A mediados de los años 80, la profunda crisis económica que atravesaba obligó a Suecia a tomarse en serio la necesidad de reformar el Estado del Bienestar, para evitar el colapso financiero y garantizar el crecimiento a largo plazo. Sobre la mesa estaban los galopantes costes de la sanidad y la educación, pero también la insostenibilidad fiscal del sistema de pensiones.
El difícil reto asumido por todos los partidos políticos suecos permitió encauzar un nuevo modelo de Seguridad Social, basado en una combinación de ahorro privado con reglas de sostenibilidad que ajustasen los beneficios a la capacidad de pago del sistema. Estos cambios fueron de la mano de distintas reformas laborales enfocadas a aumentar el número de ocupados, requisito indispensable para llenar la caja común que paga las pensiones.
La situación que atraviesa España debería haber propiciado un compromiso similar al descrito. Lamentablemente, los parches introducidos en el sistema de pensiones no han servido para darle la vuelta a la tortilla y consolidar un modelo sostenible. Como muestra, un botón: la famosa hucha de las pensiones tiene ya menos fondos que en 2007. A esto se une otro hecho controvertido que merece ser analizado con mayor detalle: bajo el nuevo sistema de financiación de la Seguridad Social, diversas partidas que antaño se financiaban vía cotizaciones quedan sufragadas por aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado.
Ni siquiera una recuperación económica sostenida eliminará los problemas de fondo del sistema actual. Aun si se disparara la ocupación, la realidad de una pirámide demográfica adversa en el largo plazo, debido al envejecimiento progresivo de la población, seguiría ahí.
Ante esta situación, urge una respuesta concertada por parte de las fuerzas políticas, capaz de extraer lecciones provechosas del exitoso modelo sueco. No podemos permitir que la bola de nieve siga creciendo: ignorarla no hará sino agravar las cosas.