que en 2015.
El gasto discrecional se dispara
Otra forma de ver este incremento del gasto real consiste en descontar las grandes partidas ineludibles para, de este modo, diferenciarlas del gasto más discrecional: el pago de las pensiones, el desempleo y los intereses de la deuda 'se comen' cuatro de cada diez euros del presupuesto total.
En concreto, estas tres partidas suman un total de 188.759,24 millones de euros. El mayor gasto corresponde a las pensiones, que se llevan 135.448,93 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 2,9% respecto al año anterior. El Gobierno prevé subir las pensiones un 0,25% en 2016; la partida de desempleo cuenta con una asignación de 19.820,94 millones, un 21,7% menos que en 2015; mientras que los intereses de la deuda se reducirán un 5,6%, hasta los 33.490 millones.
Descontando estas tres partidas, el gasto del Estado superará los 163.000 millones de euros en 2016, casi 8.000 más que en 2015, lo que supone un incremento de más del 5%. Así pues, lo comido (7.500 millones de ahorro derivado de la recuperación) por lo servido (8.000 millones extra de gasto discrecional que se anuncia poco antes de las elecciones generales).