El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado este martes que el plan de compras ilimitadas de deuda pública (OMT, por sus siglas en inglés) que anunció el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, en verano de 2012 -y al que se atribuye haber puesto fin a la crisis que amenazaba la existencia del euro- se ajusta plenamente al derecho comunitario.
La sentencia concluye que este programa, que nunca ha llegado a utilizarse, "no sobrepasa las atribuciones del BCE en materia de política monetaria ni viola la prohibición de ofrecer financiación monetaria a los Estados miembros".
El fallo responde a una cuestión planteada por el Tribunal Constitucional de Alemania. Los jueces alemanes pusieron en duda la legalidad de este programa, pero decidieron por primera vez en la historia elevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE.
La sentencia supone también un aval indirecto al actual programa de compra de deuda que el BCE puso en marcha el pasado mes de marzo, y mediante el cual tiene previsto adquirir hasta 60.000 millones de euros al mes hasta septiembre de 2016 con el fin de combatir el riesgo de deflación en la eurozona. Este plan choca de nuevo con la oposición del Bundesbank alemán.
El programa OMT, anunciado por Draghi durante un discurso en Londres el 26 de julio de 2012, logró calmar los mercados y empezar a reducir las primas de riesgo de España e Italia, que estaban marcando máximos. "Dentro de nuestro mandato, el BCE está dispuesto a hacer lo que sea necesario para preservar el euro. Y créanme, será suficiente", dijo Draghi entonces.
El Tribunal Constitucional alemán preguntaba en concreto a la justicia europea si el programa excede el mandato del BCE en materia de política monetaria, usurpa competencias de los estados miembros e infringe la prohibición de financiación monetaria de los estados miembros impuesta por los Tratados.
En su sentencia de este martes, el Tribunal de Justicia de la UE responde que "los Tratados de la Unión autorizan al Sistema Europeo de Bancos Centrales a adoptar un programa con las características del programa OMT". "Habida cuenta de sus objetivos y de los medios previstos para alcanzar esos objetivos, el programa OMT pertenece al ámbito de la política monetaria y, por tanto, forma parte de las atribuciones del Sistema Europeo de Bancos Centrales", subraya el fallo.
"Así, por una parte, al tratar de salvaguardar la unicidad de la política monetaria, el programa OMT contribuye a la realización de los objetivos de dicha política, en la medida en que, con arreglo a los Tratados de la Unión, ésta debe ser "única". Por otra parte, al tratar de salvaguardar la adecuada transmisión de la política monetaria, dicho programa puede, a la vez, preservar la unicidad de dicha política y contribuir al objetivo principal de ésta, que es el mantenimiento de la estabilidad de precios", apunta el Tribunal.
El fallo sostiene además que "las características específicas del programa OMT no permiten afirmar que dicho programa sea equiparable a una medida de política económica" y que "no viola tampoco el principio de proporcionalidad".
En cuanto a la prohibición de ofrecer financiación monetaria a los Estados miembros, el Tribunal de Justicia considera que el BCE ha dado garantías suficientes de que su intervención no tendría un efecto equivalente al de la adquisición directa de bonos soberanos a las autoridades y organismos públicos de los Estados miembros.
"En la medida en que estas garantías permiten evitar que las condiciones de emisión de los bonos soberanos se vean alteradas por la certeza de que el Sistema Europeo de Bancos Centrales recomprará los bonos tras su emisión, también permiten excluir que la aplicación del programa OMT produzca, en la práctica, un efecto equivalente al de la adquisición directa de bonos soberanos a las autoridades y organismos públicos de los estados miembros", dice la sentencia.
Según el Tribunal de Justicia, "las características del programa OMT impiden igualmente que dicho programa pueda considerarse capaz de neutralizar en los estados miembros la incitación a aplicar una sana política presupuestaria y, por tanto, capaz de eludir el objetivo que se persigue al prohibir ofrecer financiación monetaria a los estados miembros".