Después de cinco años incumpliendo reiteradamente los objetivos de déficit que nos marcó Bruselas, parecía que por fin en 2014 el Gobierno del Partido Popular se había ajustado a los compromisos asumidos. Si bien Cristóbal Montoro, en un exceso de su tan característica arrogancia, prometió cerrar el año con un déficit público equivalente al 5,5% del PIB, la cifra finalmente alcanzada –el 5,7%, a saber, 60.537 millones de euros– se sitúa, en cualquier caso, por debajo del objetivo marcado por Bruselas, el 5,8%. Esta vez sí, por tanto, parece que hemos cumplido con el déficit.
Por desgracia, el Partido Popular sólo está tratando de engañarnos una vez más. La clave del asunto está en el cambio metodológico que experimentó el PIB a mediados del año pasado: el hecho de comenzar a contabilizar las drogas, la prostitución o los gastos en I+D permitió incrementar el Producto Interior Bruto de 2013 de 1,023 a 1,049 billones de euros y el de 2014 de 1,032 a 1,058.
Evidentemente, que el PIB se incremente mediante artificios contables –y no por una aceleración real del crecimiento económico– debería sernos irrelevante de cara al imprescindible objetivo de minorar el déficit. Que acordemos inflar el PIB ni reduce nuestros gastos ni incrementa nuestra capacidad de recaudación, por tanto no está en absoluto relacionado con cambios en nuestra solvencia subyacente. Imaginen que mañana Eurostat se levanta con el pie cambiado y propone calcular el PIB de un modo tal que se multiplique por diez con respecto a las cifras actuales: nuestro déficit público caería, por tan burdo maquillaje, hasta el 0,5% del PIB. ¿Significaría eso que España no necesitaría hacer ningún recorte más y que ya habríamos alcanzado la absoluta sostenibilidad financiera? No: nuestras cuentas públicas estarían en tal mal estado como lo están ahora.
Pues bien, dado que en 2013 –antes de la revisión metodológica del PIB– el Ecofin impuso a España un objetivo de déficit para 2014 del 5,8% del PIB, calculando el PIB con la metodología vigente en aquel momento, ¿qué les sucede a las cifras del Gobierno una vez eliminamos el maquillaje del PIB implementado a partir de 2014? Como ya hemos dicho, sin cambio metodológico el PIB de 2014 habría sido de 1,032 billones de euros; por su parte, el déficit público habría sido el mismo, a saber, 60.537 millones de euros. Es fácil calcular que, en tales circunstancias, el déficit de 2014 habría sido del 5,86%, por encima del objetivo del 5,8% marcado por Bruselas. España, por tanto, ha vuelto a incumplir.
Acaso algunos piensen que ese grado de incumplimiento tampoco es tan importante: apenas seis décimas que no empeñan el buen resultado obtenido. Discrepo. 2014 ha sido un año extraordinariamente propicio para recortar el déficit público: que, con todo el viento a favor, Montoro haya sido nuevamente incapaz de cumplir con Bruselas sólo ilustra la absoluta pasividad y desidia del ministro.
En 2014, gracias al crecimiento económico, los ingresos públicos aumentaron en 6.265 millones de euros sin que Montoro tuviera que hacer nada al respecto. A su vez, en 2014 el gasto en prestaciones y subsidios de desempleo se redujo en 5.230 millones debido simplemente al agotamiento de las ayudas y al aumento de la ocupación. Y, por último, las Administraciones Públicas se estuvieron financiando prácticamente gratis merced a las políticas monetarias expansivas implantadas y anunciadas por el BCE, razón que explica que nuestros gastos financieros apenas se incrementaran en 335 millones de euros pese a emitir 67.687 millones en nueva deuda. Es decir, si en lugar de a Cristóbal Montoro hubiésemos colocado al Pato Donald al frente del Ministerio de Hacienda, el déficit público se habría reducido en 11.160 millones de euros sólo por la afortunada confluencia de estos factores. ¿Y en cuánto lo ha hecho no con el Pato Donald sino con Cristóbal Montoro al frente? En apenas 6.000 millones. Es decir, Montoro y sus virreyes autonómicos, lejos de haber dedicado 2014 a seguir recortando el gasto en todas sus partidas, han aprovechado la favorable coyuntura para volver a incrementarlo en muchas de ellas. Dejación absoluta de funciones costeada por los sangrantes tributos que ellos mismos nos imponen.
Lo peor del asunto, sin embargo, es que todo apunta a que volveremos a incumplir en 2015. Incluso aceptando como válido el maquillaje del PIB y las más optimistas cifras de crecimiento económico (un 3,5% del PIB nominal), las Administraciones Públicas españolas deberían reducir su déficit en casi 15.000 millones. Sí: en 2015 deberán recortar su desequilibrio presupuestario 2,5 veces más de lo que lo han hecho en 2014. En año electoral y con una rebaja del IRPF que mermará la recaudación en 4.520 millones de euros, yo no contaría con ello. Ojalá me equivoque y, por una vez, Montoro cumpla con su palabra.