Proteger a los clientes, es la excusa que arguye el sector turístico para que los gobiernos locales y regionales regulen los apartamento turísticos no reglados. Desde hace meses, el sector hotelero parece haber declarado la guerra a los apartamentos turísticos y a las aplicaciones que facilitan el alquiler de este tipo de viviendas.
José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, que reúne a todos los representantes de la actividad turística, ha mostrado este martes una vez más su "honda preocupación por la formación de una economía sumergida mal llamada colaborativa", en clara referencia a los apartamentos turísticos. Por ello, pide regular y controlar para "evitar con rigor y firmeza el impacto desfavorable de carácter laboral, económico y ciudadanos que hoy genera la creciente economía sumergida" en el sector.
En palabras de Zoreda, esta opción turística está favorecida por "la laxitud y vacíos legales que ni aseguran la protección del turista, ni garantizan nuevos modelos más sostenibles". Unas protestas contra este tipo de apartamentos que se han agravado en los últimos años poniendo el foco en lugares como La Barceloneta en los que los incidentes con algunos visitantes extranjeros han sido la excusa para atacar el alquiler de apartamentos para el turismo.
Una excusa que Pablo Zubicaray, presidente de Fededaración Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (FEVITUR), calificaba de absurda en una reciente entrevista con Libre Mercado. "No es cierto que nuestra actividad genere problemas vecinales. De hecho, si preguntas a la Comunidad de Madrid o al Ayuntamiento si tienen algún tipo de quejas, no existe", asegura.
Además, la tendencia parece clara, el 30% de los españoles ha alquilado una vivienda vacacional en los últimos tres años, según el primer Barómetro de Vivienda Vacacional en España elaborado por HomeAway y la Universidad de Salamanca y publicado el año pasado. Su actividad generó un impacto de más de 6.500 millones de euros en el entorno de las viviendas (comercios, bares, restaurantes, etcétera).
No obstante, desde Exceltur, llevan meses pidiendo una mayor regulación para este tipo de apartamentos. Preguntado por LM sobre el nivel adecuado de legislación opta por quedarse en "un punto intermedio entre cero regulación y máxima regulación, busquemos un punto de equidad en el cual se respeten los derechos del consumidor dentro de una libertad de competencia que por supuesto está abierta para todos".
Preguntado también por este periódico sobre qué ha cambiado para que el sector cargue con tanta fuerza contra un tipo de turismo que no es un fenómeno actual, dice Zoreda que "lo que pasa es que cambia el perfil del uso, una cosa es el alquiler de una vivienda para larga duración y otra el alquiler por días o incluso, si me permite la demagogia, por horas. El nivel de capacidad de alterar y de externalidades negativas puede ser muy distinto".
Sin embargo, más allá de la defensa del consumidor que alude el sector y el cambio de perfil de los clientes, la clave de esta 'cruzada' de los hoteleros contra los apartamentos turísticos se encuentra en que ya están notando una caída en su rentabilidad en favor de esta oferta como en Barcelona. Un sector que pide para sí "nuevos y más flexibles marcos legislativos así como la regulación de ciertos modelos turísticos".
Joseba Cortázar, de HomeAway España -una plataforma líder en el alquiler de apartamentos vacacionales-, cree que el argumento de la protección al cliente con el que se escuda el lobby hotelero "es un argumento más, pero son los propios usuarios los que piden alquiler vacaciones en todo el mundo, será porque están satisfechos con este tipo de alojamientos". Cortázar asegura a Libre Mercado que el 78% de los usuarios que ellos encuestan y que utilizan su plataforma "dicen que volvería o recomendaría alojarse en una casa de este tipo en vacaciones y el 89% lo considera un alquiler ideal".
Desde HomeAway están de acuerdo con regular "en tanto que facilitan unas normas de juego para todos y generan un marco seguro para la actividad. Pero, obviamente una regulación que tenga en cuenta el interés general, el bien común y que sea acorde a la realidad de la vivienda del uso turístico".