Es lo que concluye la Agencia Tributaria tras comprobar que la Junta de Andalucía puso en marcha el proceso de las exoneraciones, esto es, liberar al beneficiario de las ayudas de formación de justificar el gasto mediante la presentación de lasa facturas originadas por la actividad y seguir concediendo ayudas a los beneficiarios a pesar de ello. Lo hizo en una norma de 2009 que responsabilizaba a auditorias contratadas por los beneficiarios de la justificación de los gastos.
Según informa El Mundo ha sido la unidad combinada de Vigilancia Aduanera de Huelva –dependiente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)– la que en un informe enviado el pasado mes de febrero a un juzgado de Sevilla. En él, se investiga al empresario de la formación José Sivianes Sánchez por fraude fiscal y blanqueo de capitales.
Fue Libertad Digital quien puso sobre la mesa el caso Sivianes en 2012. El caso, esencialmente, responde a una ayuda de seis millones de euros concedida a José Sivianes Sánchez quien tenía en una de sus empresas a un consejero socialista de Moguer. La recepción de subvenciones se hace por la vía propia y personal de José Sivianes Sánchez, como persona física, de alta de 2004. También aparece como Instituto Andaluz de Enseñanza y otras empresas.
Aunque el "origen" de los hechos investigados se cree está la orden de 23 de octubre de 2009, ya había subvenciones en 2008. En esa orden la justificación de las subvenciones se hacía mediante una cuenta justificativa y un informe de auditor de cuentas, suponiendo que éste comprobaba gastos y cumplimiento de requisitos de las subvenciones, cosa que, al parecer, no se hizo. Téngase en cuenta que el informe lo pagaba el beneficiario de la subvención con cargo al dinero de la propia subvención y no tenía obligación de entregar las facturas justificativas a la Junta de Andalucía.
Con la disposición de la Junta, deduce Hacienda, la Junta "traslada la auditoría de subvenciones a una empresa" que, "en el mejor de los casos, se limita a realizar una comprobación formal del dinero empleado, es decir, que las facturas cumplan con los requisitos formales y con los criterios establecidos, no entrando a valorar la realidad de las sociedades que están auditando".
La Agencia Tributaria recuerda que ese informe de auditoría externa lo paga el beneficiario de la ayuda "con cargo a la subvención concedida" y que éste no está obligado a entregar las facturas a la Junta de Andalucía. Tan sólo ha de almacenarlas y "tenerlas a disposición de la Junta de Andalucía".
Ahora, técnicos de la Administración autonómica han comenzado a realizar "la auditoría real de las subvenciones" ante la "ceguera" de las auditorias privadas. De hecho, los informes de las Intervenciones Provinciales, otra exclusiva de Libertad Digital, ponían de manifiesto esta coincidencia en la inmensa mayoría de las auditorias que no detectaron las numerosísimas irregularidades comprobadas.
Los interventores son muy críticos con la labor realizada por los auditores y cuestionan abiertamente la rigurosidad de sus trabajos, de los que llegan a decir que se limitan a ajustarse "a los parámetros de la subvención para que el beneficiario cumpla con las normas establecidas". En algún caso, como repite El Mundo, se llegaba a plantear incluso "la posibilidad de exigir responsabilidad profesional del auditor".
El caso Sivianes
Es el caso del conjunto de empresas formadas por José Sivianes Sánchez en Sevilla, empresas en las que participa su familia y además, Juan Luis Ferrer Rodríguez, militante socialista residente en la localidad onubense de Moguer, que fue candidato en las listas del PSOE de las elecciones municipales de 2007 y que, posteriormente, fue colocado a dedo por el actual alcalde de la localidad. Este grupo de empresas de formación ha recibido más de 6 millones de euros de subvenciones entre 2008 y 2012.
Sivianes Sánchez había venido recibiendo subvenciones desde, al menos, el año 2008. Tiene el domicilio de la actividad en c/ Zaragoza de Sevilla donde aparecen domiciliadas otras sociedades relacionadas con la formación y que reciben subvenciones. La recepción de subvenciones se hacía por la vía propia y personal de José Sivianes Sánchez, como persona física, de alta de 2004. También aparece como Instituto Andaluz de Enseñanza. Estas son las resoluciones recopiladas que subvencionaron a Sivianes y sus empresas:
R. 31/01/2011: 2.324.990 (todas en euros)
R. 21/3/2012 50.000 (art 40)
R. 25/1/2008 163.989
R. 24/1/2008 81.994
R. 24/1/2008 69.762
R. 30/01/2009 309.792 (C1)
R. 30/01/2009 309.792 (R2)
En la empresa, en la que participa con otros, Formación Integral para el Empleo, con actividad desde 2002, en la que aparecían como Administradores: Ana Mª Rodríguez Jesús y Juan Luis Ferrer Rodriguez, militante del PSOE de Moguer, se recibieron las subvenciones siguientes:
R. 31/01/2011: 2.211.237 (todas en euros)
R. 21/3/2012 50.000 R. 8/6/2012 43.837 (convocatoria de R.1/8/2011)
R. 24/01/2008: 27.331
R. 24/01/2008: 127.716
R.30/01/2009: 425.700
R.30/01/2009: 425.700
En conjunto, más de 6 millones de euros, esto es, 1.000 millones de pesetas.
Además, aparecía asimismo la empresa Nuevas Tecnologías Integradas en la Formación SL, con domicilio social c/ San Jorge ,7, mismo que la anterior y en la que asimismo aparece como administrador el socialista Juan Luis Ferrer Rodriguez. En el grupo había otra empresa, Consultores Integrales Planificados en las Nuevas Estructuras SL, constituida el 13/7/2010, con el mismo domicilio, de momento sin actividad, José Sivianes sucede como administrador a Alejandro Manuel Escudero Fernández .El vínculo expresamente comprobado con el PSOE es la presencia de Juan Luis Ferrer Rodríguez en varios de los consejos de administración de este grupo formativo que recibe más de 6 millones de euros en subvención.
Dado que tiene residencia en Moguer, como ha podido comprobar LD, su presencia resulta de incierta justificación. Ferrer aparecía con el número 17 de la lista de las elecciones municipales del PSOE en Moguer, una poderosa sede del PSOE onubense por la influencia que tiene actualmente en el PSOE andaluz uno de sus máximos dirigentes, el número dos de Susana Díaz en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, natural de Moguer y con poder indiscutible en la ciudad.