El proyecto de presupuesto del Estado en Educación incluye para 2016 un millón de euros, en lugar de los cinco millones de este año, para compensar a familias que tengan que escolarizar a hijos en un centro privado para estudiar en castellano como lengua vehicular al no tener dicha opción en uno público o concertado.
Según consta en la explicación del ejercicio presupuestario para 2016 de los presupuestos generales del Estado para el Ministerio de Educación, se aporta un millón de euros a la compensación de los gastos de escolarización que rige la disposición adicional 38 de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).
Dicha disposición fija que las familias pueden pedir (desde el curso 2014-15) el pago de la escolarización de su hijo en un centro privado cuando no tenga en su región uno público o concertado que le ofrezca educación en castellano como lengua vehicular. La "proporción razonable" del castellano en la oferta educativa se fija, según señaló hace meses el entonces ministro José Ignacio Wert, en un mínimo del 25% de las horas lectivas, es decir, una asignatura troncal (principal) además de la de Lengua castellana y Literatura.
Esta disposición que se introdujo en la nueva ley educativa estaba pensada, básicamente, para las familias catalanas que quisieran ejercitar su derecho a que sus hijos recibieran también educación en castellano, dado el sistema de inmersión lingüística que rige en esta comunidad autónoma y dado también a que el Gobierno autonómico se ha negado sistemáticamente a cumplir las sucesivas sentencias que se han dictado al respecto.
Las familias a las que se les reconozca este derecho regulado en la Lomce serán compensadas por el Ministerio de Educación hasta un importe máximo equivalente al coste de una plaza en un centro público. Dicho gasto será comunicado por Educación al Ministerio de Hacienda para que pueda "deducir o retener de la financiación autonómica que corresponda a la comunidad en cuestión", según el decreto que desarrolla este asunto y que fue aprobado hace más de un año.
En Cataluña el coste de una plaza pública es de 6.003 euros, según una respuesta parlamentaria del Gobierno del pasado febrero. Y según datos del pasado mayo, el Ministerio de Educación había recibido hasta el momento 368 solicitudes de familias que viven en Cataluña y que piden esa compensación económica por tener que escolarizar a sus hijos en un centro privado para que estudien en castellano.
Por su parte, Cataluña presentó el pasado año recursos a la Lomce al considerar que invade competencias educativas y afecta al modelo de inmersión lingüística.