Las comunidades autónomas (CCAA) registraron un déficit público de 17.529 millones de euros en 2014, casi 1.500 millones más que un año antes, incumpliendo, una vez más, los límites máximos fijados por el Gobierno. En concreto, el agujero presupuestario se situó en el 1,66% del PIB regional frente al 1,52% de 2013, protagonizando así el primer aumento desde 2011 y desviándose casi un 60% respecto al objetivo oficial (1% del PIB).
Pero, más allá de este particular incumplimiento, resulta relevante observar la evolución de las cuentas autonómicas durante los últimos años para observar si, efectivamente, se ha producido o no, y en qué grado, la tan cacareada austeridad pública. El último informe de Fedea, publicado este martes, entra en esta cuestión mediante el análisis de las finanzas autonómicas entre 2003 y 2014.
El estudio incluye una serie de ajustes en los presupuestos de las CCAA para aproximarse en la medida de lo posible a los criterios de Contabilidad Nacional, y toma como referencia 2003 por ser el primer ejercicio en el que todas las autonomías fueron responsables de la gestión de la sanidad, tras la correspondiente cesión de competencias por parte del Gobierno.
En primer lugar, la evolución de los ingresos y gastos no financieros muestra varias fases:
- Entre 2003 y 2007, ambas variables crecen a un ritmo similar, lo que permite mantener el equilibrio presupuestario e incluso un ligero superávit fiscal.
- Entre 2007 y 2009, los gastos se disparan muy por encima de los ingresos.
- Entre 2009 y 2011, los ingresos se desploman como resultado de las abultadas liquidaciones negativas de 2008 y 2009 (el Gobierno transfirió más recursos de los debidos a las CCAA a través del sistema de financiación territorial en los primeros años de la crisis), lo que se traduce en un rápido aumento del déficit a pesar de la caída del gasto.
- Tras 2011, este efecto atípico desaparece y el déficit comienza a reducirse, aunque a un ritmo decreciente.
En concreto, el informe destaca que entre 2003 y 2009 los ingresos de las CCAA aumentaron en torno a quince puntos, pero luego se desplomaron más de 20 puntos en dos años, hasta casi regresar a su nivel de origen, de modo que el volumen total de ingresos en 2014 se situó "2,7 puntos por debajo del nivel observado en 2003". Igualmente, "el gasto creció 30 puntos entre 2003 y 2009 y se ha reducido desde entonces en 21 puntos, lo que nos deja 9 puntos por encima del registro inicial, o con un nivel de gasto sobre PIB similar al observado en 2007".
Así pues, mientras que los ingresos autonómicos han retrocedido a los niveles previos a la burbuja crediticia, el gasto regional se mantiene en el pico máximo de la expansión económica, con el consiguiente descuadre presupuestario.
El único ajuste se centra en la inversión pública
Otra forma de verlo es tomar como referencia el desequilibrio fiscal acumulado desde 2003 a 2014 y analizar su origen. Dicho agujero, equivalente al 1,42% del PIB, se debió en un 24% a la caída de los ingresos (-0,33% del PIB) y en un 76% al aumento de gastos autonómicos (+1,08% del PIB) registrado durante este período, lo cual también desmonta el teórico esfuerzo de austeridad pública que tan insistentemente se ha pregonado durante la crisis.
De hecho, Fedea advierte de que "el incremento del gasto juega un papel fundamental en el deterioro del saldo presupuestario en la mayor parte de las regiones". El incremento del gasto no financiero total tuvo su origen en el "fuerte incremento del gasto corriente" (+1,61%), donde se incluyen sueldos y servicios públicos, y en el "rápido crecimiento de la partida de intereses" (+0,51%), a pesar de que la inversión cayó "con fuerza" (-1,08%).
Gasto real por habitante
La evolución es similar si se analiza el gasto autonómico por habitante a precios constantes (descontando la inflación), que es el indicador más "razonable" para medir la capacidad de los gobiernos regionales a la hora de prestar sus servicios públicos, según Fedea.
