El Gobierno de extrema izquierda que lidera Alexis Tsipras mantiene su particular estrategia política de tira y afloja con la zona euro y, muy especialmente, con Alemania, su principal acreedor internacional. Así, pocos días después de haberse reunido con la canciller germana, Angela Merkel, en Berlín para acercar posturas sobre la prolongación del rescate heleno, Atenas insiste en reclamar a Alemania unas supuestas reparaciones de guerra que nadie reconoce, excepto los propios griegos.
En concreto, según las estimaciones anunciadas el lunes por el viceministro de Finanzas griego, Dimitris Mardas, Alemania debería pagar 278.800 millones de euros al Estado heleno por el coste derivado de la ocupación nazi durante la II Guerra Mundial, tal y como recoge Der Spiegel. Esta cifra equivale a cerca del 150% del PIB griego y casi el 10% del PIB alemán.
El Gobierno de Merkel, por su parte, ha afirmado por activa y por pasiva que no reconoce dicha reclamación, ya que el problema de las reparaciones de guerra se cerró en los años 60, previo pago de las indemnizaciones acordadas entre ambas partes. La cifra se conoce apenas una semana después de que Atenas haya constituido el comité encargado de calcular la cuantía de tales reparaciones.
Otro comité para analizar el rescate
No es el único comité polémico que ha creado el Gobierno de Tsipras. El Parlamento griego también aprobó esta misma madrugada la creación de una comisión de investigación para analizar las circunstancias que obligaron a Grecia a firmar su primer plan de rescate en 2010 y las causas del aumento exponencial de su deuda pública.
La iniciativa de Syriza -prometida en campaña electoral- y de su socio de la coalición, los nacionalistas Griegos independientes, contó con el apoyo de 156 diputados, mientras que votaron en contra 72 y se abstuvieron 22 parlamentarios. En un debate que duró más de ocho horas, el primer ministro Tsipras sostuvo que la comisión es una exigencia del pueblo, que espera respuestas "sin ánimo revanchista" a los "muchos signos de interrogación" que se han planteado en los últimos cinco años.
Como ejemplos de las preguntas que deben ser contestadas con "imparcialidad y objetividad", Tsipras citó las circunstancias que condujeron a la quita parcial de la deuda en manos privadas en 2012, así como averiguar quién y por qué se revisaron los datos del déficit en 2009, informa Efe.
Las cifras del déficit de 2009 fueron en el pasado motivo de gran polémica, pues primero se acusó al Gobierno saliente del conservador Kostas Karamanlís de falsearlas a la baja y luego a su sucesor socialdemócrata Yorgos Papandréu de hinchadas artificialmente para provocar la intervención de la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional). El exprimer ministro conservador Andonis Samarás, por su parte, advirtió al Gobierno de Tsipras de que si conduce el país a la quiebra se creará una comisión que deberá investigar "quién estrelló el país contra las rocas".
Con el objetivo de aclarar si los anteriores gobiernos defendieron los intereses de los griegos al firmar los programas de rescate, la investigación abordará cuatro periodos temporales y tiene la intención de depurar responsabilidades políticas.
Aunque en ninguno de los periodos se citan nombres en concreto, la primera fase va de octubre de 2009 a mayo de 2010 y pretende dilucidar los motivos que llevaron al Ejecutivo del entonces primer ministro Papandreu a solicitar el primer paquete de ayuda financiera.
La segunda se centrará en el siguiente contrato de préstamo, también bajo el mandato de Papandreu, e irá de mayo de 2010 a noviembre de 2011. La tercera se centrará en la quita parcial de la deuda en manos privadas, que formó parte del segundo plan de rescate, fijándose un marco temporal de noviembre de 2011 a mayo de 2012. La última partirá de ese momento en adelante e indagará en las acciones tomadas por el Gobierno liderado por el hoy principal partido de la oposición, el conservador Nueva Democracia.
Aunque no contempla que se investiguen eventuales delitos cometidos por políticos, si la comisión encuentra evidencias de que existieron responsabilidades penales, efectuará una recomendación para que el caso en cuestión sea perseguido.