La Comisión Europea ha anunciado este jueves la apertura de un expediente de infracción a España y a otros cinco Estados miembros al considerar que sus legislaciones nacionales plantean "obstáculos excesivos e injustificados" a la libre prestación de servicios.
En el caso de España, el Ejecutivo comunitario pide a las autoridades que "deroguen las tarifas mínimas obligatorias" que se aplican a los procuradores. La Comisión también muestra su "preocupación" por la legislación vigente en España en virtud de la cual determinadas actividades de los procuradores son incompatibles con las de los abogados. Además de a España, Bruselas ha enviado una carta de emplazamiento -primera fase del procedimiento de infracción- a Alemania, Chipre, Malta, Austria y Polonia.
En opinión del Ejecutivo comunitario, los requisitos que deben cumplir determinados prestadores de servicios en estos países "son contrarios" a la Directiva de Servicios. La comisaria de Mercado Interior, Elzbieta Bienkowska, ha avisado de que la libre prestación de servicios es "uno de los pilares" del mercado único, y ha criticado que sigan existiendo "barreras" en algunos Estados miembros.
"Un mercado único de servicios profesionales dinámico conducirá a una economía europea más competitiva", ha añadido. La carta de emplazamiento constituye una petición oficial de información. Los Estados miembros disponen ahora de dos meses para responder a las alegaciones presentadas por la Comisión.