El pistoletazo de salida al largo e intenso año electoral se producirá, oficialmente, este domingo, tras la celebración de los comicios regionales en Andalucía. Sin embargo, tal y como ha discurrido la campaña y a la vista de los programas que han empezado a presentar los grandes partidos en las últimas semanas, es evidente que la inmensa mayoría de políticos españoles, a excepción de alguna que otra formación pequeña, no han aprendido nada de la presente crisis. A saber, que el incremento del gasto público y la existencia de una abultada deuda estatal no conducen al crecimiento ni garantizan unos servicios públicos de calidad, y que la sostenibilidad de las cuentas depende, en última instancia, de la existencia de una economía flexible y competitiva.
Estos dos postulados, cuyo recuerdo debería quedar grabado a fuego en la mente de nuestros políticos, están pasando desapercibidos en este tiempo de elecciones, con lo que España corre el riesgo de volver a repetir los terribles errores cometidos en el pasado, y de cuyo resultado, por desgracia, aún dan buena cuenta los casi 5,5 millones de parados que registra el país. La prueba de tamaña ignorancia e irresponsabilidad se puede constatar día tras día. Este mismo viernes, por ejemplo, el Consejo de Ministro aprobó un sustancial aumento de empleados públicos, en lugar de centrarse en mejorar la eficiencia de las plantillas existentes e incrementar la calidad de los servicios prestados mediante profundas reformas estructurales, a imagen y semejanza de otros países europeos. Otro preocupante indicio es que Cataluña haya cerrado 2014 con un déficit superior al 2% del PIB cuando el objetivo marcado por el Gobierno era del 1%, o que, se mire adonde se mire, haya políticos prometiendo rebajas de impuestos sin reparar en la necesidad de acometer recortes o, lo que es aún peor, planteando nuevos e insostenibles dispendios de gasto en base a subidas fiscales irreales, cuando no injustas, confiscatorias y absolutamente suicidas.
Sin embargo, lo más grave de esta situación es que acontece justo en las peores condiciones posibles. Así, lejos de acometer los ajustes requeridos, España es el país de que necesita el mayor saneamiento del sector público del mundo, por encima incluso de Japón y Grecia, cuyo nivel de deuda pública es muy superior, según un revelador informe de la prestigiosa firma de análisis McKinsey. La falta de austeridad se manifiesta en que las administraciones nacionales son las segundas que más han aumentado su deuda entre 2007 y 2014, más de 90 puntos del PIB, tan sólo por detrás de Irlanda, donde el rescate de su sistema financiero supuso un enorme coste. Hoy, la deuda pública total (no sólo la oficial) ronda el 130% del PIB y el problema es que superará el 160% en 2019 si nadie lo remedia. Como consecuencia, España aún necesita un ajuste presupuestario equivalente a 5 puntos del PIB para estabilizar, primero, y empezar a reducir, después, su elevado volumen de deuda pública.
Para ello, sólo existen dos recetas posibles: o bien se reduce el gasto público o bien se acelera el crecimiento económico, o una combinación de ambas. España todavía tiene que reformar a fondo su elefantiásica e ineficiente estructura estatal y flexibilizar mucho más su economía, al tiempo que mejora la seguridad jurídica e institucional, para garantizarse un crecimiento sólido y sostenido a medio y largo plazo. Lo que demuestra, una vez más, este informe es que en España aún queda casi todo por hacer, lo cual choca frontalmente con la penosa complacencia del Gobierno y las ruinosas propuestas de la mayoría de la oposición. Las crisis son tiempos de cambio, pero, si no se aprovechan para corregir errores pasados, están condenadas a repetirse.