La política económica oficial consiste en la reducción paulatina del déficit fiscal y la puesta en marcha de reformas que permitan ganar competitividad a la economía. De ellas surge un aumento de la confianza y una caída de la prima de riesgo que a su vez impulsan la inversión, el consumo y el empleo. La mayor competitividad y el menor déficit fiscal permiten cerrar el déficit exterior. El control de esos desequilibrios, unido al crecimiento del PIB, conduce a la gradual desactivación de las "bombas" de las deudas pública y exterior.
Para entender por qué la política económica es ésa hay que hacer un poco de historia. La gestión de los primeros años de la crisis en Europa fue ruinosa. Entre 2009 y 2011, de los quince países que compartían el euro, once incumplieron el límite de déficit fiscal del 3% del PIB. De ellos, España fue el tercero con mayor desequilibrio, solo por detrás de Irlanda y Grecia. Entre 2007 y 2011, diez de los 28 países de la UE más que duplicaron su deuda pública, entre ellos España y Reino Unido. En 2011, el PIB de 14 países de la UE era inferior al de 2007 y en 25 países la tasa de paro había aumentado (en todos menos en Alemania, Bélgica y Malta).
Ante una crisis semejante, en 2011 los países de la UE se pusieron de acuerdo para coordinar la política económica, corregir los desequilibrios acumulados y evitarlos en el futuro. Se creó el "Procedimiento de desequilibrios macroeconómicos", por el cual los países con desequilibrios presentan un plan para corregirlos y son supervisados en su cumplimiento.
Este procedimiento es más riguroso en el caso de los países que comparten el euro, a los que se puede imponer multas y sanciones en caso de incumplir los planes acordados. España es uno de los 16 países que en la actualidad está siendo supervisado por presentar "desequilibrios que requieren actuaciones decisivas".
La coordinación de las políticas económicas no significa que nos "gobiernen desde Bruselas" o Berlín (de hecho, Alemania es otro de los países supervisados). Los gobiernos nacionales tienen un amplio margen para diseñar su política. Son ellos los que deciden aumentar los impuestos o no, y en su caso cuáles. También deciden si recortan el gasto (o no) y en qué partidas. Asimismo, deciden qué reformas son prioritarias y la profundidad con que las llevan a cabo.
El hecho es que la política económica española es parte de una política económica europea. Por eso, una cosa es plantear alternativas dentro del marco común acordado en la UE y otra muy distinta es proponer cambios que implican desconocer los compromisos asumidos con los socios europeos.
Por caso, hay quien considera que, pese a que la economía crece a un ritmo del 3% anual, es necesario aumentar el gasto y la inversión públicas para "impulsar la demanda". No les preocupa la falta de recursos, pues creen poder remediarla aumentando los impuestos y creando una banca pública.
La cuestión del déficit fiscal la dejan de lado. Para "solucionar" el problema de la deuda pública proponen desde la "reestructuración" de la misma hasta la confiscación ("impuesto a la riqueza") de patrimonios privados para amortizarla. Quienes hacen este tipo de propuestas disruptivas saben que las mismas implican romper las reglas acordadas en la UE. Por eso llaman al mismo tiempo a unir fuerzas con otros países del sur de Europa, alentando un enfrentamiento "Norte explotador" vs "Sur explotado" que no existe.
El proyecto europeo que comenzaron a construir en los '40 Adenauer, Monnet, Schuman y otros hombres con visión, ha significado un período de paz y prosperidad como nunca antes había ocurrido. Ese proyecto hoy consiste, entre otras cosas, en unas normas comunes de política económica razonables (por ejemplo, que no se puede gastar permanentemente más de lo que se ingresa). Los españoles nos equivocaríamos gravemente si pensáramos que nos podría ir mejor impugnando ese proyecto que manteniéndonos fieles a él.
Diego Barceló Larrán (@diebarcelo) es director de Barceló & Asociados