Nuevo mazazo judicial a Coca-Cola Iberian Partners. El Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad del ERE que llevó a cabo el año pasado la embotelladora oficial de la Coca-Cola en España. Dicho ERE se anunció tras el cierre de cuatro de las once fábricas que la compañía tenía repartidas por toda España y acabó afectando a 1.190 empleados. Las plantas de Fuenlabrada, Alicante, Asturias y Palma de Mallorca fueron las instalaciones clausuradas.
Es importante recordar que aunque Coca-Cola Iberian Partners es el único embotellador autorizado por la multinacional del refresco en nuestro país, se trata una empresa externa, de capital 100% español, que opera de forma independiente a Coca Cola España o a Coca Cola Company. Por lo tanto, la decisión de llevar a cabo el ERE ha sido exclusiva de la embotelladora, no de la multinacional.
Coca-Cola Iberian Partners presentó el expediente por causas "organizativas y productivas", ya que ninguna de las fábricas, "ni en los picos de mayor producción", llegaba a operar al 80% de su capacidad, por lo que no podían seguir "manteniendo fábricas con tanta capacidad ociosa".
Pero la compañía les ofreció a sus trabajadores unas condiciones más que atractivas para que se acogieran a su plan. De hecho, teniendo en cuenta los mínimos establecidos en la última reforma laboral, que ya estaba vigente en enero de 2014, cuando comenzó todo, la gran mayoría de los trabajadores se acogieron al ERE.
Y es que la embotelladora les ofreció recolocaciones, bajas voluntarias y prejubilaciones doradas. En concreto, si las recolocaciones implicaban un cambio de residencia, a su sueldo habría que añadir una ayuda de 15.000 euros más 500 euros al mes durante dos años. Para las bajas voluntarias se establecieron incentivos de 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades más 10.000 euros lineales. Las prejubilaciones para los empleados a partir de 56 años se harían con el 80% del salario neto. Además, se ofrecía la posibilidad de que se acogieran a ellas empleados de fábricas no afectadas,
En total, 895 empleados se acogieron al ERE voluntariamente y sólo 321 personas lo rechazaron. Para intentar llegar a un acuerdo, la embotelladora de Coca-Cola llegó a contratar a Manuel Pimentel para mediar en el conflicto. Según fuentes cercanas a las negociaciones consultadas por Libre Mercado, Pimentel llegó a ofrecer a los empleados que no estaban conformes con el ERE hasta 65 días por año trabajado. También lo rechazaron.
Los prejubilados, "preocupados"
La anulación del Supremo viene a ratificar la sentencia que dictó la Audiencia Nacional el pasado julio declarando nulo el ERE. Tras conocerse la nulidad del expediente de regulación por parte de la Audiencia Nacional, Coca-Cola Iberian Partners interpuso un recurso ante al Alto Tribunal que, ahora, acaba de ser rechazado.
Tras la decisión judicial, hay varias incógnitas por resolver. Y es que, mientras que los empleados que se negaron a acogerse al ERE (la mayoría pertenecientes de la fábrica de Fuenlabrada) claman por volver a trabajar a las plantas clausuradas, el embotellador rechaza rotundamente la reapertura de unas instalaciones que ya están desmanteladas. A esto hay que sumar que hay cerca de 800 empleados que ya no trabajan en la compañía, ya sea porque se han prejubilado o porque han sido despedidos con una indemnización que ahora temen perder.
Por lo tanto, la pelota ha vuelto al tejado tanto de la Audiencia Nacional como de Coca-Cola Iberian Partners, que tendrán que tomar una decisión sobre el futuro de la compañía. Desde el sindicato USO, presente en la embotelladora, han identificado las tres únicas vías para poner fin a este conflicto.
En cualquiera de los casos, según USO, estas opciones sólo afectarían a las 321 personas que no aceptaron el ERE, de modo que los empleados que se acogieron voluntariamente al expediente seguirán manteniendo las condiciones pactadas.
El secretario de Acción Sindical de USO, José Vía, ha asegurado a este periódico que ha recibido "numerosas llamadas de prejubilados preocupados por si les obligaban a volver a trabajar y les retiraban la pensión", así como de exempleados que "con las indemnizaciones por despido se han quitado todo o parte de la hipoteca y que temen que les obliguen a devolver el dinero". Vía asegura que "les hemos dicho que no se preocupen, que están a salvo, que sus condiciones no van a cambiar".
Las tres posibles soluciones
- Indemnizaciones: la ley contempla que en el caso de declarar nulo un ERE los empleados deberán ser readmitidos en las mismas condiciones y en los mismos puestos de trabajo en los que estaban. En este caso, las fábricas ya están cerradas y los puestos de trabajo ya no existen, por lo que entraría en juego el Incidente de Readmisión.
Esta figura establece que, como no puedes obligar a una empresa a crear nuevos puestos de trabajo, los despidos pasarían de nulos a ser improcedentes, aplicando la indemnización de 45 días por año hasta el 2012, cuando entró en vigor la reforma laboral, y de 33 días desde esa fecha hasta 2014. Eso sí, los empleados tampoco recibirían ya ninguna cuantía lineal. Para USO, esta opción es la más probable.
- Un nuevo ERE: el argumento que ha dado el Tribunal Supremo para anular el ERE es la "vulneración del derecho de huelga", debido a que durante la huelga convocada en contra del despido por el cierre del centro de Fuenlabrada (Madrid), la empresa sustituyó la producción dejada de realizar por la de otras embotelladoras del grupo, cayendo en la suplantación de los huelguistas.
Como el Alto Tribunal no hace alusión a las causas "organizativas y productivas" del ERE, las que justificó Coca-Cola Iberian Partners desde el principio, la compañía podría volver a formular un nuevo ERE. Es probable que en este caso las condiciones a negociar no sean tan ventajosas como las presentadas hace un año, sino que se limitarán a cumplir la legislación actual.
- Recolocación: la tercera opción sería readmitir a los empleados y, como las fábricas siguen cerradas, se les aplicaría un Expediente de Movilidad Geográfica y se les ofrecería el traslado a otra de las fábricas que están operativas. Si rechazan la oferta, se les aplicaría una rescisión de contrato por la que se les pagaría 12 mensualidades de trabajo, lo que marca la ley. Ésta sería la solución más perjudicial para los empleados.
Además, en el caso de la readmisión de los trabajadores, la embotelladora tendría que hacerse cargo de los salarios de tramitación (los dejados de percibir por el empleados desde la fecha del despido) abonados durante, aproximadamente, un año.
El secretario de Acción Sindical de USO confía en que "antes del verano esté perfilada la dirección que van a tomar". Vía considera "intolerable que la decisión de unos pocos no respete las libertades individuales de una gran mayoría de trabajadores que decidió acogerse al ERE".