El histórico descuadre fiscal que registró España durante los primeros compases de la crisis se debió, en partes iguales, tanto al aumento del gasto público -por efecto de los estabilizadores automáticos y los planes de estímulo del anterior Ejecutivo- como al desplome de la recaudación fiscal como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria.
Así, tal y como recoge el Banco de España (BdE) en un reciente informe titulado Estructura impositiva y capacidad recaudatoria en España: un análisis comparado con la UE, "la caída de los ingresos públicos explica casi un 50% del incremento del déficit público entre 2007 y 2009". Cabe recordar que durante dicho período España pasó de registrar un superávit del 2% a un déficit del 11% del PIB, un deterioro equivalente a 13 puntos del PIB, algo inédito en la historia.
Y algo similar sucede durante el proceso de consolidación fiscal, ya que la reducción del déficit observado entre 2009 (11%) y 2013 (6,8%) "se debió en un 60% al incremento de los ingresos, que aumentaron 2,5 puntos de PIB en el mismo período".
El problema, sin embargo, es que la brecha presupuestaria sigue siendo elevada (5,8% en 2014) y nada apunta a que el Gobierno vaya a adoptar recortes de gasto adicionales para cuadrar las cuentas. En los últimos meses, el PP ha reiterado que el tiempo de los ajustes terminó, confiando así en que la corrección pendiente se produzca gracias al crecimiento económico y el consiguiente aumento de la recaudación fiscal.
Este diagnóstico no es nuevo. El Gobierno ha señalado en diversas ocasiones que el problema del déficit es meramente "coyuntural", es decir, que se debe a un desplome temporal de ingresos como resultado de la crisis y no a un exceso de gasto público. De ahí, precisamente, que la estrategia de consolidación presupuestaria del PP haya consistido, hasta ahora, en combinar la reducción de gasto público con fuertes subidas de impuestos a familias y empresas.
El PP, con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a la cabeza, confía ahora en que la recuperación económica haga el resto, sin necesidad de hacer ningún ajuste adicional. No en vano, puesto que el desplome de la recaudación era algo temporal y pasajero, España volverá a registrar el nivel de ingresos previo a la crisis conforme la economía crezca, según dicha teoría.
El problema, sin embargo, es que "el déficit presupuestario que se generó con la crisis era de carácter eminentemente estructural", tal y como advirtió el gobernador del BdE, Luis Linde, poco después de ocupar el cargo. Es decir, no es una cuestión meramente temporal, sino permanente. Y es que, según explicaba entonces, los ingresos tributarios derivados de la burbuja inmobiliaria eran "transitorios" y, por lo tanto, no volverían. El tiempo le ha acabado dando la razón.
El informe del BdE ratifica ahora que, efectivamente, "la reciente crisis económica reveló que el incremento de los ingresos impositivos en la fase de expansión descansaba fundamentalmente en factores transitorios, asociados al boom financiero e inmobiliario".
Como resultado, la crisis generó una brusca caída de la recaudación impositiva, desde el 41% del PIB en 2007 al 35% en 2009, unos seis puntos porcentuales, según la nueva contabilidad nacional. Pero, desde entonces, ésta apenas se ha recuperado, y el incremento registrado responde, exclusivamente, a las sucesivas e intensas subidas fiscales aprobadas, primero, por el PSOE y, después, por el PP.
En concreto, el BdE destaca que "la recaudación de ingresos públicos se situó en 2013 en 386.250 millones de euros (37,8% del PIB), lo que supone una reducción acumulada de 46.851 millones de euros (3,4 puntos de PIB) en relación con la observada en 2007, esto implica una caída del 11%".
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que durante este período las subidas de impuestos "generaron un incremento de la recaudación estimado en alrededor 2,7 puntos de PIB. Si se elimina el impacto de estos incrementos impositivos de la recaudación observada en 2013, la reducción de ingresos impositivos en el período 2007- 2013 alcanzaría el 17%, equivalente a 6 puntos porcentuales de PIB (unos 60.000 millones de euros).
