El Gobierno volvió a sacar pecho el pasado jueves con la presentación del nuevo cuadro de previsiones económicas, aprovechando, además, los últimos datos de crecimiento económico avanzados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El PIB creció un 0,9% en el primer trimestre y avanza a un ritmo del 2,6% interanual, la mayor tasa registrada desde el estallido de la crisis. Pero la clave, según enfatiza el Ejecutivo, es que esta buena marcha se mantendrá en los próximos años, ya que la economía nacional está entrando en un nuevo círculo virtuoso por el cual crecerá cerca de un 3% y creará una media de 500.000 puestos de trabajo al año hasta 2018. Será entonces cuando, finalmente, se alcance el ansiado objetivo de los 20 millones de ocupados y una tasa de paro próxima al 15%, según dichas estimaciones oficiales.
Tal y como viene siendo habitual, el discurso del Gobierno vuelve a pecar de excesivo optimismo, inadecuada complacencia y, sobre todo, escasa ambición. En cuanto al crecimiento, es cierto, España crece y crea empleo, pero no lo hace gracias al Gobierno, sino a pesar de él. El PP aprobó una reforma laboral positiva, pero insuficiente, para impulsar con fuerza la indispensable creación de empleo. Además, el Gobierno no cerró del todo dicha normativa y, como consecuencia, muchas de sus ventajas están siendo tumbadas por los tribunales de lo social, descafeinando con ello el espíritu y la eficacia de la reforma. El resto de grandes medidas puestas en marcha por Mariano Rajoy se resumen en el rescate de las cajas de ahorros, a costa de los contribuyentes, una histórica subida de impuestos, un exiguo recorte de gastos, la prolongación del agónico y quebrado sistema de pensiones públicas, así como unas muy limitadas medidas de liberalización económica.
Y el problema es que a escasas reformas, exiguos resultados. Según los pronósticos oficiales, el PIB nacional cerrará 2015 con un avance de apenas el 2% con respecto a 2011, la ocupación apenas crecerá en 17.000 personas durante toda la legislatura, la tasa de paro tan sólo se reducirá en un 7%, España registrará el mayor déficit de la zona euro y la deuda rozará el 100% del PIB, tras disparase más de un 40% desde 2011. Es decir, una combinación de mínimo crecimiento, nulo empleo, un paro superior al 20%, déficit elevado y deuda insostenible a medio y largo plazo. El Gobierno se escuda en que la prometida salida de la crisis tendrá lugar en la próxima legislatura, siempre y cuando se garantice la estabilidad política y el rumbo económico iniciado en el presente mandato, pero lo cierto es que la presente legislatura ya se da por perdida, y el resto no son más que vagas e inciertas promesas. Lo grave es que, hoy por hoy, el futuro de la economía española no depende tanto de nuestras fortalezas intrínsecas como del viento favorable del contexto internacional (tipos bajos, caída del petróleo, impulso de la demanda externa...).
El PP ha perdido una oportunidad de oro para acometer las profundas reformas estructurales que precisaba, y aún precisa, España con el fin de entrar en el selecto grupo de países fuertes de Europa, como es el caso de Alemania y las economías nórdicas. Desde el momento en que el Banco Central Europeo anunció a los inversores, en el verano de 2012, que no permitiría la quiebra de España y otros grandes países, Rajoy, haciendo gala de su indistinguible estilo, se cruzó de brazos y, simplemente, esperó a que la tormenta escampara, confiando en el devenir del destino, al igual que hizo Zapatero... Hasta que la fatídica crisis del euro destrozó sus ilusiones. Tarde o temprano, la dejadez de Rajoy acabará pasando factura, tanto al PP como al conjunto de los españoles.