Valencia tendrá un Gobierno de izquierdas y nacionalista. Tras varios días de negociaciones, los socialistas valencianos, los nacionalistas de Compromís y la rama regional de Podemos han decidido que sea el socialista Ximo Puig el que presida la Generalidad. Finalmente, Mónica Oltra (Compromís) ha cedido y ha aceptado la Presidencia de Puig en un gobierno con diez miembros repartidos de forma proporcional entre las tres formaciones políticas en función de sus resultados.
Para escenificar el acuerdo, PSPV, Compromís y Podemos han elaborado la nueva hoja de ruta para la Generalidad de Valencia, un texto que ya es conocido como el Acuerdo del Botánico por el lugar en el que se firmó. El documento no es largo, apenas cuatro folios, pero está lleno de promesas, sobre todo en materia de gasto.
A pesar de que la Comunidad Valenciana es una de las autonomías con más problemas de deuda y déficit, sus nuevos responsables (si se confirma el pacto en la sesión de investidura) no han sido nada tímidos en sus propuestas. No hay prácticamente ningún área del Gobierno autonómico en el que no se haya planteado un fuerte incremento presupuestario.
Desde el PP de la Comunidad Valenciana, se calcula que hablamos de unos 4.000 millones de euros extra, sobre un presupuesto de unos 17.000 millones. Es una cantidad de difícil encaje en el actual contexto y en las disposiciones de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Las siguientes son las medidas más llamativas:
1. Rescate ciudadano: "Toda persona debe tener cubiertas las necesidades vitales básicas. Todos los valencianos tienen derecho a vivir en condiciones que garanticen su dignidad como ser humano", y, por ello, les otorgarán las siguientes prestaciones:
- Derecho a la vivienda: evitar que se desahucien personas sin alternativa de vivienda.
- Renta garantizada de ciudadanía (sin cuantía específica).
- Derecho a la luz, agua y gas.
- Combatir la pobreza infantil: extensión de plazas y becas de comedores escolares no restringidos al calendario escolar. Además, garantizar que los alumnos disponen de los libros adecuados.
- Dependencia: aplicación efectiva de la Ley de promoción de la autonomía personal dotándola de los recursos necesarios y resolución inmediata de los casos pendientes.
- Violencia de género: programas integrales que afectan a educación, servicios sociales, sanidad, fuerzas de seguridad, Administración Pública, justicia, cultura, medios de comunicación y Hacienda.
2. Regeneración democrática: quieren implantar una Ley Valenciana de Transparencia, garantizar la "presencia de representantes de la sociedad civil" en las comisiones parlamentarias y en la elaboración de presupuestos" y la creación de una Oficina de lucha contra el fraude, entre otras medias.
3. Gobernar para las personas: pretenden restablecer la ampliación de los servicios públicos "poniéndolos bajo la lógica del bienestar colectivo y nunca del lucro privado". Esto debe traducirse en primera instancia "en una política de desmercantilización", que prioriza el gasto en sanidad y educación a través de la "elaboración y negociación con el conjunto de los acreedores de la Generalidad un plan de reestructuración de la deuda que impida que los vencimientos limitan la aplicación de estas prioridades".
- Recuperación del sistema sanitario público: auditoría de los concesiones administrativas sanitarias y estudio de las vías adecuadas que permitirían la reversión completa.
- Recuperación de la atención sanitaria para todos aquellos colectivos que la han perdido con el Real Decreto 16/2012.
- Paralizar los recortes en servicios públicos y progresivamente garantizar la extensión y el aumento de la calidad.
- Extensión progresiva de la enseñanza pública de 0 a 3 años. Incremento progresivo de la oferta de formación profesional.
- Incrementar el número de profesores.
- Recuperar la radio y televisión públicas valencianas.
4.- Nuevo modelo productivo: "El despliegue de un nuevo modelo productivo es un requisito para la salida de la crisis", y éste consiste en:
- Reindustrialización: para la recuperación de la agricultura valenciana, por el impulso de un turismo sostenible y por un modelo de comercio equilibrado que dé apoyo al comercio de proximidad.
- Transición ecológica del modelo productivo: con especial atención a la eficiencia energética y el impulso de las energías renovables.
- Banca pública: refundación del Instituto Valenciano de Finanzas para transformarlo en una entidad pública con acceso al crédito del BCE y fondo del BEI.
- Dotación de las infraestructuras estratégicas: garantizar la finalización del Corredor Mediterráneo cuanto antes.
¿Cómo piensan pagarlo?
Aunque en todo proyecto la parte de la financiación es una de las principales, en el Pacto del Botánico el apartado más escueto es el dedicado a explicar de dónde obtendrán el dinero para costear sus medidas.
De hecho, el texto menciona únicamente que, para evitar ser "tratados como ciudadanos de segunda" por Madrid, Barcelona o Bruselas exigirán al Estado "una financiación adecuada para poder garantizar la prestación de los servicios públicos y el reconocimiento de la Deuda Histórica del Estado".
Respecto a la deuda de la Generalidad (la segunda región más endeudada de España después de Barcelona), plantean celebrar una auditoría ciudadana. Por último, pretenden crear una Agencia Tributaria propia, "de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Autonomía".
En este sentido, hay que destacar que Compromís llevaba en su programa numerosas medidas que implicaban incrementos tributarios, que afectarían a casi todos impuestos (especialmente a los más relevantes). Es cierto que no se puede saber cuál se aplicará y cuál no: ¿el programa fiscal de Compromís o el del PSOE? ¿mitad y mitad?
El Pacto del Botánico tampoco ha calculado cuál será el precio de llevarlo a cabo. Desde el PP de Valencia, aseguran a este periódico que llevar a cabo esta larga lista de medidas planteadas costará más de 4.000 millones de euros.
Las siguientes son las principales promesas de la formación nacionalista sobre fiscalidad. Habrá que preguntar a sus socios de coalición cuántas y cuáles aceptarán:
- Exigir la reforma del Impuesto a Depósitos Bancarios a escala estatal para garantizar una recaudación suficiente para la Generalidad y favorecer la banca ética, cooperativa y la presencia en el territorio.
- Dado que el acceso universal a la cultura es un derecho inalienable, pediremos al Estado central la revisión del Impuesto sobre el Valor Añadido para aplicar el tipo superreducido del 4 % a todos los productos culturales y conseguir, además, la configuración de un sector industrial cultural potente.
- Recuperación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para grandes cantidades, garantizando la exención para bases imponibles reducidas.
- Reforma del Impuesto sobre el Patrimonio, para transformarlo en un impuesto sobre la riqueza en general y no exclusivamente sobre bienes inmuebles.
- Reforma del tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cambiando la naturaleza de las deducciones y favoreciendo a las personas que, con vínculos familiares o sin ellos, tengan a su cargo a otros discapacitados o en situaciones de dependencia social.
- Impuesto al Impacto Territorial de las Grandes Superficies, adaptado a la normativa europea, cuya recaudación irá destinada a políticas de apoyo a la innovación y al comercio de proximidad.
- Mejor desarrollo normativo de los tributos propios en materia de medio ambiente, para desincentivar las prácticas que atentan contra el territorio.
- Estableceremos la obligatoriedad de los registros municipales de viviendas y de solares, y estableceremos un sistema de tasas que incentive su puesta en el mercado.