Es decir, la recaudación fiscal acumula una caída de 6 puntos del PIB durante la crisis, pero las subidas fiscales lograron suavizar el descenso hasta los 3,4 puntos.
La reducción de ingresos se ha concentrado, como es lógico, "en aquellas figuras tributarias que dependen de la evolución de los beneficios empresariales (impuesto sobre sociedades), del consumo (impuestos especiales e IVA) y del mercado de la vivienda (IVA e ITPAJD), variables que han mostrado una evolución especialmente negativa durante la crisis económica", añade el estudio.
Pero, más allá de la evolución concreta de los distintos impuestos, la clave es que el hundimiento de la recaudación durante la crisis "se encuentra asociada a la desaparición de los ingresos extraordinarios acumulados en la etapa previa de expansión y que se relaciona en particular con el boom inmobiliario, y la fuerte caída de los beneficios empresariales y de la demanda interna".
Y, a continuación, alerta:
Este análisis debe ser tenido en cuenta de cara a la proyección de la evolución futura de los ingresos impositivos en España. En concreto, aunque puede esperarse una mejora de la recaudación en paralelo a la recuperación del ciclo económico, debe descartarse la recuperación de los ingresos de carácter extraordinario ligados al boom previo a la crisis.
El BdE no puede ser más claro. La caída de ingresos fiscales no es temporal y, por tanto, aunque la la recaudación suba como consecuencia de la recuperación económica, esos "ingresos extraordinarios" asociados a la burbuja no regresarán. Así pues, el Gobierno no recuperará los cerca de 47.000 millones de euros en ingresos que se han esfumado durante la crisis. La recaudación fiscal mejorará gracias al crecimiento del PIB, pero, en ausencia de nuevos ajustes o reformas, no se recuperará el nivel previo a la crisis.
La Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) ratifica este último punto. Así, según recoge su última publicación de Cuadernos de Información Económica, el inicio de la recuperación provocará "un aumento automático de los ingresos públicos […] sin necesidad de tomar medidas discrecionales adicionales".
En concreto, dicho organismo señala que cabe esperar un repunte automático en la recaudación conjunta de IRPF e impuestos sobre el consumo de 6.700 y 7.000 millones de euros en 2015 y 2016, respectivamente. Y ello, siempre y cuando se cumpla el crecimiento de la renta nominal disponible de los hogares del 3,3% y 3,5% que prevé Funcas para los citados ejercicios.
De este modo, aun creciendo de forma significativa, la recaudación de las principales figuras tributarias no lograría recuperar los 47.000 millones que han desaparecido tras el pinchazo de la burbuja.
De hecho, el propio BdE advirtió el jueves, en su último Boletín Económico, que el déficit se desviará de los límites marcados para este año y el siguiente. En concreto, prevé un agujero fiscal del 4,5% para 2015 y del 3,9% para 2016, por encima de las estimaciones del Gobierno (4,2% y 2,8%, respectivamente).
Y eso que la entidad avanza un crecimiento del PIB cercano al 3% anual en ambos ejercicios. La razón de dicho desvío estriba en una proyección "algo menos dinámica" de la evolución de los ingresos esperados. El BdE aprovecha, además, para recordar al Ejecutivo que "el cumplimiento de los objetivos fiscales es necesario para quebrar la trayectoria ascendente de la ratio de deuda pública".
Puesto que el sector público debería olvidarse de recuperar los ingresos extraordinarios derivados de la burbuja previa, la única forma de cuadrar las cuentas consistiría, por tanto, en aplicar más ajustes fiscales (recortes de gasto y/o subidas de impuestos), acometer nuevas y profundas reformas estructurales para acelerar la transformación del modelo productivo con el fin de crecer y crear empleo de forma mucho más intensa, o bien cambiar el actual marco fiscal, incrementando el peso de los impuestos indirectos y elevando el IRPF a las rentas más bajas, entre otras medidas, para recaudar más y, así, elevar la presión fiscal que soportan familias y empresas.