La tensión entre Grecia y las autoridades comunitarias continúa e incluso aumenta, hasta el punto de que en Bruselas se empieza a barajar la imposición de controles de capital y un posterior corralito en el país heleno.
El problema de fondo es que, a pesar de que ambas partes acordaron a finales del pasado febrero prolongar otros cuatro meses el actual programa de rescate a cambio de mantener la senda de austeridad y reformas marcada, el Gobierno de Alexis Tsipras se resiste a poner en marcha las medidas exigidas.
El avance de las negociaciones sobre las medidas concretas a implementar ha sido, hasta ahora, mínimo. El Ejecutivo de Syriza está impulsando la aprobación parlamentaria de ciertas políticas de forma unilateral, sin consultar siquiera a los representantes de la troika enviados a Atenas (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional).
Así, entre otras medidas, Syriza ha presentado nuevos proyectos de ley para sufragar los costes de energía, comida y vivienda de los hogares con menos recursos, cuyo debate tiene lugar este miércoles; la posibilidad de que los contribuyentes puedan pagar sus deudas pendientes con Hacienda en cien plazos ; la subida del salario mínimo hasta 654 euros a partir del próximo octubre y 751 euros durante la segunda mitad de 2016, frente a los 586 euros actuales...
De hecho, la presidenta del Parlamento griego, Zoé Constandopulu, anunció el martes la creación de una comisión internacional de expertos que llevará a cabo una auditoría de la deuda pública y que será coordinada por el politólogo belga Éric Toussaint. Según destacó, Grecia debe realizar una auditoría de su deuda "para saber qué parte de esta deuda ha sido utilizada para el bien común y por tanto, es legal y debe ser pagada y qué parte ha sido malgastada y por tanto, es ilegal", abriendo así la puerta de par en par al impago unilateral de sus obligaciones.
Sobre qué hará la comisión si una parte de la deuda es declarada ilegal, Constandopulu aseguró que las conclusiones serán puestas a disposición del "Parlamento, el Gobierno y la Justicia" que "harán su deber". La presentación de las conclusiones de esta auditoría coincide con el pago, a principios de julio, de una serie de tramos al Banco Central Europeo.
Tsipras mantiene, por tanto, su delicada estrategia: aceptar las condiciones del Eurogrupo, al menos sobre el papel, para que Grecia siga en el euro, mientras que, a nivel interno, intenta cumplir más o menos su programa electoral para evitar la ruptura de su coalición (Syriza es una unión de distintos partidos de extrema izquierda) y mantenerse en el poder.
La paciencia se agota
Pero la paciencia de las autoridades comunitarias comienza a agotarse. Por un lado, el representante de la Comisión Europea (CE) para Grecia, Declan Costello, envió una carta al Gobierno griego para solicitar la retirada de varios proyectos de ley. La misiva afirma que Atenas está actuando "unilateralmente y de forma parcial", lo que es "incompatible con los compromisos adquiridos" y se refiere especialmente al acuerdo alcanzado con el Eurogrupo el 20 de febrero.
Por otro, el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, acusó esta semana al Gobierno griego de no tener hoja de ruta, de no explicar sus propuestas y de no decir la verdad a sus ciudadanos. "Por el momento nadie entiende qué es lo que quiere el Gobierno griego", aseguró en una conferencia organizada en la fundación Konrad Adenauer, próxima a los cristianodemócratas.
Schäuble criticó que Tsipras no quiera ahorrar, sólo obtener ayudas financieras externas, y acusó a los políticos helenos de mentir por asegurar que los "problemas" del país proceden del exterior". "No dicen la verdad", enfatizó. El problema de Grecia no es la deuda, sino su falta de competitividad, según el ministro. Por ello, sobre las propuestas ya avanzadas por Atenas, Shäuble indicó que no ha encontrado "ningún colega" ni experto de "organismos internacionales" que las considere razonables y convenientes para que su país salga de la crisis económica.
Asimismo, el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, criticó la actitud "insuficientemente cooperativa" del nuevo Gobierno griego, ya que está haciendo "perder tiempo" a sus socios europeos. Y añadió que "no mantendremos a Grecia dentro de la zona euro a cualquier precio, sino bajo condiciones estrictas que sean aceptables por todas las partes", según una entrevista publicada este miércoles por el diario alemán Die Welt.
El presidente del BCE, por su parte, defendió la necesidad de mantener el actual rumbo de integración en Europa, frente a partidos populistas que buscan una "renacionalización" de las economías y planteamientos de que hace falta una mayor solidaridad entre naciones.
