Desde finales del año 2007, el pinchazo de la burbuja crediticia ha sumido a millones de españoles en una situación económica de lo más delicada. El golpe habría sido del todo insoportable si España no hubiese contado con una admirable red de asistencia en la que la Iglesia y las familias son la punta de lanza en la lucha contra la pobreza.
Por el contrario, los programas asistenciales impulsados desde los poderes públicos se han revelado del todo insuficientes. Un buen ejemplo lo tenemos en las transferencias monetarias: desde 2009, estas ayudas han reducido la tasa de pobreza en 8,4 puntos, muy por debajo del -24% irlandés o el -16% danés.
Ante esta situación, sorprende que el PSOE insista en atacar el problema de la pobreza por esta vía. Según Pedro Sánchez, la clave para acabar con la miseria es multiplicar por seis el gasto consignado por las Administraciones Públicas a aquellos hogares que atraviesan una situación de mayor emergencia.
Para justificar la medida, Ferraz no ha dudado en "inflar" la pobreza en 10 millones de personas; en paralelo, el partido del puño y la rosa tampoco ha explicado qué medidas fiscales permitirán acomodar el aumento proyectado en el gasto público. Lo primero y lo segundo restan credibilidad a la propuesta y la acercan a recetas populistas como la "renta básica" con la que tanto ha jugado Podemos.
En realidad, con un Estado que gasta alrededor del 45% del PIB, lo que debemos hacer es preguntarnos si tiene sentido seguir financiando una estructura tan pesada a cambio de programas de éxito cuestionable. Sabemos que nuestra burocracia es ineficiente, sabemos que la gestión privada de la sanidad o la educación arroja mejores resultados al tiempo que ahorra dinero y sabemos también que los programas de asistencia social no han dado los resultados esperados.
Por tanto, hay que repensar el gasto público para aligerar la carga que soportan los contribuyentes y orientar los programas sociales hacia modelos centrados en mejorar los resultados y no en aumentar los costes. De lo contrario, corremos el riesgo de institucionalizar la pobreza y perpetuar un modelo político-económico en el que la única respuesta ante la ineficiencia estatal será añadir más capas de ineficiencia estatal.