Juan Rosell, Antonio Garamendi, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez se han hecho la foto. El pasado lunes, patronal y sindicatos dieron por finalizada una negociación que parecía interminable: el III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). El documento ha sido rebautizado como "el pacto salarial de la recuperación" y establece las cuantías de las subidas salariales para los próximos años.
Así, CEOE, Cepyme, CCOO y UGT han firmado un incremento para los salarios de los españoles de hasta el 1% este año y de hasta el 1,5% al que viene. En los referente al año 2017, la subida queda pendiente de negociación.
Aunque han tardado más de cinco meses en ponerse de acuerdo en su redacción, lo cierto es que este texto no tiene carácter vinculante para ninguna empresa. Se trata simplemente de un documento orientativo cuya única función es establecer una serie de recomendaciones que sus protagonistas respetarán (o no) según sus propios criterios, que serán fundamentalmente económicos.
Si no lo aplican, los único que les puede pasar a las organizaciones firmantes que se encuentren con una lluvia de críticas por parte de la opinión pública y de los trabajadores afectados. Como bien remarcó el presidente de Cepyme Antonio Garamendi, el término usado en el texto en "hasta con h", lo que significa que esos porcentajes son únicamente topes que le otorgan un margen de maniobra muy amplio a las compañías de los diferentes sectores de la economía española para llevar a cabo las subidas de sueldo anuales que consideren. Y estas van van desde 0% hasta los niveles establecidos.
Los sindicatos insisten en que se trata de referencias del carácter "vinculante y obligacional" y que implican, necesariamente, una mejora de las remuneraciones, aunque en respuesta a la consulta de Libre Mercado, José Manuel Martín, socio director del despacho laboralista Sagardoy, descarta esta idea. De hecho, "es probable que organizaciones de ámbito inferior que no han participado en el documento no sigan estas consignas", comenta en referencia a los sindicatos minoritarios.
Este acuerdo se refiere sólo a los empleados cuya actividad está regulada bajo algún convenio colectivo (que son más del 80% de los empleados) y siempre que ése convenio sea nuevo o esté pendiente de negociación. En este sentido, hay una larga lista de convenios en sectores importantes que han finalizado y que estaban esperando al tardío pacto para ser redactados, como es el caso de la banca, la consultoría, la industria química o la madera. Además, el pacto salarial deja fuera a los trabajadores autónomos y a los funcionarios. Eso sí, afectaría de la misma manera a los contratos indefinidos como a los temporales.
Otro de los puntos importantes del documento es que recomienda que los salarios suban más que la inflación, para "garantizar el poder adquisitivo del empleado". Para ello, sugiere que los convenios negociados, además de tener cuenta las alzas salariales, deben asegurarse de que la suma de los salarios de 2015 y 2016 será mayor a la suma de las inflaciones de ambos años. Por lo tanto, si la inflación de este año y del que viene es superior al 2,5%, los salarios recuperarán la diferencia en 2017.