Así, "tras un fuerte incremento tanto de los ingresos como de los gastos reales, ambas magnitudes vuelven a niveles próximos a los de partida [...] En 2014, el gasto real por habitante era superior en unos cinco puntos al registrado en 2003, mientras que el ingreso era inferior al nivel de partida también en unos cinco puntos".
Igualmente, dentro del gasto no financiero por habitante, se observa un comportamiento muy diferente según las grandes partidas que se analicen. Por un lado, la inversión pública (operaciones de capital) cae de forma muy sustancial, "hasta situarse ligeramente por debajo de la mitad de su valor inicial", mientras que el gasto corriente per cápita registra una "caída mucho más modesta" a partir de 2009, manteniéndose hoy en niveles muy similares a los de 2005 y 2006.
Es decir, el grueso del ajuste autonómico protagonizado durante la crisis se ha centrado en reducir la inversión pública y no los servicios públicos esenciales, como se suele aducir, ya que el gasto real en estos últimos se mantiene en niveles próximos a los de la burbuja.
Asimismo, "el gasto en intereses se triplica en pocos años como resultado de la rápida acumulación de deuda y de la subida de la prima de riesgo", advierte el estudio.
En concreto, el siguiente cuadro recoge el gasto autonómico por habitante en 2014 a precios constantes, tomando como base igual a 100 el ejercicio 2003, "un año en el que no parece que hubiera excesivas quejas sobre la calidad de los servicios públicos fundamentales en nuestro país", según explica el informe.
"Se ha dicho con frecuencia que la austeridad presupuestaria impuesta por la crisis ha resultado en recortes brutales de gasto que están poniendo en peligro el núcleo del Estado del Bienestar", pero el siguiente análisis sirve para comprobar "hasta qué punto es cierta esta afirmación", añade.
Y la cuestión es que los tres indicadores que componen el índice de gasto autonómico por habitante en 2014 arrojan el siguiente resultado:
- "El gasto en intereses se ha multiplicado por entre 1,5 y 9,5 en todas las regiones como resultado del fuerte incremento de su deuda".
- "La inversión productiva se ha reducido a menos de la mitad en 10 de las 17 comunidades autónomas lo que, de no corregirse en un tiempo razonable, terminaría comprometiendo la calidad de los servicios públicos que éstas pueden prestar".
- "El gasto corriente por habitante, neto de intereses y calculado a precios constantes, es superior al observado en 2003 en todas las regiones españolas, situándose en promedio un 12,7% por encima de esta referencia".
Y, puesto que este último indicador es el que mejor refleja "la calidad potencial del flujo de servicios autonómicos, […], dado que se mantiene significativamente por encima de su nivel de 2003, la conclusión de que hemos llegado al hueso [en referencia a los recortes] parece bastante arriesgada", concluye el informe de Fedea.
"De hecho, si fuese correcta, habría que analizar por qué las administraciones regionales han sido incapaces de mantener la calidad de los servicios fundamentales pese a contar, en principio, con recursos suficientes para ello", añade.
Es decir, el gasto real per cápita en Educación, Sanidad y el resto de servicios públicos en manos de las autonomías, que componen el núcleo del Estado del Bienestar junto con las pensiones, no han sufrido los supuestos "recortes brutales" que tanto se vienen denunciando.
Por ello, a modo de conclusión, Fedea alerta sobre la necesidad de intensificar la contención del gasto autonómico:
La situación de las cuentas regionales sigue siendo delicada porque el déficit corregido está claramente por encima del objetivo de estabilidad y porque la mejora de los saldos autonómicos registrada en los últimos ejercicios proviene en buena parte de una reducción de las partidas de inversión hasta niveles históricamente muy bajos que no podrán mantenerse por mucho tiempo sin que comiencen a afectar negativamente a la calidad de los servicios públicos.
Aunque la previsible recuperación de los ingresos en los próximos ejercicios debería traducirse en una gradual mejora de la situación, sería aconsejable que las comunidades autónomas continuasen trabajando en la contención de las partidas de gasto recurrente que representan el grueso de sus presupuestos y que, pese al recorte de los últimos años, han aumentado en un 16% su peso en el PIB desde 2003.