"Entiendo lo que motiva estos puntos de vista, porque la gente quiere ver un cambio. Sin embargo, en realidad no ofrecen una solución real a la situación que enfrentamos hoy", afirmó Mario Draghi en la inauguración de la nueva sede del BCE, que se ha celebrado entre fuertes protestas de grupos anticapitalistas que se han saldado con la detención de 350 personas.
A este respecto, resulta también relevante que el FMI califique a Grecia como "su peor cliente" en los 70 años de historia que acumula dicha institución, según indicaron fuentes del organismo a Bloomberg, ya que nunca antes se habían topado con un país que pusiera tan poco de su parte. Su actitud es "inaceptable", añadieron.
¿Hacia el corralito?
Sin embargo, el más duro y explícito ha sido el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, que el martes hizo alusión a los controles de capital que se impusieron en Chipre en relación con la situación que atraviesa Grecia, al tiempo que defendía la permanencia del país en la zona euro.
En una entrevista con la radio neerlandesa BNR, Dijsselbloem recordó las medidas aplicadas en Chipre para restringir los movimientos de capitales, adoptadas durante el proceso de rescate al país en 2013. "Piensen en Chipre, sus bancos estuvieron cerrados durante un tiempo, los flujos de capital hacia el país o fuera del mismo han estado conectados con todo tipo de condiciones, pero todos los tipos de escenarios son concebibles", afirmó el también ministro holandés de Finanzas.
Y, a continuación, añadió: "Es importante que Grecia vuelva a la senda correcta. La recuperación de Grecia iba notablemente bien el año pasado, pero debido a la incertidumbre política, habrá un gran retraso […] La cuestión ahora es cómo mantener el presupuesto en el buen camino y no dejar que se deteriore. Cómo atraer inversión extranjera otra vez a Grecia y cómo ordenar el sistema impositivo, estos son los pasos que tienen que darse".
La respuesta de Atenas no se hizo esperar. El Ejecutivo heleno afirmó que no bloqueará los depósitos privados para hacer frente a los problemas de liquidez que atraviesa el país, según las palabras de su portavoz, Gavriil Sakelaridis. "El Gobierno griego no estaría dispuesto ni siquiera a discutir esta posibilidad", sentenció.
Sin embargo, lo cierto es que este extraordinario escenario de control de capitales y corralito financiero no depende de Atenas, sino del BCE. La asfixia financiera que sufre el país, unida a la masiva fuga de capitales y retirada de depósitos que ha registrado la banca en los últimos meses, hace que la supervivencia del sistema financiero heleno dependa de las líneas extraordinarias de liquidez del Banco Central de Grecia (ELA). Pero la clave es que esta vía depende, en última instancia, de la autorización del BCE, y ésta tiene que renovarse cada dos semanas.
En la actualidad, este mecanismo cuenta con un límite máximo de 69.400 millones de euros para prestar a los bancos griegos, pero si la fuga de capitales y depósitos se mantiene o intensifica debido a la falta de acuerdo entre Bruselas y Atenas, el BCE podría restringir esta financiación, desatando el consiguiente corralito bancario, aunque dentro del euro.
Esta opción serviría como una fuerte medida de presión adicional sobre Syriza mientras se siguen negociando las medidas a aplicar a cambio de prolongar el rescate. Lo que hace escasos días era un tema tabú para las autoridades comunitarias, hoy empieza a barajarse como una posibilidad en caso de que Atenas siga incumpliendo sus compromisos.
Otra reunión clave la semana que viene
La delicada situación de Grecia se discutirá de nuevo en la reunión extraordinaria que tendrá lugar el próximo lunes en Berlín entre Alexis Tsipras y Angela Merkel, ante la creciente tensión bilateral por las negociaciones de la deuda y las reivindicaciones históricas, más allá d ella cumbr europea que celebran los líderes comunitarios este jueves y viernes en Bruselas.
De fondo, la polémica sobre las reparaciones de guerra. Tsipras ha insistido en que Alemania debe pagar a Grecia reparaciones por los daños causados durante la II Guerra Mundial, así como devolver un crédito al que el Banco de Grecia fue obligado por los ocupantes nazis, temas que han causado una grave polémica en Alemania en las últimas semanas.
El Gobierno alemán ha asegurado en los últimos días que ambos asuntos están cerrados desde el tratado que permitió la reunificación del país, pero distintos expertos y miembros del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) -socio minoritario de gobierno con Merkel- han apuntado en los últimos días que esto no es así, informa Efe.